Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Fiscalía denuncia al gurú hinduista de Granada por uso "sistemático de técnicas de persuasión coercitiva"

Unos ex afiliados afirmaron que la organización era sectaria y obligaba a firmar "contratos de exclavitud"

La Fiscalía de Granada ha decidido interponer denuncia contra Antonio Javier Plazas, el supuesto gurú de la comunidad hinduista de la rama védica Vadika Pratisthana Sangha por hacer un uso "sistemático de técnicas de persuasión coercitiva", "engañando y presionando psicológicmente" a los integrantes de su congregación.

El fiscal, tras una investigación iniciada en verano,le atribuye un delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la integridad moral como personas afectadas, que podrían ser una veintena de toda España.

El Ministerio Público considera que, desde que se fundó la comunidad, a principios de los años ochenta, el denunciado "de manera personal y valiéndose de aquellas personas que componen la estructura jerarquizada" de la congreación, "ha venido llevando a cabo actos consistentes en la captación de personas en satisfacción de sus intereses personales", según consta en el decreto que el fiscal ha hecho público este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press.

Utilizando como "reclamo" el atractivo de la religión y la cultura hinduista y aprovechando en ocasiones la "debilidad" de quien acudía a ellas por problemas familiares, laborales, psicológicos e incluso físicos, el líder, aplicaba técnicas abusivas y coercitivas en el grupo, tales como permitirles tan sólo una comida al día, tres o cuatro horas únicamente de sueño, deberes y responsabilidades "constantes", incluso con "contratos de esclavitud".

Como en todos los casos de esta índole, hay dos versiones. La comunidad hinduista de Granada Vadika Pratisthana Sangha,acusada de "esclavizar" a jóvenes y someter sexualmente a las mujeres que pertenecen a ella,atribuyen la denuncia a una "persecución religiosa" y a una "campaña de difamación". Las familias de varias ex adeptas, todas mayores de edad, pusieron los hechos en conocimiento del Defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo, que trasladó la información a la Fiscalía.