Los uruguayos deciden si someten a referéndum la ley que respalda el aborto

La ley que despenalizó el aborto en Uruguay ha dividido fuertemente a la sociedad de este país de Sudamérica. Este domingo la normativa deberá enfrentarse a una primera prueba. Los uruguayos acudirán a las urnas para decidir si quieren un referéndum para derogarla o si quieren mantenerla en vigor.

La ley situó a Uruguay entre los países pioneros en Latinoamérica en esta materia. Despenaliza su práctica hasta la semana 12 de gestación, siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado, que incluyen la supervisión de una comisión formada por ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales que asesora a la mujer sobre riesgos y otras opciones antes de recurrir al aborto, y dan un seguimiento posterior de forma gratuita.

Desde su aprobación en 2012 las fuerzas conservadoras del país se han movilizado para conseguir las firmas necesarias para convocar a esta consulta en la que el voto es voluntario. Necesitan lograr 655.192 papeletas a favor, entre los 2.620.772 votantes del país, una tarea que se augura difícil. Si lo consiguen, la nueva convocatoria sería para el mes de octubre con voto obligatorio.

El Frente Amplio (FA), la coalición de partidos que gobierna Uruguay, impulsora de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ha pedido a la población que no vote. Sería un “enorme retroceso para el país, para la mujer y para toda la sociedad”, dijo a este diario Juan Carlos Souza, diputado del FA.

Souza señaló que esta ley compromete al Estado a atender “una realidad que ha golpeado durante siglos a nuestra sociedad pero que mirábamos hipócritamente para el costado”. El diputado instó a quienes no les satisface el contenido a generar espacios de trabajo y de diálogo para mejorarla pero “no destruir algo que es realidad y va en beneficio de muchos”.

Los promotores de la consulta del domingo, grupos pro-vida y líderes de partidos de la oposición, recuerdan que la ley fue aprobada en la Cámara de los Diputados por un estrecho margen -con los votos del Frente Amplio y el voto de un diputado independiente- y consideran que es un tema en el que “no valen las mayorías ocasionales”, porque afecta a toda la sociedad.

El diputado Pablo Abdala, del opositor Partido Nacional, una de las figuras más visibles en contra de la ley, ha visitado en los últimos días zonas del interior del país y se mostró “muy optimista” de que se logren los votos para convocar un referéndum que refleje “la expresión mayoritaria de la sociedad”. Reconoció que no pueden existir normas según las cuales las mujeres que practican aborto puedan ser penalizadas, pero cree que esta ley no protege el derecho a la vida del concebido.

Las encuestas muestran que hay grandes divisiones en la opinión pública, “donde parece que hay conviviendo dos Uruguay”, según el politólogo Ignacio Zuasnabar, que apunta a que hay un sector más urbano, más educado, más joven que está a favor de la despenalización y hay un sector del interior del país, de edad mayor y de un nivel económico más bajo que está en contra.

Los últimos datos de la consultora CIFRA muestran que el 46 % está a favor de la ley y el 38 % en contra. (En abril era del 44 % frente al 46 %). Para Zuasnabar es difícil adelantar qué pasará el domingo: “lo que está claro es que la proporción de población que está en contra de la ley es bastante mayor del 25%, pero es muy difícil saber si van a ser activados o no”.

El asunto ha creado disenso incluso dentro del propio Frente Amplio. El expresidente Tabaré Vázquez, cuyo nombre suena como posible candidato presidencial en las elecciones de 2014, se ha pronunciado en contra del aborto, en la línea que mantuvo durante su presidencia, algo que no ha gustado a algunos miembros de su partido.

Vázquez ha salido al paso diciendo que aunque su postura no es “neutral” respecto al aborto no busca “herir a quienes están a favor” y no quiere ser como “una pedrada” para su partido, por lo que en los últimos días se ha mantenido al margen de la escena pública.

Quienes defienden la ley aseguran que la legalización impedirá los más de 30.000 abortos que se realizaban anualmente de forma clandestina en Uruguay, según un estudio realizado en 2002 que la oposición pone en duda por considerarlos muy elevados. Los primeros datos apuntan a que desde que entró en vigor la ley en diciembre se han producido unos 400 abortos al mes por lo que calculan que al cierre del año la cifra rondará los 5.000.

Los activistas a favor del aborto consideran que el Parlamento ya se pronunció en nombre de todos dando luz verde a la ley. Leticia Musto, de la Coordinadora por el Aborto Legal, señaló que “un país que se precie de ser civilizado y con acceso a la justicia social no puede tener un aborto penalizado”.

En el lado opuesto, el presidente de la Comisión pro-derogación de la Ley de Aborto, Carlos Lafigliola, señaló que esta ley es “muy negativa para el país porque claramente no protege la vida humana” y criticó que el Gobierno haya negado ceder espacios en la radio y televisión pública a los promotores de la convocatoria.

En los últimos días se ha activado las campañas a favor y en contra de las organizaciones, aunque los partidos políticos no han tomado una postura unitaria por ser el aborto un tema transversal en casi todas las agrupaciones, y han decidido dar libertad a sus miembros para que se pronuncien a título personal.

La iglesia católica ha opinado que el “derecho a la vida no puede quedar sujeto a mayorías circunstanciales de un cuerpo legislativo o electoral” y en una declaración apoyó “las iniciativas legítimas que busquen la derogación de esta ley".