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El Gobierno siembra la confusión sobre el destino del silo nuclear

En un día frenético, Sebastián comunica a las comunidades que el almacén nuclear va a ir a Zarra, en Valencia, y La Moncloa le desaira y retrasa sin fecha la elección

El Gobierno ha sembrado el desconcierto al comunicar a las comunidades valenciana y castellanomanchega que el almacén de residuos nucleares se instalaría previsiblemente en la localidad de Zarra (Valencia) para, horas después, negar que se hubiera producido una decisión oficial. Por la mañana, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, comunicó a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha (PSOE), que podía respirar tranquilo, ya que se oponía a ubicar el almacén en su comunidad. También ha intentado ponerse en contacto con Francisco Camps. Al no lograrlo, el secretario de Estado de Industria ha transmitido el mensaje al vicepresidente valenciano Vicente Rambla. La reacción desde Valencia ha sido de rechazo tajante. El Gobierno regional (PP) ha anunciado un recurso y ha acusado a La Moncloa -"nos quitan el agua y nos mandan los residuos"-, mientras el líder regional del PSOE, Jorge Alarte, expresaba a Sebastián su opinión contraria. En el Consejo de Ministros se frenó la decisión. El informe técnico en que Sebastián se ha basado da la mejor posición a Zarra, seguida de Ascó (Cataluña), Yebra y Villar de Cañas (ambas en Castilla-La Mancha).

El momento había llegado. Después de casi seis años en busca de un emplazamiento para el almacén nuclear, el Ministerio de Industria decidió que, que pese a todos los problemas políticos y manifestaciones en contra, ya tenía una decisión. Zarra, en Valencia, a 11 kilómetros de la nuclear de Cofrentes, 551 habitantes, con un alcalde expulsado del PSOE por denuncias de corrupción, era el municipio elegido para albergar una instalación clave para España.

La tarde anterior, la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento fue convocada de urgencia. Allí hay representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Salud, Economía y Ciencia. Fue tal la premura que varios de sus miembros no pudieron acudir. Alguno desconocía que hubiese existido la reunión. Desde junio, los miembros del comité tenían orden de mantener libre su agenda los jueves por la tarde. La intención era ver una noche el informe y aprobarlo en el Consejo de Ministros del día siguiente. Rápido y limpio. El 24 de junio ya recibieron una llamada, pero fueron desconvocados a última hora porque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, había pactado con el popular Cristóbal Montoro aplazar la decisión sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, activos durante miles de años.

La comisión aprobó un informe elaborado por el Gobierno -el Comité Asesor Técnico compuesto por profesores de Universidad no había dado puntuaciones ni listas en su dictamen previo- en el que se concluía que había cuatro candidatos posibles con "escasas diferencias". Eran Zarra, Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca). La primera tenía 304 puntos y la cuarta, 272. La máxima puntuación posible era de 500 puntos.

Con ese informe, Sebastián comenzó por la mañana temprano una ronda de llamadas a presidentes autonómicos afectados. Antes de las diez ya había telefoneado a José María Barreda, el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Le dijo que estuviera tranquilo, que ya que no lo quería, el almacén nuclear no iría a su comunidad, ni a Yebra ni a Villar de Cañas, pese a que estaban "bien situados". Barreda se sintió aliviado y saboreó lo que vio como una victoria. Él se había empeñado en contra del almacén y llegó a manifestarse contra el Gobierno. "La manifestación, las pancartas, los gritos eran que no queríamos el ATC", declaró Barreda por la tarde. Barreda y Sebastián se enfrentaron públicamente en enero pasado cuando el ministro afirmó a este diario que la opinión de Barreda sobre el tema no tenía ninguna importancia.

Después le tocó el turno al presidente valenciano, Francisco Camps. Sebastián le llamó seis veces durante la mañana, pero Camps no se puso al teléfono, para sorpresa e irritación del ministerio. Camps presidió a primera hora la reunión semanal de su Gobierno, que concluyó en torno al mediodía. Después recibió en audiencia al comité organizador del XVIII Congreso Internacional de las Familias y más tarde a los miembros de la Federación Española de Fútbol, que le presentaron la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica por la selección.

Camps ha eludido pronunciarse contra el ATC. Durante meses apuntó que lo aceptaría. El pasado 17 de febrero, el consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, respondió que el Gobierno de Camps era "absolutamente respetuoso con la autonomía local" y que sobre este tema respetaría "de manera escrupulosa las competencias de las distintas administraciones, en este caso, la local y la estatal".

Antes del verano, sin embargo, el Gobierno de Camps se opuso. Con la negativa de Camps, el Ejecutivo se encontraba con que, oficialmente, ninguna autonomía quería la instalación. Sí había alcaldes interesados -nueve pequeños pueblos llegaron a la última criba- pero sus presidentes autonómicos se oponían.

Como Camps no respondía a las llamadas, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, llamó al vicepresidente valenciano Vicente Rambla, y le dijo que el Consejo de Ministros que estaba a punto de empezar trataría el informe y que Zarra estaba en "buena posición".

Ni el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ni el de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, recibieron el aviso de que no iría a los pueblos candidatos de sus regiones. Fuentes de la Generalitat de Cataluña explican que "hace días" Sebastián le comunicó a Montilla que no iría a Ascó, aunque fuentes del sector no descartan que, si la decisión se toma después de las elecciones catalanas, el ATC termine allí.

Desde Valencia, las llamadas se multiplicaron. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, admite que estuvo en contacto con Sebastián desde primera hora de la mañana. Alarte, que desde el principio se opuso a que el ATC fuera a la Comunidad Valenciana, le expresó su rechazo "frontal y contundente" a que fuera a Zarra. La conversación fue especialmente tensa.

