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Los menores andaluces que quieran hacerse la cirugía estética deberán pasar un test psicológico

La prueba busca valorar el nivel de madurez de los candidatos para asumir los cambios en su fisonomía

Ningún menor andaluz podrá someterse a una operación de cirugía estética sin que previamente haya pasado un examen psicológico que valore su nivel de madurez y descarte desórdenes que contraindiquen la intervención quirúrgica, según un decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha explicado que el "auge" de las operaciones de cirugía estética entre los menores, especialmente entre las chicas, ha llevado a la Junta a regular una actividad que se ofrece en la sanidad privada y de la que no siempre se informa adecuadamente.

Montero ha subrayado que la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética apunta que España es el cuarto país del mundo con mayor número de operaciones estéticas, con más de 380.000 al año, de las cuales unas 60.000 se realizan en Andalucía. Además, una de cada diez intervenciones se hace a un menor de 18 años, para las que hasta ahora bastaba con el consentimiento paterno.

"Muchas veces la persona no sólo no ha completado su proceso biológico sino que no cuenta con la edad mental para asumir un cambio así", ha dicho la consejera de Salud, quien además ha explicado que el decreto pretende "contrarrestar" las campañas basadas en la importancia del aspecto físico y que ocultan información sobre los peligros que suponen este tipo de intervenciones. Así, las operaciones deberán estar plenamente justificadas y documentadas, además de presentar una relación "razonable" entre sus riesgos y beneficios.

Siempre y cuando el informe psicológico y la valoración médica sean positivos, los jóvenes de entre 16 y 18 años podrán someterse a la intervención, y serán ellos mismos quienes suscriban el consentimiento informado. No obstante, los padres deberán ser informados y su opinión será tenida en cuenta, según la consejera.

Entre los 12 y 16 años, son los padres o tutores quienes deben autorizar la intervención, aunque será escuchada la opinión de los menores. Si éstos tienen menos de 12 años, la decisión corresponderá en exclusiva a sus progenitores.

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