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Los editores consideran que la prohibición de los anuncios de prostitución vulneraría sus derechos

Aseguran que la publicidad de una actividad legal es parte de la libertad de expresión y de la libertad de empresa.- Las asociaciones de mujeres, satisfechas con el informe del Consejo de Estado.- El colectivo de prostitutas Hetaira ve "ineficaz" prohibir o limitar esos anuncios

Las empresas editoras de los diarios españoles consideran que en caso de que el Gobierno atienda el informe del Consejo de Estado que estima plausible "prohibir" o, al menos, "limitar severamente" los anuncios de prostitución en la prensa, estaría discriminando a este medio y vulnerando el derecho fundamental a publicitar una actividad legal.

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) expresa en un comunicado su "total oposición jurídica" a dicho informe, al entender que a cada periódico le asiste la libertad editorial de decidir qué contenidos publicitarios sobre actividades lícitas incluye en sus páginas. Y advierte que "cualquier tipo de censura previa sobre ellos vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas".

El Consejo de Estado, respondiendo a una consulta que realizó en mayo de 2010 la entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído, opina en su dictamen que las mujeres se convierten con estos anuncios en un "objeto de consumo", en "mercadería", y sufren "una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como personas, que es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes". Recomienda, sin embargo, que la prohibición no se lleve a cabo a través del Código Penal; es decir, que la conducta no sea delito.

En su nota, AEDE traslada su indignación por el hecho de que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno les hayan convocado ni atendido sus propuestas sobre este asunto, incluido un acuerdo de autorregulación. Según el Consejo de Estado, la autorregulación de los medios "se ha mostrado insuficiente y baldía", y afirma que otras medidas administrativas que pudieran llevarse a cabo, como limitar la publicidad institucional o las subvenciones públicas a todos aquellos medios que anuncien prostitución, podrían no ser suficientes, por lo que aconseja la puesta en marcha de una norma con rango de ley.

"Con las medidas de autocontrol, los editores intentan evitar que se les impongan restricciones discriminatorias respecto al resto de medios de comunicación, algo que ya han sufrido a nivel autonómico, nacional y europeo en la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego", señala la AEDE. El informe del Consejo de Estado apunta que la restricción o prohibición se centre en los diarios impresos generalistas porque "cuentan con una presencia relativamente amplia en la sociedad y un acceso fácil y masivo". Pero, en las consideraciones finales, recomienda que la medida se extienda a las televisiones y se sopese algún tipo de limitación en Internet.

Para los editores, si los poderes públicos consideran que una actividad es delictiva o resulta perjudicial para la salud, lo que cabría exigirles no es que impidan publicitarla en determinados medios de comunicación, sino que prohíban el ejercicio de la misma.

La Razón, Público, 20 minutos y Avui han desterrado de sus páginas esta publicidad. En cambio, EL PAÍS, El Mundo y Abc siguen incluyendo estas inserciones.

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha afirmado al respecto que es "hipócrita" decir que las mafias de explotación de personas están detrás de la publicidad de prostitución. En términos similares se ha expresado el consejero delegado de Vocento, José Manuel Vargas. Hasta el momento, manifestó Vargas en un acto público en mayo del año pasado, "no se ha logrado probar" que haya "mafias" que controlen estos anuncios.

En EL PAÍS, la Defensora del Lector, Milagros Pérez Oliva, ha dejado escrita su opinión, en respuesta a las quejas que llegan por este asunto al periódico: "Esta Defensora considera que esos anuncios no deberían publicarse en este diario. Sé que se trata de una muy vieja polémica y que los tiempos de crisis que vivimos no son los más propicios para tomar una decisión de esta naturaleza". El subdirector de EL PAÍS Carlos Yárnoz aseguraba en ese mismo texto de Pérez Oliva que "la sociedad española no ha resuelto el debate sobre la prostitución y el mundo que lo rodea. El Gobierno, por ejemplo, ha renunciado a prohibirla o regularla, pese a las numerosas comisiones o estudios que ha elaborado. Ojalá hubiera una clarificación al respecto y, sin duda, el periódico cumpliría la ley como lo ha hecho siempre".

Las asociaciones de mujeres, satisfechas

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP), la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) han mostrado su satisfacción por el informe del Consejo de Estado. En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la FMP, Yolanda Besteiro, ha señalado que "lo encontramos muy oportuno", pues estos anuncios encubren y "dan impunidad a las redes de trata". "No se entiende que se prohíba la publicidad perjudicial contra la salud, como la del tabaco o el alcohol, y se permita la que atenta contra derechos fundamentales", ha afirmado.

Para la portavoz de Celem, Sara Vicente, "ya era hora de que esta reivindicación de las asociaciones de mujeres se tomase en serio; nosotras defendemos los derechos de las mujeres, también de las que se ven inmersas en la prostitución". Y ha abogado por que "la prohibición no se limite solo a la prensa escrita, sino también a Internet y a la televisión". A su juicio, estos anuncios esconden "actividades ilegales, como son el proxenetismo y el lucrarse de la explotación de otras personas".

La presidenta de Themis, Angela Cerrillos, se ha manifestado en la misma línea, al asegurar que se alegraba de que "el Consejo de Estado haya informado favorablemente", pues "siempre hemos dicho que (estos reclamos publicitarios) son degradantes y encubren redes mafiosas".

Prohibición o limitación de los anuncios, una medida "ineficaz"

Cristina Garaizábal, portavoz de Hetaira, colectivo que lucha por los derechos de las prostitutas, considera que el informe del Consejo de Estado es "vago y abstracto" y que, en caso de prohibirse o limitarse la publicidad de prostitución, sería una medida "fácil, gratuita para el Gobierno, pero ineficaz porque las mafias no están mayoritariamente tras los anuncios de prostitución". "Si tanto les preocupa el tema de las mafias, que se fijen en los anuncios de ropa o zapatos; está demostrado que muchos de estos productos están hechos por niños en régimen de esclavitud en el sudeste asiático".

Para Hetaira, detrás de la postura que defiende prohibir o limitar este tipo de publicidad hay "una posición ideológica de acabar con la prostitución, lo que acaba empeorando las condiciones en las que viven y trabajan estas mujeres". A juicio de esta asociación, "una cosa es la prostitución voluntaria y otra la coaccionada, y lo que hay que hacer es luchar contra la trata, a la vez que hay que regular y reconocer la prostitución, y no reafirmar el estigma que aún pesa sobre estas mujeres, quienes, salvo las que están coaccionadas, se dedican a ofertar servicios sexuales".