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Claves para un pacto

El papel de la escuela concertada, el estatuto docente o los cálculos electorales condicionarán la negociación de un posible acuerdo educativo

La empresa que le ha encomendado el presidente del Gobierno al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, parece un encaje de bolillos de sensibilidades e ideologías contrapuestas, de reivindicaciones cruzadas, cálculos electorales y convicciones que se pisan, se tocan en algunos puntos y en otros se repelen. Al menos, todos los actores que están empezando a dibujar un posible pacto social y político por la educación (partidos, comunidades autónomas, sindicatos, asociaciones de padres, patronales, etcétera) parecen sentir en la nuca el aliento de un porcentaje muy alto de la población que les reclama que se pongan de acuerdo de una vez. Y, al menos, los principales objetivos están claros: que ese enorme 32% de jóvenes que dejan de estudiar después de la educación obligatoria, buena parte de ellos sin el título más básico, el de la ESO, consiga al menos el bachillerato o una FP de grado medio; y mejorar la calidad de la enseñanza, cuyas carencias quedan en evidencia en pruebas internacionales como la de Pisa (se puede discutir si España está en la media o tiene resultados mediocres, pero lo que ya parece claro es que son insatisfactorios). Éstas serán algunas de las claves de la negociación.

-Libertad de elección. ¿La red de escuelas públicas debe ser la principal? ¿Debe la concertada (privada subvencionada) ser subsidiaria y estar sólo allí donde no llegue la estatal? ¿O debe haber tanta concertada como reclamen los padres? Ésta última es la idea del PP, que reclama más conciertos. Su idea es que si un colegio privado tiene demanda de plazas y solicita un concierto, la administración esté obligada a subvencionarla. Mientras, sindicatos y sectores de izquierda se niegan a pasar por lo que consideran privatizar la educación en detrimento de la escuela pública. Colocan ahí una línea roja que no están dispuestos a pasar. Además, reclaman que la concertada que existe (y tiene una fuerte presencia en comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid) escolarice al porcentaje de alumnos complicados que les correspondería: por ejemplo, atienden al 26% del total del alumnado, pero al 14% de los inmigrantes; mientras en la pública estudian el 67% de todos los estudiantes, pero el 82% de los inmigrantes. Se suele poner este ejemplo, pero no se trata simplemente de los inmigrantes, sino que los sindicatos acusan a la concertada (en general, teniendo en cuenta que hay excepciones) de seleccionar a su alumnado dejando fuera a los más desfavorecidos socioeconomicamente, dejando a la pública las situaciones más difíciles. La concertada niega que estén seleccionando alumnos y asegura que dejaría de cobrar cuotas voluntarias si las subvenciones cubrieran "el coste real" de la educación. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que tanto una red como la otra reciban la financiación necesaria, pero el temor de algunos sectores es que crezca la subvención pero no desaparezcan las cuotas.

-Vertebración y política lingüística. ¿Cómo se vertebra el sistema educativo en el Estado de las autonomías? Aquí también hay visiones muy distintas. Para el PP es necesario hacer currículos (contenidos) mucho más parecidos en todas las comunidades como línea general de un discurso que rechaza que haya "17 sistema educativos distintos" en cada una de las 17 comunidades autónomas. Este planteamiento choca con los partidos nacionalistas y, en especial, con los catalanes. De hecho, el PP tiene presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley educativa catalana. Además, el PP reclama garantizar la enseñanza en castellano en todo el país, lo que choca frontalmente con el modelo de inmersión lingüística en catalán.

Por otra parte, otros sectores, desde el PSOE hasta la asociación laica de padres Ceapa o CCOO, aseguran que lo vertebra el sistema educativo es una escuela pública fuerte, lo que choca con la extensión de los conciertos. La preocupación del PP por la vertebración "es poco coherente con su política de privatizar el sistema público de enseñanza, minando lo que ha sido históricamente un eje vertebral en la construcción de los estados modernos y un instrumento de vertebración social y de solidaridad", escribía el profesor de la Universidad de valencia José Gimeno Sacristán.

