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La Universidad española tendrá 73.000 alumnos más este curso

El ministro de Educación decidirá en los próximos días si el proyecto del estatuto docente universitario cuenta con suficiente consenso para sacarlo adelante

El cuarto año consecutivo de crecimiento del alumnado universitario en España, después de ocho de descensos, coincide con una época de recortes en los campus públicos españoles, que representan la inmensa mayoría de la educación superior del país. Este año habrá 1.650.000 universitarios, 73.344 más que el curso pasado, y 150.000 más que en el curso 2007-2008. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ofreció ayer estos datos a los rectores en la última reunión de esta legislatura del Consejo de Universidades.

Mientras los alumnos crecen y los profesores decrecen por la crisis (las universidades no están renovando a muchos profesores asociados, sin plaza fija), también sigue aumentando el número de titulaciones. Este curso las universidades ofrecen 2.402 grados, los títulos que sustituyen a las antiguas licenciaturas y diplomaturas (64 más que el año pasado), 2.763 másteres (334 más) y 1.784 programas de doctorado (160 más).

Ello, a pesar de las advertencias que desde hace años hacen distintos sectores (incluidos algunos documentos ministeriales) de que la oferta es excesiva y que lo razonable sería concentrar algunas carreras con poco alumnos en menos universidades.

Aparte de las cifras del curso que acaba de empezar, Gabilondo y los rectores trataron los proyectos de real decreto para regular la carrera profesional de los profesores e investigadores universitarios y para que los docentes puedan retrasar su edad de jubilación hasta los 75 años. Ambos han provocado polémica dentro de la comunidad universitaria, por lo que el ministro tendrá que decidir en los próximos días si sigue adelante con ellos e intenta aprobarlos antes de que termine la legislatura (las elecciones generales se celebrarán el próximo 20 de noviembre), cosa que solo hará si cuenta con un amplio consenso entre rectores, sindicatos y las comunidades autónomas, según fuentes del Ministerio de Educación.

El estatuto, además, supondría un compromiso económico, sobre todo, de las autonomías para el futuro (nadie se plantea que se pueda hacer ahora mismo), ya que cada escalón de la carrera docente habría que remunerarlo. Así, los informes de las comunidades sobre el proyecto que están llegando estos días al ministerio serán determinantes para que el ministro tome la decisión de sacarlo adelante o no.

Quizá el estatuto docente universitario, cuyo objetivo es regular su carrera profesional y hacerla más atractiva, es el que ha generado más polémica. Tanto un nutrido grupo de prestigiosos académicos como los sindicatos se han opuesto a él, aunque lo han hecho por motivos opuestos. Los primeros firmaron un manifiesto en el que explicaban que el proyecto les parece dañino para la calidad de las universidades públicas, porque las "burocratiza", las sindicaliza y va contra los intereses de los jóvenes talentos. Los sindicatos rechazaron en general el contenido y el espíritu de las críticas de aquel grupo de firmantes y, de hecho, dijeron que el papel de los representantes de los trabajadores se ha diluido tanto en el proceso de negociación, que ya no apoyan el texto que hay hoy sobre la mesa.

El estatuto fija una carrera profesional con tres grados que se ascenderán por méritos docentes y de investigación e innovación y transferencia, además de otros factores como la gestión y la antigüedad. Describe las cuatro tareas del profesor: la docente (clases, tutorías o preparación de materiales docentes, entre otros), la investigadora (proyectos, dirección de grupos, formación de investigadores), de innovación (desarrollo de patentes, creación de empresas de base tecnológica) y la dirección y gestión académica. Y se establece que se podrá estar más volcado a alguna de ellas: cada docente tendrá un plan individual donde se especificará. El margen de los rectorados para fijar ese plan es lo que rechazan los sindicatos.

El texto que regula el retraso de la edad de jubilación hasta los 75 años (ahora la voluntaria es a los 65 y la obligatoria, a los 70) para aquellos profesores que lo soliciten y demuestren unos "méritos especiales" también ha sido rechazado por los sindicatos. Consideran que esos méritos no son tan especiales y que los cumplirá un porcentaje muy alto de los docentes de 70 años, con lo que en realidad lo que crearía un tapón generacional en una universidad ya envejecida: la edad media de los catedráticos es de 56 años. Además, consideran que supondrá una mayor carga económica para unas universidades cuyos presupuestos están más apretados que nunca. Los docentes que quieran retrasar su jubilación han de sumar nueve reconocimientos entre méritos docentes (quinquenios) y de investigación (sexenios).