La fiscalía investiga los apadrinamientos de niños de la ONG Intervida

Después de Anesvad, otra ONG podría acabar en los tribunales por quedarse con el dinero que donaron sus socios. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si los directivos de la ONG Intervida destinaron 45 millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños en Perú y Guatemala para enriquecerse, informó ayer la cadena SER. Según las diligencias, el dinero podría haber sido desviado a empresas inmobiliarias, de fármacos y constructoras para "un beneficio propio y sin que quede acreditado que el dinero se dedique a la atención de los más desfavorecidos". La ONG niega los hechos.

"Para ti. Porque saber que ayudas a un niño del Tercer Mundo no tiene precio". Éste es el reclamo con el que la ONG Intervida trata de conseguir padrinos en su página web. La fórmula es sencilla. Los padrinos pagan mensualmente 21 euros por niño con la promesa de que con ese dinero se comprarán medicamentos y se construirán escuelas, hospitales y casas de acogida. Sólo en España, la organización tiene 356.000 padrinos, es decir, que anualmente ingresa al menos unos 90 millones de euros.

La fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña sospecha que gran parte del dinero no tiene ese destino benefactor y por eso abrió diligencias a finales de 2003. Lo que ha descubierto por ahora la fiscal, que se ha desplazado a Lima con dos policías para interrogar a un grupo de directivos y altos cargos de la ONG, es que detrás de Intervida hay un complejo entramado de empresas que nada tienen que ver con el apadrinamiento de niños.

Según los indicios que maneja la fiscal, las personas que dirigen la Fundación Privada Intervida podrían estar desviando el dinero de los apadrinamientos a "un grupo empresarial regido por los principios de beneficio económico", según las diligencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Las empresas investigadas son Genéricos Farma Ahorro, Roure Construcciones, Argenta Inmobiliaria, Industria General de Productos Alimentarios, Consultoría Latina de Servicios Legales, y Genéricos Corporación Medicamentos. Estas compañías pertenecen a la Fundación Metrópoli y Universal, ambas creadas por Intervida. Edpyme Raíz, otra sociedad vinculada a la ONG, se dedica además a conceder créditos con garantía hipotecaria a personas con posibilidades de pagarlo y al mismo interés que los bancos convencionales.

Según la normativa que regula en España el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas. Pero es indispensable que se registre su existencia y contabilidad en los libros de cuentas.

La fiscal señala que de la lectura de las actas de las dos fundaciones se deduce que el Patronato nunca estudió, debatió ni acordó la creación de todo ese complejo empresarial ni la transmisión de dinero de las fundaciones a esas empresas, ni las áreas de acción. "Parece más bien que todo se acuerda y decide en un ámbito diferente al de gobierno de las fundaciones y sin ningún tipo de información de todo ello [...], por lo que no existe ningún tipo de control y a día de hoy todavía se desconocen los proyectos que se han realizado [...] y dónde han ido a parar las grandes cantidades de dinero que año tras año percibe la Fundación", afirma la fiscal en una de sus primeras diligencias, de diciembre de 2004.

Ese "ámbito diferente al de gobierno" es el que trata de cercar la fiscal que investiga fundamentalmente a los ex presidentes de Intervida Eduardo Castellón Mallor y Rafael Puertas, así como otros trabajadores de la Fundación. Además del Ministerio Fiscal, en la investigación también han colaborado agentes de la Interpol y agentes de policía del Grupo de Delitos Económicos.

Fundación Intervida aseguró ayer que tiene auditadas sus cuentas sin ninguna irregularidad desde el primer año de su funcionamiento, tanto en España como en los países en donde se están desarrollando proyectos y programas de ayuda. Estas auditorías dejan "absolutamente claro el destino dado a la totalidad de los fondos que Intervida envía a los países del Tercer Mundo", añadió un portavoz.

La ONG argumenta que la fiscalía comenzó a comprobar el funcionamiento de las empresas sociales de Intervida a raíz de una denuncia realizada por un antiguo empleado de Intervida en Perú, que fue despedido por prácticas deshonestas. Dicho empleado fue denunciado por Intervida por administración desleal, estafa y falsedad en documento, cargos por los que fue condenado.

Los afectados que quieran contar su caso pueden escribir a esta dirección: yoapadrino@prisacom.com