La Xunta desmantela el servicio 065 de transporte para discapacitados
Benestar defiende la medida, que introduce el copago, para “racionalizar” la gestión
Se acaba también el 065 (el Servicio Galego de Apoio á Movilidade Persoal). La Consellería de Benestar encuentra caro este transporte público que hasta ahora garantizaba los desplazamientos programados (no urgentes) de las personas en situación de dependencia, discapacidad o con problemas de movilidad. Esto es, que la Xunta dejará de subvencionar el traslado diario o semanal de los dependientes a los centros asistenciales en los que reciben terapias de rehabilitación encaminadas a su inserción y mantendrá el servicio solo para casos puntuales, como ir al médico. En la práctica supondrá, según denuncian ya varias asociaciones, que los usuarios tendrán que renunciar a sus tratamientos. El borrador de decreto cuyos detalles negocia la consellería con las organizaciones de afectados no solo introduce el desmantelamiento del servicio —el transporte adaptado deja de ser regular y queda limitado a desplazamientos puntuales— sino que, con las condiciones que marca, establece desigualdades económicas entre las propias organizaciones de dependientes: favorece a las más fuertes.
La Consellería de Benestar apela, en el borrador del decreto, a “los nuevos y necesarios escenarios de racionalización y eficacia en la gestión” para concluir que es imprescindible una nueva regulación de la ley de apoyo a los dependientes. Y en esta nueva regulación a la baja pone un tope de subvención de 10 viajes al mes (ida y vuelta cuentan como dos) por usuario para utilizar el 065 en esos únicos casos concretos a los que ahora lo ciñe. Con la intención de compensar este recorte, introduce una nueva medida que retuerce aún más la situación: el copago del servicio. Las asociaciones recibirán nueve euros por usuario del transporte. Ocho de ellos los aportará Benestar y el euro restante, el usuario. Este plus compensatorio se ha convertido ya en un escollo en las negociaciones. Las asociaciones de discapacitados más pequeñas expresan su rechazo alertando de que la asignación del 065 es un derecho individual pero, de esta forma, los ocho euros suponen un regalo para las entidades que tienen servicio de transporte propio mientras que generan un gran handicap para las que, teniendo plazas concertadas, no disponen de él.
La Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace), que coordina a cinco asociaciones a las que están adscritas 1.436 personas (300, usuarias de los servicios terapéuticos), expresa su “profunda preocupación e incertidumbre” sobre el futuro de sus usuarios con este decreto. De los 300 socios que acuden a rehabilitación a los cinco centros, 84 utilizan el 065. La retirada del servicio supondrá para ellos “renunciar a la terapia, lo que les provocará un empeoramiento del daño cerebral”, sostienen desde Fegadace.
Los 84 transportados que acuden a los centros que coordina esta federación van una media de cuatro días por semana y 31 de esos usuarios se desplazan fuera de sus municipios (de Ponteareas, Gondomar o Porriño a Vigo; de Muros o Arzúa a Santiago; de Carballo a A Coruña; de Guntín a Lugo y de A Gudiña a Ourense, a más de 100 kilómetros.
“No hay salida”
“Algo tan sencillo como ir de tu casa a la parada del bus, subirte a él y bajarte para llegar a un centro de día es algo impensable para las personas con daño cerebral”. Natalia Luque, directora y trabajadora social de la asociación de daño cerebral adquirido Renacer, de Ourense, explica así “el drama” que supondrá el desmantelamiento del 065. A este centro ourensano acuden semanalmente a terapia 45 personas con daño cerebral de las que nueve utilizan este transporte. Entre ellas, un hombre que acude desde A Gudiña, a 100 kilómetros. Iba tres días a la semana pero renunció a uno de ellos porque su mujer no puede acompañarlo por razones laborales. “Si tuviera que costearse el transporte, no tendría más remedio que abandonar la terapia”, sostiene Luque, que aún no puede comprender cómo la Xunta ha pasado de mantener la gratuidad total de este servicio a su supresión “sin un paso intermedio”.
