ANÁLISIS

Regular el bien morir, tarea pendiente

“Desempleo”, “mercado”, “deuda”, “crédito”: estas palabras dominan nuestras vidas y nos hacen olvidar otras que no podemos ni debemos desatender. Una de ellas es “muerte”. La muerte es inseparable del hecho de la vida. Por eso, con crisis o sin crisis, conviene que nos ocupemos y preocupemos por tratar de que cuando nos alcance, lo haga de un modo plenamente humano, digno.

La sociedad española alumbró este debate hace ya más de 15 años, cuando vimos y oímos por primera vez a Ramón Sampedro en la televisión. Y desde entonces, el debate no ha cesado. Por ello no podemos consentir que la crisis lo cercene. Andalucía, con su Ley 2/2010, llamada “de muerte digna”, tuvo el mérito incontestable de separar el debate en dos partes diferenciadas. Una tiene que ver con la regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, hoy por hoy delitos tipificados por el Código Penal. La otra parte del debate tiene que ver con el resto de prácticas sanitarias relacionadas con la atención a la muerte, como los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, la sedación paliativa, el rechazo del tratamiento o la limitación del esfuerzo terapéutico.

La ley andaluza y sus clones navarro y aragonés tuvieron la valentía de separar ambas partes. Clarificaron de forma decisiva la primera parte, renunciando, como no podía ser de otra manera por falta de competencia jurídica, a tratar de legitimarlas. Y regularon ampliamente la segunda, contribuyendo de forma decisiva a dotar a la ciudadanía de amplios derechos y garantías de respeto a su dignidad en el proceso de muerte.

El Ministerio de Sanidad de la pasada legislatura tardó demasiado en convencerse de que los comentarios despectivos hacia estas leyes autonómicas, que las tildaban de innecesarias, laxas o meramente propagandistas, provenían de sectores profesionales o grupos ideológicos más inclinados a proteger sus propios intereses que los de los pacientes terminales y sus familias. Por su tardanza, el Proyecto de Ley estatal quedó embarrancado en el adelantado final de la legislatura. Pero el nuevo Gobierno no debería dejarlo tirado ahí. Los ciudadanos extremeños, canarios o catalanes tienen que disfrutar de los mismos derechos y garantías que los andaluces, navarros o aragoneses.

Si, como sucedió en Andalucía, donde la ley se aprobó en el Parlamento autonómico por unanimidad –salvo en tres artículos-, se consigue que primen los intereses generales sobre los partidistas, tramitar y aprobar una ley estatal sería posible. Solo hace falta la voluntad política del grupo mayoritario del Congreso. Los profesionales, los pacientes y sus familias se lo merecen. Una vez hecho esto quedaría entonces por abordar la otra parte del debate, la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido. Es cierto que esta sí es una cuestión controvertida y en la que seguramente el Gobierno actual no deseará entrar por razones obvias. Pero no deberían olvidar que los estudios más solventes señalan que en torno al 60% de la población española apoyaría la regulación de la eutanasia. Una parte de ellos son, obviamente, votantes del Partido Popular.

Pablo Simón Lorda
es médico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

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