El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad, según la Unesco

"Está orientado por procesos de privatización" que causan "exclusión", concluye un informe

Santiago de Chile 9 DIC 2011 - 19:44 CET

Cientos de estudiantes se manifestaron el pasado jueves 24 de noviembre de 2011 por las calles de Santiago de Chile. / MARIO RUIZ (EFE)

El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión, según un informe recientemente difundido por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Santiago de Chile. El estudio, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, analiza el sistema educativo chileno y lo compara con el argentino, el uruguayo y el del uno de los países paradigmáticos de la calidad educativa: Finlandia.

Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la "debilidad" de la legislación del país austral para hacer frente a la desigualdad. "El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos", destaca el informe, encabezado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación Vernor Muñoz. "No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, y precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.

La estructura de becas y subvenciones protege y beneficia a la iniciativa privada

Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público. Lo contrario ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, agrega, al considerar que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades.

En Chile, la ley deposita en los padres y las comunidades un "alto nivel de responsabilidad" para asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad en desmedro del papel del Estado, "que debiera ser el garante de este derecho", según el informe. Un texto que recuerda que Chile firmó tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le obliga a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

Protesta estudiantil

De hecho, esta ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno, que desde hace siete meses se mantiene movilizado en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad. La semana pasada, la Cámara de Diputados chilena aprobó la partida presupuestaria de Educación enviada por el Gobierno que incluye 11.000 millones de dólares (unos 8.250 millones de euros), un 7,2% más que la de 2011. La oposición consideró insuficiente la oferta del Ejecutivo y pidió que inyectaran 1.000 millones de dólares más para garantizar la gratuidad de la enseñanza universitaria al 70% de los alumnos más pobres, una fórmula con la que pretendía acercarse a las demandas de los estudiantes. Los líderes estudiantiles calificaron la aprobación de ese presupuesto de "estafa", mientras el Gobierno destacó la "gran reforma educacional" chilena que permitirá la aprobación del presupuesto.

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