Tribuna:

La investigación en España: ineficiente y sin esperanzas de cambio

ALONSO RODRÍGUEZ NAVARRO 21 JUN 2011 - 13:18 CET

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Nadie discute que la generación de conocimientos es un pilar fundamental en la economía de los países desarrollados. Esta industria, llamémosla así aunque no genere bienes materiales, es tan rentable que bastantes países invierten en ella alrededor del 3% del PIB y hay tendencias al alza. En cambio, muchos países sin tradición científica hacen inversiones más modestas, por ejemplo del 1% del PIB, pero el rendimiento es casi cero. El hecho absurdo de invertir para no ganar y sin enterarse es un problema de medidas que merece una explicación.

La actividad de la industria que genera conocimientos se llama investigación y el producto inmediato de la investigación son los trabajos científicos que se publican en revistas especializadas. El desarrollo de la informática ha hecho muy fácil contar estos trabajos y el número de citas que reciben. El problema es que el progreso científico y el desarrollo de conocimientos no se produce por acumulación de los datos generados por los trabajos que se publican. Muy al contrario, el progreso científico y el desarrollo de conocimientos se deben a hallazgos que ocurren con muy baja frecuencia en relación con la gran cantidad de publicaciones que genera la investigación. Por ello, contar publicaciones o citas para valorar el rendimiento de la investigación es tan fácil como inútil.

Esta idea parece contradictoria con el hecho de que instituciones tan conocidas como la OCDE o la Royal Society utilicen el número de publicaciones o de citas para determinar el nivel científico, pero no lo es desde la perspectiva de los países desarrollados de siempre. En estos países sí es efectivo contar trabajos o citas porque sus universidades y centros de investigación responden a un modelo común de similar eficiencia y, por eso, el número de hallazgos importantes mantiene proporciones casi iguales en relación al número de publicaciones. Esta situación se demuestra estadísticamente porque el número de premios Nobel en Física, Química y Medicina que obtienen estos países correlaciona con el número de publicaciones y especialmente con el número de citas. Pero esto no es una ley universal y se demuestra con una simple división. Así, en la mayor parte de los países desarrollados, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Japón, etcétera, por cada 250.000 trabajos publicados se consigue un premio Nobel; pero en EE UU solo hacen falta 85.000; en las instituciones de élite de EE UU, 12.000; y en Italia, quizás más de 700.000. En los países de escaso nivel de desarrollo científico y con muchos trabajos publicados, como España, Brasil o Polonia, el cálculo no puede hacerse porque no han tenido premios Nobel en ciencias en los últimos 100 años, pero cabe pensar que su eficiencia es mucho menor que la de Italia.

En este punto cabría preguntarse si hay alguna forma fácil de medir la capacidad real de producir desarrollo científico y tecnológico sin recurrir a los premios Nobel y la contestación es afirmativa: en tecnología por los retornos económicos producidos por licencias y ventas de patentes, y en ciencia por los trabajos altamente citados. Lo primero es evidente, lo segundo no tanto, aunque se basa en el dato estadístico incuestionable de que los trabajos que publican descubrimientos importantes son muy citados, con muy pocas excepciones que no afectan a la ley general. Actualmente, estas medidas son fáciles de hacer y en España el nivel científico es tan bajo que no se puede cuantificar con los indicadores formulados para los países desarrollados, incluyendo Italia. Entre las universidades españolas, solo la de Barcelona y la Autónoma de Barcelona pueden medirse con estos indicadores y son, respectivamente, 18 y 36 veces menos productivas que la Universidad de Oxford; y 5 y 10 veces menos que la de Milán. Estos datos revelan que nuestra baja capacidad de desarrollar conocimientos es un problema mucho más grave que la, tantas veces citada, mala posición de las universidades españolas en las tablas de clasificación internacional, porque lo que nos dicen es que nuestras universidades quedan fuera de circuito en el desarrollo de conocimientos.

Esta baja capacidad de desarrollar conocimientos explica el bajo nivel de innovación que los economistas detectan en España. La hipótesis de que la investigación va bien pero fallamos en la transferencia al sector productivo o que el sector privado tiene poco interés en la investigación son explicaciones ad hoc para ocultar lo evidente: que lo que no se inventa no se puede transferir y a ningún inversor le puede interesar. Por esta razón, muchas de las subvenciones en I+D a las empresas para que hagan lo que no pueden hacer se convierte en un gasto que no solo no resuelve los problemas de la investigación en España, sino que los agrava al consumir fondos que se podrían dedicar a mejorar el sistema de I+D. Lo peor es que el problema no está en vías de solución y dos hechos recientes lo demuestran: la Ley de la Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, ya aprobada, y el Decreto del Estatuto del PDI (Personal Docente e Investigador) universitario del MEC, en trámite.

De la ley solo cabe decir que en su ilusorio preámbulo no se reconoce la investigación en España, con lo que difícilmente va a resolver los problemas que no identifica; además crea una carrera investigadora tan incierta que pocos estudiantes brillantes la cogerán. Del Estatuto del PDI, únicamente decir que es lo más apropiado para que nuestras universidades nunca se parezcan a las universidades de los países desarrollados. Mucho se ha escrito sobre esto y no voy a insistir, quien esté interesado puede leer, por ejemplo, La universidad que viene: profesores por puntos (EL PAÍS, 3/03/2011).

En estos momentos la salida de la crisis se está articulando sobre reformas en el sistema financiero y en ajustes salariales que podrían ser por tiempo ilimitado ya que nuestro fracaso en I+D hace poco probable la recuperación salarial en un tiempo razonable. Y conviene recordar que el origen del problema es anterior a la crisis actual y que las hemerotecas están plagadas de advertencias al respecto; por ejemplo las de Nathan Rosenberg (EL PAÍS, 8/05/2005). Las escasas esperanzas de que la situación mejore de forma endógena se ponen de manifiesto por el apoyo político casi unánime a una Ley de la Ciencia que va a empeorar más cosas que las que va a mejorar y por el singular apoyo sindical al deplorable borrador de Estatuto del PDI ya comentado.

Esto último no es más que la continuación de la política sindical iniciada con el asedio, felizmente fracasado, a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora a principios de los 90, y que es un escollo para nuestra recuperación económica y para salir de la moderación salarial. Tampoco hay que tener fe en la intervención extranjera, porque quienes han estado diligentes empujándonos a realizar reformas estructurales en aspectos financieros y laborales para alejarnos de una crisis que les puede alcanzar, no van a tener interés en empujarnos a desarrollar una economía basada en el conocimiento que en nada les atañe.

Alonso Rodríguez Navarro es catedrático de Microbiología en la Universidad Politécnica de Madrid.

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