Los socialistas valencianos han presentado una veintena de iniciativas en la diputación contra la instalación y su implantación allí era vista como un tiro de gracia. "El Gobierno del PSOE nos quita el agua y nos manda los residuos nucleares", era la frase que comenzaron a lanzar los populares a los cuatro vientos.

Alarte llamó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, diputada por Valencia, para que intentara frenar la decisión y también contactó con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Alarte señaló que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, había sido expulsado del PSOE por corrupción, y que darle a su municipio una inversión de casi 1.000 millones de euros no era una buena idea.

Pero Sebastián estaba decidido a sacarlo adelante. Él haría lo que ni Montilla ni Joan Clos, sus predecesores en el cargo, lograron. Estos, cada vez que amagaban con la decisión, terminaban por dejarla en el cajón ante el revuelo político y social. En 1987, el Gobierno de Felipe González intentó construir un cementerio nuclear en Castilla y León y la bronca hizo que los socialistas perdieran la presidencia autonómica. Gracias al cementerio llegó a la Junta José María Aznar. Desde entonces, cada intento de construir un único almacén radiactivo, como tienen Bélgica y Holanda, acabó en fracaso.

Sebastián estaba decidido a romper con eso. Estaba convencido de que "habría tortas" por acoger el almacén cuando pidió alcaldes candidatos y ayer seguía convencido de que no habría mayor problema. El tema no estaba en el orden del día del Consejo de Ministros, ni había pasado el miércoles por la Comisión de Subsecretarios que prepara los temas que el viernes se analizan en Moncloa.

Sobre lo que ocurrió dentro de la reunión del Ejecutivo hay distintas versiones. Fuentes de Moncloa sostienen que no hubo un grave enfrentamiento. Otras fuentes señalan que De la Vega se opuso y que tras una tensa reunión impuso su objetivo.

Sobre la una de la tarde, mientras el Consejo estaba reunido, el vicepresidente tercero del Ejecutivo valenciano, Juan Cotino, salió a dar cuenta en rueda de prensa de la reunión del consejo de Gobierno autonómico. Allí dio por hecho que el ATC iría a Zarra: "Estamos en contra de una decisión del Gobierno de España tomada de una forma unilateral y la Generalitat recurrirá el acuerdo". La familia de Cotino tiene los terrenos en los que iría el ATC, así que su aparición en contra de la instalación fue especialmente disonante.

Cuando una hora después, De la Vega compareció en Moncloa, el enredo era imparable. "El Consejo ha estudiado un amplio informe del Ministerio de Industria, pero la decisión no está tomada. Se ha pedido algún informe complementario", declaró De la Vega con su habitual ritmo pausado. "Es un debate complejo que continuaremos la semana que viene tras completar el informe que se ha solicitado", añadió la vicepresidenta primera. "Un debate complejo que continuaremos la semana que viene" es una forma evidente de desairar al titular de Industria. De la Vega ni siquiera aseguraba que se vaya a decidir en siete días.

El motivo alegado para retrasar la decisión es chocante. Oficialmente, el Gobierno quiere tener un informe jurídico que le garantice que una comunidad autónoma no puede bloquear la instalación de un almacén nuclear. Y es chocante porque desde hace más de un año Sebastián ha insistido en que no tenían ninguna opción de bloquear la selección. El argumento de Industria era que esto es una decisión entre el Gobierno y los ayuntamientos implicados, y que bastaba con dar audiencia a las autonomías durante la tramitación. Incluso aludía a una sentencia que le dio la razón ante la Junta de Castilla-La Mancha cuando el Gobierno del PP construyó en al nuclear de Trillo, en Guadalajara, un almacén nuclear.

El Congreso y el Senado ya habían pedido al Ejecutivo que se coordinase con las autonomías. Apenas dos días antes el Senado lo pidió por unanimidad.

La alusión a las competencias autonómicas en el último momento causó sorpresa en algunas comunidades. Los barones socialistas llevan meses avisando al PSOE de que las formas de Sebastián no eran las correctas. Barreda criticó que negociara con pueblos candidatos de su región a sus espaldas; Óscar López, de Castilla y León, conoció casi a la vez que la prensa que Industria había convencido a alcaldes del PSOE para que optaran al almacén; Montilla insistió en que no se lo podían colocar en Tarragona meses antes de las autonómicas, y Fernández Vara amenazó con dimitir si iba a su territorio. "Industria ha actuado como si estuviéramos en la España preautonómica, como si fuera razonable tener relaciones directas sobre una cuestión tan importante con municipios pequeños puenteando a las comunidades. Los residuos nucleares son una cuestión de Estado, pero del Estado autonómico", declaró Barreda el 30 de enero en este diario.

Con información Adolf Beltrán.

¿Qué supone ser el pueblo elegido para acoger el ATC?

La adjudicación del Almacén Temporal Centralizado, que recibirá los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas, y el centro tecnológico asociado supondrá una inversión de 700 millones de euros y 500 empleos. Además, el Consistorio del municipio donde se ubique percibirá seis millones al año de forma directa.

Hasta ahora, cada nuclear guarda sus propios residuos, pero la vuelta de los de Vandellòs I enviados a Francia tras el cierre de la planta en 1989, prevista para 2011, el cierre de Garoña y la saturación de las piscinas apremia la búsqueda de un emplazamiento.

El fracaso en la construcción de un único almacén nuclear implicaría que el Gobierno tendría que levantar un almacén en cada central y uno más complejo para los residuos de Vandellòs I. Eso supondría un coste de unos 1.000 millones de euros más que los 700 que cuesta el un almacén centralizado, según fuentes de Industria.

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