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Académicos denuncian el estatuto que "burocratiza" la Universidad

Un manifiesto de personalidades ataca el plan que regulará la carrera de docentes e investigadores - Educación defiende su borrador, pactado con rectores y sindicatos

J. A. Aunión

El estatuto del docente universitario, que tenía que llegar para hacer más atractiva y clara la carrera de los docentes e investigadores de la educación superior pública, se ha convertido en un foco de tensión dentro de los campus. Hasta tal punto de que un amplio sector de docentes e investigadores se ha unido para pedir la retirada de un proyecto que lleva negociándose más de dos años. Lo consideran dañino para la calidad de las universidades públicas, porque las "burocratiza", las sindicaliza y va contra los intereses de los jóvenes talentos.

Así lo consideran, entre otros, académicos del prestigio de Miguel Ángel Alario (presidente de la Real Academia de Ciencias), Rafael Argullol, Fernando Savater, Julio Carabaña o Francisco Rico, firmantes todos ellos del manifiesto que acompaña a este artículo, con 64 rúbricas. Un documento en el mismo sentido (Contra el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador) había reunido ayer 2.652 firmas en la red a través de Petición Pública España.

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Más de dos años después de que se redactara el primer borrador, con un cambio de ministerio (la competencia de Universidades volvió a Educación desde Ciencia) y sucesivos retoques para salvar las dudas de unos y otros sectores, al Ministerio de Educación le queda ya muy poco margen para aprobarlo en lo que queda de legislatura. Pero en el ministerio están decididos a hacerlo, aseguran, como parte fundamental de la estrategia para modernizar el sistema universitario español (un nuevo sistema de financiación será otro de los puntos claves).

El secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, se dice satisfecho del punto de acuerdo al que se ha llegado tanto con los rectores (que en un momento manifestaron muchas dudas) como con las comunidades autónomas y los sindicatos. Sin embargo, un nutrido grupo de académicos encabezan una firme oposición al proyecto.

Este consiste, básicamente, en fijar una carrera docente con tres grados que se irán escalando a base de méritos docentes y de investigación e innovación y transferencia, además de otros factores como la gestión, la formación continua o la antigüedad.

Además, el nuevo estatuto describe por primera vez las cuatro tareas del profesor: la docente (clases, tutorías o preparación de materiales docentes, entre otros), investigadora (proyectos, dirección de grupos, formación de investigadores), de innovación (desarrollo de patentes, creación de empresas de base tecnológica) y dirección y gestión académica. Y se establece que un profesor podrá estar más volcado a una u otra (cada docente tendrá un plan individual donde se especificará).

Y esta es una de las peleas del estatuto, ¿cuánto cuenta cada una de ellas para ascender? Desde los primeros borradores, la gestión y la antigüedad han ido perdiendo fuerza en un baremo de puntos que aún no está cerrado, pero que ya está decantado, sobre todo, hacia la docencia y la investigación, señala Rubiralta. Y los rectores aseguran que van a velar para que esos dos sean los ejes para escalar en la carrera docente, explica Josep Joan Moreso, rector de la Pompeu Fabra de Barcelona y presidente de la comisión académica de la Conferencia de Rectores (Crue).

Se trata, prosigue, de que "con investigación y con docencia se pueda progresar y hacerlo a una edad razonable", y añade que en cualquier caso el borrador está en una etapa inicial, algo en lo que insiste también Rubiralta.

Pero los detractores del proyecto piden su retirada. Consideran que la plasmación práctica de todas esas medidas supondrá una burocracia insoportable para la Universidad y no aceptan bajo ningún concepto que la gestión sea una forma de escalar en la carrera académica, explica el catedrático de Física de la Universidad de Valencia José A. Azcárraga, coordinador del texto de protesta.

Tampoco están de acuerdo con la orientación preferente a la gestión ni a la docencia, pues les parece una excusa o un refugio para que puedan escalar quienes no quieren asumir su verdadera responsabilidad como profesores universitarios, esto es, tanto investigar como dar clase. Y no les gusta lo que consideran un excesivo peso de los representantes sindicales en cuestiones estrictamente académicas, como los criterios generales de la asignación de tareas a los profesores o de la progresión profesional.

Marius Rubiralta rechaza de plano la acusación de que el texto "sindicalice" la vida universitaria, asegura que se tratarán de reducir al máximo las cargas burocráticas y defiende que la gestión y la transferencia, misiones también de la Universidad, tengan su recompensa en la carrera profesional.

Señala que hay que ver el estatuto del personal docente e investigador como una parte de un proyecto mucho más amplio (la Estrategia Universidad 2015) y, sobre todo, dentro de las posibilidades de actuación de una tradición y una legislación concretas (con un marco funcionarial del profesorado, unas reglas de negociación con los sindicatos, etcétera).

"Estamos empezando, y todo se intentará seguir mejorando, pero el punto de partida del estatuto es necesario, porque hasta ahora no había ningún documento que diese seguridad al profesorado" sobre sus funciones, derechos y deberes, concluye Rubiralta.

Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.LUIS SEVILLANO

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Sobre la firma

J. A. Aunión
Reportero de El País Semanal. Especializado en información educativa durante más de una década, también ha trabajado para las secciones de Local-Madrid, Reportajes, Cultura y EL PAÍS_LAB, el equipo del diario dedicado a experimentar con nuevos formatos.

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