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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Educación y futuro

Hay una cosa en la que CiU y PP están de acuerdo: los recortes educativos y los retrocesos que consagra la ley Wert

Se inicia el curso escolar con una triste novedad, empieza a aplicarse la ley Wert y continúan los recortes del Gobierno catalán (CiU-ERC). Inmersos como estamos en el marasmo nacional-patriótico, en Cataluña esta realidad ha pasado desapercibida para la mayoría de la población. Me enfurece este laisser faire y por este motivo, aunque sea a contra corriente, quisiera aportar una reflexión crítica en relación al sistema educativo.

Me entristecieron las declaraciones que publicó EL PAÍS donde un licenciado en Sociología de 25 años afirmaba: “En este país solo hay tres salidas aunque te formes: paro, precariedad o exilio”. El Informe Panorama de la Educación 2014 presentado por la OCDE concluye que, con datos de 2012, uno de cada cuatro jóvenes españoles ni estudia ni trabaja. En esto, somos los primeros de Europa y de los países de la OCDE. Ante esta cifra tan desalentadora para los jóvenes y para el resto de la población, las respuestas son la ley Wert y los brutales recortes de los gobiernos español y catalán en educación, que abarcan desde la infancia hasta la universidad y la Formación Profesional.

La ley del conservador e impopular ministro del PP plantea un modelo selectivo que aumentará las desigualdades. Y, como afirma la socióloga Marina Subirats, “las desigualdades creadas a través de la educación tienen un plus de perversión: aparecen como indiscutibles”.

Si la ley Wert (LOMCE) es un problema para la educación en Cataluña, peores son los recortes en educación que durante cuatro años ha aplicado el Gobierno de CiU

Esta ley va contra la cohesión social, ya que favorece a la escuela privada en detrimento de la pública; segrega a los alumnos por capacidades desde segundo curso de ESO con la creación de tres itinerarios diferenciados; etiqueta y criba al alumnado con continuas barreras selectivas, multiplicando las reválidas y otras pruebas. Esto quiere decir que al salir al mercado de trabajo los estudiantes llevarán en su mochila la etiqueta de buenos y malos, según los itinerarios escogidos y las notas obtenidas. No se forma para que las personas tengan capacidad crítica, sean solidarias o responsables, sino mano de obra para satisfacer los intereses de unos pocos.

Además tiene un tinte reaccionario en relación a la religión. Las tesis de los sectores ultraconservadores de la Iglesia católica y del Opus Dei se han impuesto y la ley vuelve a colocar a la religión como una asignatura evaluable que cuenta para la nota final de la Educación Secundaria Obligatoria. Además la ley acepta concertar escuelas de un solo sexo. La laicidad salta por los aires y retrocedemos 50 años.

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En todos estos puntos la derecha española y catalana están de acuerdo. CiU ha votado cada uno de los artículos que imprimen a la ley un fuerte carácter ideológico conservador y favorecen la privatización y el espíritu mercantilista. La ley, como sentenciaba Subirats, convierte el sistema educativo “en una fábrica de títulos”. CiU critica los aspectos centralizadores de la ley (y con razón) pero calla en la defensa de la escuela pública.

Si la ley Wert (LOMCE) es un problema para la educación en Cataluña, peores son los recortes en educación que durante cuatro años ha aplicado el Gobierno de CiU: el presupuesto se ha reducido en 1.200 millones de euros, lo que deja el gasto público educativo en un 3,6% del PIB catalán, mientras la media de la UE está en 5,2%.

El Gobierno catalán ha eliminado también la financiación de las guarderías; las tasas universitarias han subido hasta un 170% y son las terceras más caras de la UE; continúan los recortes en la FP y se han creado nuevas tasas; han empeorado las condiciones laborales del profesorado con una pérdida del 30% de su poder adquisitivo y las plantillas se han reducido en 3.000 docentes mientras el número de alumnos aumentaba en 60.000. Y el profesorado interino cobra un 15% menos del salario.

¿Cuánto puede soportar una sociedad donde sus jóvenes tienen una tasa de paro del 52%, sufren contratos precarios indignos y a menudo solo les queda la solución del exilio? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a reaccionar en contra de un sistema, de una ley y de unos recortes que condenan a toda una generación a ser mano de obra barata de un sistema depredador y dual que hará que los ricos vayan a la privada y los pobres a la pública sin medios ni oportunidades?

Millones de personas han salido a la calle para reclamar la independencia de Cataluña porque creen que su calidad de vida mejorará y que a partir del 9 de noviembre todo volverá a ser como antes. Lo que no saben (o no quieren saber) es que si no salen a la calle de forma masiva para reclamar mejor educación, un sistema educativo equitativo, que supere las desigualdades y que haga mejores personas a los jóvenes, nuestro país se convertirá en un triste páramo intelectual, con jóvenes sin ilusión donde quizás el germen de la violencia contra el sistema tenga el terreno abonado. La esperanza está en que el otoño de las banderas de barras y estrella deje paso al rojo de la indignación y la revuelta.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.

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