El Gobierno quiere sondear a los partidos sobre un pacto en transparencia

El Gobierno tiene intención de solicitar “de inmediato” una reunión con los partidos para sondear la posibilidad de alcanzar un acuerdo a fin de consensuar las líneas básicas de la Ley de Transparencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria. Se trataría del segundo encuentro entre el Ejecutivo y los grupos, después de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, dirigiera hace un mes una reunión que se produjo de forma discreta. Ayllón sondeó las intenciones de los grupos: “¿Qué queréis, y a qué no renunciáis?”. Pero nadie quiso enseñar sus cartas.

El principal objetivo de la próxima cita —cuya convocatoria es “inminente”, según fuentes gubernamentales— es abordar el contenido de la norma, toda vez que en estos momentos nadie sabe adivinar cuál será el articulado final; y sin embargo la actual situación política ha llevado a invocar esta ley como la panacea para solucionar las carencias de la calidad democrática de España, incorporando elementos de regeneración democrática y la inclusión de los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. La discusión sobre la incorporación de la Casa del Rey se saldará afirmativamente, según prevén en fuentes parlamentarias. Tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición coinciden en que no se trata de una ley anticorrupción. Sí podría convertirse en una ley ómnibus por la cantidad de contenidos que pretende recoger.

“Puede ser la joya de la corona de la legislatura. Quedará como una seña de identidad de este Gobierno”, señalan fuentes gubernamentales, para las que el éxito sería lograr una gran mayoría del Parlamento.

Entidades afectadas

No está cerrado qué entidades deberán estar sometidas a la ley aunque sí está decidido que sean todas aquellas con financiación pública. Se discutirá en qué medida y en qué porcentaje, aunque el PSOE adelanta que propone a aquellas que tengan más del 40% de aportación pública. Un problema que tendrán que afrontar los legisladores es su capacidad de imponer normas a las comunidades, que se oponen, al contar con sus estatutos.

Mientras, Gobierno y oposición elaboran sus enmiendas para cuando llegue el momento de presentarlas, no antes de mediados de abril. Hasta entonces, los trabajos siguen en la Comisión Constitucional del Congreso, donde el miércoles se oirá a varios expertos.