-Estatuto docente. Éste será el punto fundamental para que los sindicatos firmen un pacto: acordar un estatuto docente que fije una carrera profesional para los profesores en la que se pueda escalar acreditando méritos. Pero sobre todo, la clave será que la jubilación voluntaria anticipada continúe más allá de 2011, cuando está previsto que se termine. Desde los años noventa, los docentes pueden jubilarse a los 60 años con compensaciones económicas. El acuerdo no será fácil en un momento en que el Gobierno ha lanzado la idea de aumentar de los 65 hasta los 67 años la edad oficial de jubilación para asegurar el futuro del sistema de pensiones.

-Prestigio del profesorado. Todos parecen de acuerdo en que la base de la mejora de la educación es el profesorado: mejorar sus condiciones, su formación inicial y continua y conseguir devolverle el prestigio social perdido. El documento que el Ministerio de Educación ha presentado como base del debate del pacto no lo ha recogido, pero la mayoría de sindicatos reclaman ya lo que empezó pidiendo Anpe: que se reconozca legalmente al profesor como autoridad publica, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, en el lado opuesto, se reclama que los profesores rindan cuentas, que se les evalúe.

-Diagnóstico y reformas. El PP, los sectores cercanos y también, es justo decirlo, muchos profesores con todo tipo de afinidades ideológicas, insisten en echar las culpas de los males educativos en España a la ley educativa que aprobó el Gobierno socialista en los noventa, la LOGSE. Rechazan lo que consideran unos excesos pedagógicos que acabaron presuntamente con los valores clásicos como el esfuerzo y llevaron a la situación "catastrófica" actual. En el otro lado, empezando por el PSOE, aún reconociendo los problemas, responden que no hay tal desastre y que se deben reconocer los avances de la educación española en las últimas décadas, empezando por la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. El problema es si el PP quiere que con el pacto se reconozca un fracaso, algo que no está dispuesto a hacer el PSOE, y el primero pretende reformas "de calado", algo a lo que el segundo tampoco está dispuesto.

-Financiación. España está por debajo de la media de la UE en gasto educativo en relación con el PIB. El documento del ministerio propone alcanzar la media europea de gasto educativo en 2015 (el 5,4% del PIB, ahora en España es el 4,92%). El PP advierte de que en el contexto actual de crisis y un PIB a la baja, con mantener el nivel actual de gasto, se alcanzaría el objetivo sin aumento de los presupuestos. En cualquier caso, el esfuerzo tiene que ser conjunto de comunidades y Gobierno central, ya que si bien la inmensa mayoría del gasto educativo lo hacen las primeras, el segundo tiene más margen de actuación con su parte. En cualquier caso, en medio de la crisis económica, nadie habla de compromisos inmediatos. Pero entre los sectores educativos se empieza a repetir la idea de que quizá es hora de gastar menos en infraestructuras y más en educación.

-Medidas. Más allá de bellos objetivos que proponen unos y otros (más plazas públicas de educación infantil hasta tres años, refuerzos educativos tempranos, flexibilización del sistema para que nadie se quede descolgado en caminos sin salida, el fomento de la exigencia, el mérito, el esfuerzo y la excelencia), una de las propuestas más concretas ha sido la de hacer un Bachillerato de tres años, en lugar de los dos actuales. Distintos colectivos, a derecha e izquierda, lo reclaman. El PP es quien lo ha dicho con más fuerza y lo que propone es quitarle un curso a la ESO para dárselo al Bachillerato.

El PSOE no está dispuesto a reducir la formación común (la equidad y la igualdad de oportunidades, dice, van en ello). La contraoferta del ministerio es hacer el último curso de la ESO (4º) más orientador: el alumno elegiría entre una vía orientada a la FP y otra, al Bachillerato, aunque ninguna condicionará la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico.

-Crisis y cálculos electorales. La crisis económica tiene un tanto crispada la vida política. No es un buen ambiente para el pacto. Casi a mitad de legislatura, con los sondeos dando ventaja al PP, los cálculos electorales podrían llegar a pesar más que las razones educativas. ¿A quién beneficia electoralmente un pacto? ¿A quién le desgasta menos? ¿Al PP le convendría cerrar todos los frentes educativos que pueda antes de volver hipotéticamente a gobernar?, ¿o prefiere esperar a recuperar el poder para diseñar los cambios que le plazca?

Por otro lado, todos los grupos políticos y actores educativos son conscientes de que hay una creciente presión social a favor de que haya acuerdos y que la educación salga del debate partidista.