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Tribuna:

Nos rendimos

El proceso de conversión del CSIC en agencia pública ha resultado ser una especie de carrera de obstáculos burocráticos

Existe un partido político en Dinamarca, llamado Partido del Progreso (Framstegparti), que defiende unos postulados frecuentemente demagógicos y populistas. En su programa electoral de hace ya unos cuantos años, este partido proponía que el presupuesto de defensa del reino de Dinamarca se redujese a unas 10 coronas, porque todo lo que necesitaba el país, al respecto, era una cinta magnetofónica, con un mensaje en varios idiomas que dijese: "Nos rendimos". ¿Para qué, argumentaban, vamos a tomarnos el trabajo de organizar un sistema de defensa nacional, con su consiguiente gasto si, a la postre, no va a valer absolutamente para nada?

He recordado esta vieja historia al comprobar los ímprobos, prolongados e inútiles esfuerzos, con sus correspondientes gastos, que viene realizando el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), desde hace más de tres años, para crear una empresa que pudiese comercializar, de manera más eficaz que sus estructuras funcionariales de siempre, los conocimientos generados por sus investigadores.

Pretendía el CSIC llamar a su empresa K2B, acrónimo fashion de Knowledge to business [Del conocimiento al negocio] y su planteamiento era tan aparentemente inocuo y bien intencionado que uno esperaría que el trámite de aprobación durase apenas unos días o, a lo máximo, unas pocas semanas. Al fin y al cabo, se nos viene diciendo que España debe cambiar su modelo de crecimiento, desde una economía basada en el ladrillo, que tiene uno de sus lugares de peregrinación y culto más conspicuos en Seseña (provincia de Toledo), a una economía basada en el conocimiento.

Pues bien, casi cuatro años después de iniciar los trámites, los responsables del proyecto en cuestión parece que han decidido guardarlo sine die en un cajón, absolutamente exhaustos, tras superar campos minados de trámites burocráticos, crecientemente sofisticados y perversos, y de ser tratados con arrogancia y suspicacia, como presuntos estafadores o potenciales dilapidadores del dinero del contribuyente.

Eso le ocurre a una institución -el CSIC- que, en principio, parece gozar de una cierta consideración pública y que, aparentemente, no es la más adecuada para que florezcan en ella tejemanejes a lo Operación Gürtel. En esta institución creímos, quizá con una cierta ingenuidad, que la Ley de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos (Ley 28/2006) nos iba a ofrecer un marco legal de actuación que permitiese aflojar un poco los grilletes de la LOFAGE (Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado, ley 6/1997), pero enseguida empezamos a maliciarnos, al constatar que el proceso de conversión del CSIC en agencia pública se convertía en una especie de carrera de obstáculos burocráticos que se compadecían mal con el espíritu que subyacía en la mentada ley de agencias estatales.

Nuestros temores y sospechas de entonces se han ido confirmando y hemos llegado así a la conclusión de que crear una empresa en un entorno público es tan difícil como la construcción de la muralla china, que describió Kafka con tanta lucidez. En estas condiciones, sólo nos queda decir aquello que proponía hace unos años el Partido del Progreso de Dinamarca: señores mandarines, nos rendimos.

Javier López Facal es Profesor de Investigación del CSIC