La CPI se prepara para presentar el caso de las violaciones masivas en Libia

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se prepara para presentar ante los jueces el caso de las violaciones de mujeres durante las revueltas registradas en Libia en febrero pasado. Si bien se trata de un crimen repetido en la mayoría de conflictos armados, en el caso de Libia la protección de las víctimas presenta retos específicos. “Allí es un auténtico tabú social, y las afectadas sufren además el rechazo de sus familias y comunidades. De ahí que debamos probar que las violaciones fueron sistemáticas sin que tengan que declarar en persona”, ha dicho Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte. De Saif el Islam, hijo del dictador libio Gadafi, ha recordado que la decisión sobre el lugar donde será procesado por crímenes contra la humanidad “compete a los jueces de la CPI”.

El jurista argentino abandona su cargo tras nueve años de mandato, y en su despedida de la prensa extranjera, ha hecho también un vaticinio: “El ugandés Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, será detenido o muerto en 2012”. Acusado de crímenes de guerra, Kony, cuyo arresto ordenó la CPI en 2005, pretende instaurar un Gobierno teocrático en Uganda. Exiliado en Congo, aunque activo también Sudan del Sur y República Centroafricana, la fiscalía le reclama por haber reclutado niños soldado, violaciones y esclavismo sexual. “Llevamos casi una década detrás de él, pero gracias al vídeo publicado en febrero pasado por el colectivo estadounidense Invisible Children, está de nuevo en boca de todos”, según el fiscal. La filmación fue vista por 100 millones de personas en seis días, y ha convertido al guerrillero ugandés en un asunto ineludible para la comunidad internacional. “Con todos sus fallos y simplismo, el vídeo ha logrado que el próximo presidente de los Estados Unidos, no importa quién gane, tenga entre sus prioridades detenerlo”.

El éxito de audiencia del vídeo no ha sorprendido a Moreno Ocampo, que ha observado la evolución del crimen organizado durante su trabajo como perseguidor del genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. “La Corte Penal es la única instancia permanente destinada a juzgar los grandes crímenes, pero las atrocidades son ahora globales. Deberíamos ir hacia la figura de fiscales regionales capaces de combatir en mejores condiciones el crimen organizado, que es transnacional”, ha señalado. Como ejemplo de la nueva situación ha citado a Viktor But (recién condenado a 25 años de cárcel en Estados Unidos por proveer de armas a las guerrillas colombianas FARC). “Traficó con armas, recibió a cambio diamantes y luego transportó droga por tres continentes. El crimen se mueve y la justicia penal, así como el concepto de soberanía nacional en este terreno, tiene que evolucionar al mismo tiempo”, dice el fiscal.

A punto de abandonar La Haya, sede de la CPI, para dedicarse “en un 80% a la docencia universitaria y en un 20% a la abogacía”, Moreno Ocampo asegura que los países de la denominada Primavera Árabe ven la Corte como la instancia que puede garantizar su dignidad cuando busquen justicia. “Cinco de los siete casos en marcha son africanos (Uganda, Kenia, República Centro Africana, Sudán, Congo, Costa de Marfil y Libia) pero es un mito que nos centremos en dicho continente”, ha dicho. Al final, ha deseado suerte a su sucesora: “Cuando yo llegué estaba solo en un despacho con tres personas. Fatou Bensouda, la jurista gambiana que será la nueva fiscal titular, entrará de lleno en el caso de Germain Katanga. El líder congoleño de la Fuerza de Resistencia Patriótica está acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad y su caso en plena marcha. Como la justicia internacional”.