Pero aunque el decreto aboca a los usuarios del rural a la renuncia, la situación no difiere mucho para los discapacitados, al menos los cerebrales, que viven cerca de los centros de día. La directora de Renacer cree que si Benestar no rectifica, el nuevo decreto supondrá el carpetazo para un gran número de usuarios. “No hay salida”, sostiene.
A su centro acude una mujer que vive cerca de la asociación “pero no puede llegar por sí misma”. Un trayecto que a cualquiera le llevaría 10 minutos “supone un par de horas para ella y, aún en el caso de que no se desorientara, si llueve, ya nada”. El carpetazo es para los discapacitados y para sus familias: “Las horas que pasan aquí los usuarios es el único tiempo libre del que disponen sus familiares-cuidadores”.
Luque es muy pesimista sobre el cambio que se avecina. Los usuarios no pueden pagar otro transporte “que ni siquiera está adaptado a sus necesidades”, y para su ONG “es prácticamente imposible asumir los costes”.
En Renacer trabajan cinco personas, cada una en un área distinta (fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología y trabajo social) y la directora asegura que si tuvieran que financiar el transporte tendrían que prescindir de un empleo. De momento no hay ninguna solución. La consellería pide datos a las asociaciones mientras promete buscar fórmulas para mantener la cobertura “pero no concreta nada”. Luque no ve la salida.
Pero no solo es la distancia. Ni siquiera en el caso de que sus familias pudieran costearse transportes continuos en taxis estaría resuelto el problema que plantea la supresión del servicio dado que prácticamente el 100% de los discapacitados necesitan vehículos adaptados, además de acompañantes en el caso de los que tiene daño cerebral. “La alternativa del transporte público es inviable para ellos”, sostienen, alarmados, los representantes de Fegadace.
De momento, la propuesta de Benestar pasa por obligar a las asociaciones a asumir el transporte, incluida organización, programación, sueldos de empleados, seguros y demás gastos. Pero a no todos les parece mal. La Confederación Galega de Personas con Discapacidade (Cogami, la entidad más representativa de los discapacitados físicos y orgánicos: aglutina a 53 asociaciones) respalda la propuesta de la Xunta, aunque con matices. “Llevar a una persona a diario siete horas a un centro de día bloquea el servicio”, sostiene esta confederación que está de acuerdo con el planteamiento de la Xunta de que los centros se desvinculen del 065 y contraten cada uno su transporte.
Cogami reconoce que la subvención de los ocho euros que propone Benestar “es muy positiva” para las asociaciones que tienen su propio transporte (son beneficios extra) y para evitar que suponga un perjuicio para las que no disponen de este servicio, propone que la Xunta cubra el sobrecoste “hasta que se normalice la situación”; esto es, hasta que las asociaciones consigan “más usuarios que las financien”, considerando que cuantas más plazas, más ingresos.
La controversia mayor se genera en el caso de los usuarios de las zonas rurales, los más perjudicados. Cogami cree que es necesario encontrar “un punto intermedio” entre “lo inviable que resulta tener a disposición de un par de personas el 065 para llevarlas a los centros de discapacidad” y que tengan estos usuarios que afrontar el elevado coste económico —algo prácticamente imposible— que les supondría pagarlo de su bolsillo. La solución que esta confederación propone pasa por trabajar de manera “racional”: haciendo rutas coordinadas para llevar a dependientes de una misma comarca y de distintas discapacidades a sus centros.
El punto de vista de Cogami es especialmente relevante dado que lo suscribe también Cermi (el Comité de entidades representantes de personas con discapacidad), que aglutina al 90% de las asociaciones de discapacitados de Galicia: ambos tienen el mismo presidente, Anxo Queiruga.
Benestar continúa con las consultas (“que no nos resuelven nada”, sostienen las pequeñas asociaciones) para desmantelar el servicio. En diciembre de 2012 reconocía una población con discapacidad de 224.127 personas de las que la mitad tenían menos de 65 años. En la web de la consellería aún se puede leer su compromiso de trabajo encaminado a “procurar la participación plena en la sociedad” de las personas con discapacidad “a través de una política comprometida con la accesibilidad”, y el objetivo de garantizar el acceso, con “igualdad efectiva”, de los dependientes a los servicios esenciales, “favoreciendo así su comunicación y participación en su entorno habitual”.
