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Canarias reduce la protección de su biodiversidad

El PP y Coalición Canaria sacan adelante el polémico nuevo catálogo de especies protegidas

El Parlamento de Canarias, con los votos de Coalición Canarias y Partido Popular y la oposición del PSOE, dio luz verde ayer al nuevo catálogo autonómico de especies protegidas, que rebaja la protección de la mitad de ellas y facilita el desbloqueo de macroproyectos urbanísticos como el del puerto de Granadilla, en Tenerife. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que recurrira el nuevo catálogo canario ante los tribunales. Las islas Canarias son uno de los focos más importantes de biodiversidad del mundo.

La ley aprobada rebaja la categoría de 290 de las especies antes protegidas y deja fuera de toda protección a otras 29. El nuevo inventario canario crea además dos nuevas categorías, que no tienen equivalente en el Catálogo Nacional: La denominada Especies de especial interés para los ecosistemas canarios, en la que se incluyen 151 que pierden su protección anterior. La característica principal de esta nueva categoría es que sólo protegerá a las especies en ella catalogadas si se encuentran dentro de zonas o áreas protegidas. Así, aunque una especie esté considerada en el nuevo catálogo canario como de "interés para los ecosistemas canarios" sus ejemplares de hecho no contarán con ningún tipo de protección si se encuentran ubicados, o se desplazan fuera -en el caso de avifauna-, de alguna de las zonas o espacios protegidos. Este ha sido uno de los principales motivos de la masiva protesta que se ha venido produciendo en Canarias desde que se presentó esta proposición a finales de septiembre 2009. La otra categoría es la de protección especial.

Por otra parte, 38 especies han sufrido una reducción de protección, pasando de estar consideradas en el anterior catálogo canario como en peligro de extinción a otras categorías, contradiciendo así también el inventario nacional

En los primeros días de enero, el Gobierno canario ya trató de aprobar está proposición de ley con carácter urgente estando el parlamento regional cerrado, pero la fuerte protesta social y la invocación de la normativa por parte del grupo socialista lo impidió.

Desde todos los ámbitos de la sociedad canaria se han levantado continúas quejas contra el nuevo catálogo por lo que supone de desprotección efectiva, precisamente para las especies más sensibles de las islas. Las dos universidades canarias han manifestado su oposición, así como toda la comunidad científica, además de los grupos ecologistas. Pero incluso los propios técnicos del Gobierno de Canarias difundieron en los medios locales el pasado 18 de febrero un informe donde manifestaban su desacuerdo con el nuevo catálogo, afirmando que no se les había consultado, ni tenido en cuenta sus opiniones para su elaboración.

Alberto Brito, Catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, señaló a este periódico: "El nuevo catálogo de las especies amenazadas de Canarias, cuyo autor se desconoce, es una aberración para la naturaleza y la desprotección de hecho de muchas de las especies permitirá el desarrollo de macroproyectos que el Gobierno canario quiere sacar a delante desde hace tiempo, como es el caso del Puerto de Granadilla en Tenerife". Las obras de este puerto fueron paralizadas en su momento por afectar a los sebadales submarinos, considerados hasta ahora como en "peligro de extinción" y que quedan sin protección alguna en el área de Granadilla, según la nueva normativa. En un alarde final de subjetividad y discrecionalidad el nuevo catálogo canario permite la realización de obras de interés generalaun cuando afecten a las especies recogidas en esa nueva categoría que sólo existe en Canarias, incluso cuando éstas se encuentren o habiten dentro de espacios protegidos.

Aun sin autor reconocido, todos los opositores a este nuevo catálogo señalan al Consejero de Medioambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, como su artífice verdadero. Berriel, ingeniero industrial que inició su carrera en una constructora, ha sido Viceconsejero de Industria y Energía y fue imputado hace años por delito ecológico cuando era Director de Obras Públicas, tras dar el visto bueno a un plan parcial que destruía una de las zonas vírgenes más privilegiadas de la isla de Fuerteventura donde habita la avutarda hubara; finalmente el caso se sobreseyó, pero las obras de los cinco hoteles y un campo de golf que se habían planificado en esa zona se paralizaron definitivamente por afectar a esta especie en peligro de extinción.