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El Consejo de Ministros debate la Ley de Igualdad de Trato

El Gobierno no mantiene, al menos en "esos términos", la inversión de la carga de la prueba que incluyó en el borrador

"Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Esto es lo que dice el artículo 14 de la Constitución y lo que pretende garantizar la nueva Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación debatida hoy por el Consejo de Ministros y presentada por la ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín. En cuanto al punto más polémico incluido en el borrador avanzado en septiembre por EL PAÍS, el que supone que sea el demandado quien tenga que demostrar que no discriminó, lo que en jerga judicial se conoce como "inversión de la carga de la prueba", el Gobierno ha asegurado que no lo mantiene, al menos "en esos términos". En todo caso, Pajín ha subrayado el carácter provisional del anteproyecto de ley.

"Es la intención del Gobierno que el texto definitivo cuente con el máximo consenso y la máxima participación", ha dicho Leire Pajín. Es un proyecto de ley que "pretende sacar a la luz los casos de discriminación (...) y crear una sociedad que no humille a nadie", ha añadido.

El anteproyecto pasará ahora por los distintos órganos consultivos (el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social...). También está pendiente del trámite parlamentario, por lo que su redactado final sufrirá previsiblemente modificaciones.

Respecto a los motivos de discriminación se incluyen, además de los motivos recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española, los seis motivos de discriminación recogidos en la normativa comunitaria, incorporando dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad. Así, los motivos de discriminación que se recogen en esta Ley son: nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La ley contempla además un sistema propio para establecer sanciones y la creación de una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato. Esta Autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. También ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato. La Autoridad concentrará varias de las funciones y recursos de otros organismos mediadores que existen actualmente, según indican fuentes del Gobierno en una nota de prensa.

Ejemplos de discriminación

Así, si una persona (física o jurídica) considera que ha sido objeto de discriminación, podrá acudir ante dicha autoridad, que pondrá en marcha el mecanismo para que el demandado demuestre que actuó bien y que no se guió por prejuicios discriminatorios.

Situaciones habituales en las que suelen darse casos de presunta discriminación son los procesos de contratación laboral, la concesión de créditos bancarios, la firma de contratos de arrendamiento, etcétera.

Un "avance"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha valorado mediante un comunicado el anteproyecto: "La ley es un avance para perseguir a quienes discriminan y proteger a quienes son discriminados pero va más allá porque busca acabar con la discriminación y pone las herramientas legales para ello", ha afirmado Desirée Chacón, Secretaría General de la FELGTB.

Antonio Poveda, presidente de la FELGTB, ha destacado la importancia de seguir trabajando con los partidos políticos: "queremos que haya consenso en la aprobación de esta ley tan necesaria para toda la ciudadanía, porque todo el mundo antes o después puede ser discriminado por quien es o por su situación, fija o transitoria, y la lucha por la igualdad y contra la discriminación nos beneficia a todas y a todos y debe ser una tarea asumida por todos los partidos políticos".

Fe de errores
En la primera versión de este artículo se daba por hecho que Igualdad mantenía el punto más polémico del borrador avanzado en septiembre, es decir la inversión de la carga de la prueba, pero el Gobierno ha asegurado que no lo incluye "en esos términos"