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El conflicto educativo

¿Qué pasará ahora con los alumnos cuyos padres objetaron a Ciudadanía?

Repasamos las vías que abre la sentencia del Supremo que rechaza la objeción a la asignatura

El Supremo ha decidido que no se puede ejercer el derecho a la objeción de conciencia en el caso de Educación para la Ciudadanía. Miles de alumnos están faltando a clase cuando esa materia se imparte en decenas de colegios de España. ¿Qué pasará con ellos ahora? La ministra de Educación ha señalado hoy que se hará "todo lo posible" para que los alumnos cuyos padres han objetado "recuperen el tiempo perdido"; pero es cada comunidad autónoma la que decide cómo se cursa la asignatura.

Tal y como explicaba EL PAÍS el pasado 26 de enero, ahora se abren dos vías posibles.

1. Por un lado, las organizaciones conservadores que promueven el boicot a Ciudadanía pueden recurrir la Constitucional y solicitar que la sentencia del Supremo no se ejecute hasta que la máxima instancia judicial española resuelva. En ese caso el proceso se alargaría en el tiempo y algunos alumnos podrían finalizar sus estudios secundarios sin haber cursado la asignatura. Podría darse el caso de que, si el Constitucional falla en unos años y ratifica la posición del Supremo, los alumnos (ya universitarios) se encuentren en mitad de una carrera con una asignatura de secundaria pendiente.

2. Por otro lado, si la sentencia se ejecuta ya, varios expertos coinciden en que los alumnos de padres objetores deberán cursar la asignatura si quieren obtener el bachillerato. La Junta de Andalucía espera que el Supremo fije "un marco de actuación claro y común a todas las comunidades" en su sentencia, que todavía debe ser redactada.

"Vacío legal"

En el aire siguen las dudas de si los alumnos se reincorporarán a mitad de curso, cursarán la asignatura un año después (los que no lo hicieron el pasado -12, en Andalucía-) o si se les facilitará la realización de un examen extraordinario. Manuel Rodríguez, jurista, ex consejero de Consejo Escolar del Estado, y ahora del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, declaró a EL PAÍS que existe al respecto un "vacío legal".