La guerra del agua vuelve a Huesca

"El embalse de Biscarrués es un símbolo que podría destapar las cartas del Gobierno sobre la política de gestión del agua", adelanta Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF/Adena, una de las cinco organizaciones ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente (MARM) que aseguran que la construcción de esta obra es inviable legalmente. "No podemos sacrificar nuestros mejores ecosistemas por fomentar el aumento de la oferta sin gestionar la demanda. El Gobierno está derrochando177 millones de euros en este proyecto por presiones de los regantes", denuncia Del Olmo. "La construcción de presas privilegia un sistema obsoleto a favor de una agricultura sedienta donde regadío solo representa el 15% de los cultivos y consume el 80% del agua destinada a las labores del campo".

Los ecologistas de esta ONG, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace han presentado informes del CEDEX y cinco centros de investigación del CSIC donde analizan las excepciones de la Directiva Marco del Agua (DMA) y tratan de demostrar que esta construcción incumpliría la normativa al transformar una masa de agua que se encuentra en buen estado en una masa de agua modificada. Estos cambios destruirían el ecosistema LIC Bajo Gállego para el que no se han previsto medidas correctoras. Este espacio está protegido por el artículo 6 de la Directiva de Hábitats y el artículo 45 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíben la autorización de proyectos que tengan impactos significativos sobre la Red Natura 2000.

"El Consejo de Gobierno de Aragón ha presentado datos de presas de 200 hectómetos que hacen que parezca que el embalse de Biscarrúes supone un mal menor", denuncia Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. En efecto, la superficie afectada por el embalse [35 hectómetros] será un 72% inferior a la que inundaba el proyecto inicial [192 hectómetros] y 28 metros más baja. Esto no evita que las 260 hectáreas inundadas cuando el pantano esté totalmente lleno incluyan entre 3 y 7 territorios de milano real, una especie en peligro de extinción que ni siquiera fue censada por el Estudio de Impacto Ambiental. También se verían afectadas las poblaciones autóctonas de cangrejo de río y moluscos como la margaritona.

"Rosa Aguilar prometió reverdecer el ministerio y se está enmarronando cada vez más", le recrimina Asunción Ruiz, de SEO/BirdLife, a la ministra de Medio Ambiente. Ruiz. La directora ejecutiva de esta ONG considera que los regantes tendrían agua más barata y más rápidamente si Medio Ambiente apostara por la modernización del regadío en lugar de construir el embalse. "Los regantes están desinformados y creemos que esta falta de transparencia que rodea al proyecto es interesada", sentencia la ecologista quien aventura que la única beneficiada por la obra sería la constructora.

A pesar de eso, el ecologista sospecha que el Gobierno podría dar luz verde al proyecto en breve y basa sus recelos en la manifestación de agricultores que tuvo lugar a primeros de marzo en la plaza del Pilar al pasado al grito de "Biscarrués, ya": "Uno de los convocantes de la manifestación era el PSOE, eso nos da una idea de cual es la postura del Gobierno". Medio Ambiente solo ha señalado que está ultimando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que la DIA determinará la viabilidad o no del proyecto, así como las posibles recomendaciones o correcciones. Sin embargo, César Trigo, presidente de la Federación de comunidades de regantes de la cuenca del Ebro afirma que fuentes del ministerio les han comunicado que el borrador de la Declaración de impacto ambiental ya está redactada y que verá la luz en pocos días. "Los ecologistas la tienen tomada con Aragón. Tenemos el mismo derecho a construir presas que Andalucía, La Rioja, Navarra o Cataluña", manifiesta con enfado.

La obra ha sido reivindicada por Riegos del Alto Aragón desde hace 30 años para cubrir el déficit de agua del sistema y extender la mancha verde en la comarca esteparia de Monegros. "Ya hemos invertido en los mejores sistemas de regadío sin que se cubran nuestras necesidades", protesta Trigo. "No podemos arriesgarnos a que llegue otra sequía como la de 2005, que redujo el suministro al 50% y nos obligó a cultivar la mitad de la superficie provocando 100 millones de euros en pérdidas y poniendo en peligro muchos puestos de trabajo".

Juan Carlos Atienza, responsable del área de conservación de SEO/BirdLife, no cree que el embalse de Biscarrués sea la solución y ha explicado que el principal objetivo del embalse [captar las puntas de crecida en años de sequía para riegos], carece de fundamento ya que los datos de aforo durante los últimos 60 años indican que el río Gállego sólo llevó caudales por encima de esta media un total de 41 días. La cantidad media del agua obtenida en los años de sequía a lo largo de este periodo sería de 7,7 hectómetros cúbicos de agua, a un coste el metro cúbico de 2,54 euros, es decir, seis veces el coste actual de desalación del agua marina. "Los agricultores no podrán afrontar estos costes de manera que el embalse acabará siendo una obra de infraestructuras fallida, como el aeropuerto de Ciudad Real", predice Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF/Adena.

Las organizaciones ecologistas han advertido que reactivarán la queja presentada ante la Comisión Europea en 1993 si se autoriza el proyecto y han recordado que la población local se ha mostrado "frontalmente opuesta" a la construcción de este embalse. Sin ir más lejos, los empresarios de Murillo de Gállego se han manifestado en contra del proyecto que, aseguran, provocaría la pérdida de 300 empleos y reduciría el negocio de las aguas bravas en un 50%, ya que el negocio del piragüismo quedaría limitado por el escaso caudal que dejaría el embalse en los siete kilómetros del río que quedarían sin inundar, frente a los 22 de los que dispone actualmente.