La Fiscalía de Madrid ha decidido en una reunión que aún no ha terminado que llamará a declarar a médicos y enfermeras -muchas de ellas monjas- por los casos de niños robados en los años setenta y ochenta en España, informan fuentes de la propia Fiscalía.

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, está reunido con otros ocho compañeros en los juzgados de Plaza de Castilla para estudiar qué casos podrían terminar con la apertura de diligencias previas y cuáles deberían ser archivados ante la imposibilidad de conocer si el bebé realmente murió. Esto se ha producido en casos en que el recién nacido fue enterrado y luego pasaron sus restos a una fosa común. Eso haría inviable, según fuentes de la fiscalía, el hacer pruebas de ADN.

Los responsables del ministerio público barajan varios delitos posibles para imputar a los responsables de los niños robados. Entre ellos está el de falsedad documental, al haber inscrito a los bebés con nombres distintos a los reales; el de sustracción de recién nacidos y el de detención ilegal. Este último resulta mucho más difícil de demostrar, ya que el tipo delictivo se da cuando se impide la libre circulación de las personas, lo que no ha ocurrido con los recién nacidos.

Algunas fuentes de la fiscalía reconocen que los delitos podrían haber prescrito, ya que la mayoría de los delitos tienen una caducidad de cinco años, un periodo superado con creces en muchos casos. Ahora los fiscales debaten si se trata de un delito permanente, por lo que no existiría prescripción. El fiscal jefe de Madrid mantendrá la próxima semana una reunión con los responsables de la Fiscalía General del Estado, que será la que debe dar las directrices de cómo actuar en todo el territorio español. Se quiere evitar que se apliquen distintas doctrinas y jurisprudencia en función de la fiscalía de cada provincia que actúe.