El Centro Príncipe Felipe despide a la mitad de la plantilla y reduce los salarios un 12%

El expediente de extinción de empleos (ERE) del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF) ha concluido el periodo de negociación con un acuerdo para despidir a un total de 114 trabajadores, la mitad de la plantilla. El número de bajas se ha reducido en 20 personas sobre la propuesta inicial del centro de la Generalitat. El ERE, además, incluye una rebaja del 12% en la masa salarial de los investigadores que se quedan.

Así lo han explicado hoy en rueda de prensa en la sede de CCOO-PV los asesores sindicales en la negociación y dos miembros del comité de empresa del CIPF, después de que ayer se presentara el expediente a la autoridad laboral. Los representantes sindicales han estado acompañados por cuatro investigadores que no han sido incluidos en el ERE y llevaban camisetas con crespones negros. Dentro del ERE, los despidos de científicos con contrato indefinido han pasado de los 89 iniciales a 69. El resto -45 empleados- son temporales y de ellos 26 tienen un contrato que finaliza el 31 de diciembre. Éstos últimos han sido incluidos en un plan social de contratación preferente hasta 2014 y se les ha incrementado la indemnización de ocho días por año trabajado a 20 días. Con esta reducción de la plantilla, en el centro de investigación -el quinto mejor de España- se quedará con 101 trabajadores, más los que cuentan con financiación nominal, unos 20.

Respecto a las condiciones salariales, se aplicará para el año que viene una reducción de la masa salarial media del 12%, que se compensará con 15 días de vacaciones en Navidad y otros 15 en Semana Santa. Además, se ha acordado que el centro cierre en agosto para reducir el gasto de funcionamiento.

No obstante, al desaparecer 14 líneas de investigación, algunas tan relevantes como el cáncer y la medicina regenerativa, los investigadores consideran que será "muy difícil" seguir manteniendo el nivel de competitividad de las áreas que permanecen abiertas, según Asunción Montaner, miembro del comité de empresa.

Todas las líneas que desaparecen recibían financiación externa, ya sea ayudas europeas, de fundaciones privadas, del Instituto de Salud Carlos III o del ministerio, por lo que el dinero pendiente ya no lo recibirá el centro o lo tendrá que devolver, según el caso, ha explicado el presidente del comité de empresa, Rafael Pulido.

"Es lamentable que el CIPF sea viable, y no lo sea ni la gestión ni la dirección" cuando con "siete u ocho millones de euros se podría trabajar", lamentan. El comité de empresa solicitará comparecer ante el Parlamento Europeo para explicar la situación del CIPF, cuya construcción ha sido financiada en un 70% con fondos europeos.

Además, va a reclamar que la financiación del centro esté recogida en los Presupuestos de la Generalitat para poder disponer de un presupuesto estable y no quede "al albur de los gestores políticos", según María Victoria Gómez, de la Federación de Sanidad de CC OO.

Para el portavoz de la UGT-CV, José Berenguer, el ERE es "indecente" porque la Generalitat "ha incumplido su compromiso" de mantener abierto el CIPF, frente a "otras prioridades como los grandes eventos". También es "una indecencia que el máximo responsable de la gestión lo mandemos al Parlamento de España", en referencia a la inclusión de Rubén Moreno en la lista del PP al Congreso por Valencia, ha afirmado Gómez.