Los menores de 30 años son los que más fuman

Un estudio afirma que la prohibición total no tendrá un impacto económico en la hostelería

EMILIO DE BENITO Madrid 27 MAY 2010 - 02:41 CET

El grupo que peor responde a los esfuerzos para que se deje de fumar es el formado por las personas que tienen entre 16 y 24 años. Uno de cada tres de estos adolescentes y jóvenes es consumidor habitual de tabaco, según los datos que ha presentado la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), frente al 24,1% del conjunto de la población, según la última Encuesta Nacional de Salud.

Además, esta población tiene unas características que lo diferencian del resto: no hay diferencia entre sexos (si acaso, una ligera predominancia de chicas), y son los que menos interés tienen en dejar el tabaco. Con un agravante: como los pulmones no terminan de formarse hasta los 22 años, los daños del humo son mayores. Se calcula que un fumador precoz puede perder hasta 14 años de vida.

Por eso, la Aecc, junto con la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el Instituto de la Juventud (INJUVE), la Red de Universidades Saludables (REUS) y el Consejo de la Juventud de España (CJE) han lanzado una campaña, con el lema Independízate del tabaco, dirigida a esta población.

La iniciativa tiene como excusa que el próximo 31 es el día mundial contra el tabaco, pero a nadie se el oculta que estas sociedades están en plena campaña para empujar la iniciativa del Ministerio de Sanidad de prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados. El borrador del proyecto ya ha sido remitido al Parlamento, dentro del último plazo que anunció la ministra Trinidad Jiménez. Pero en la carta con la que la ministra presenta sus intenciones al presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, hay un par de frases que preocupan a estos sectores. En concreto, Jiménez afirma: "Si bien según nuestros estudios esta reforma no tendría un impacto económico relevante, hemos querido tener en cuenta la opinión expresada por algunos grupos políticos sobre la oportunidad de aprobar una reforma en unos momentos de difícil situación económica. Por ello considero pertinente que sea durante el trámite parlamentario cuando se aborde la fecha más adecuada para la entrada en vigor". Es decir, no se compromete un plazo -se especula con que sea el 1 de enero de 2011-, sino que se deja abierto.

Precisamente, un informe hecho público el lunes pasado por la Asociación de Economistas de la Salud viene a dar la razón al ministerio, cuando afirma que la medida no tendrá apenas impacto. Para ello se revisa lo sucedido con la anterior ley en España, y lo que ha pasado en otros países que ya han tomado medidas parecidas.

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