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El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Ciencia

La nueva norma contempla la creación de la Agencia Estatal de Financiación.- Habrá un contrato de acceso al sistema de ciencia y tecnología

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Ciencia, que ha estado más de dos años parado y ha tenido una elaboración acelerada en los últimos tres meses. Ahora pasará al Congreso de los Diputados para su trámitación parlamentaria. La futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que es su nombre completo, debe sustituir a la vigente, de 1986, que ha sido clave en el desarrollo del sistema español de ciencia y tecnología en los últimos 25 años.

Una de las reivindicaciones de la comunidad científica queda recogida en el texto, que habilita al Gobierno para crear la Agencia Estatal de Financiación, diseñada como agente de financiación y gestión de los programas. Sin embargo, el Ejecutivo no ha presentado por el momento ningún reglamento para su creación. Ya en 2006, la Ley de Agencias Estatales autorizó la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica, que nunca se hizo realidad.

Otra importante reivindicación, la configuración de una carrera científica no funcionarial, se queda a medias en el proyecto de ley. Se regula la contratación de los becarios para realizar la tesis doctoral, así como un nuevo "contrato de acceso al sistema", pero la carrera científica como tal mantiene su esquema funcionarial, cuyas escalas en los diferentes organismos públicos de investigación ahora se equiparan.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha valorado negativamente el texto por considerarlo inadecuado para el sistema científico español. También ha sido contestado por las universidades y rechazado igualmente por los sindicatos, por la negativa del Ejecutivo a incluir carreras profesionales para tecnólogos y gestores del sistema de ciencia.

Asimismo, la ley incorpora la innovación, pese a que es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta norma permitirá a España "consolidarse entre los países con más producción científica del mundo".