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EL ALMACÉN NUCLEAR

El almacén nuclear, a Cuenca por descarte

El ‘sí’ de Cospedal desbloquea la ubicación del almacén nuclear

El Gobierno del PP resuelve, recién llegado al poder, ubicarlo en Villar de Cañas, el cuarto clasificado

La construcción del complejo permitirá la creación de unos 300 puestos de trabajo directos

El alcalde de Villar de Cañas, en el centro de la imagen, celebra la designación con otros vecinos de la localidad.

Al Gobierno de Mariano Rajoy le han bastado dos Consejos de Ministros para seleccionar el emplazamiento del almacén nuclear que acoja los residuos radiactivos de todas las centrales españolas, un tema pendiente desde hace décadas. Irá a Villar de Cañas (Cuenca), un pueblo de solo 436 habitantes, con tres bares, una sucursal de la Caja Rural, cinco cuadrillas de albañiles, y una larga historia de paro y emigración, de calor tórrido en verano y frío seco en invierno. La instalación, que solo en la construcción costará unos 700 millones de euros, irá probablemente a un secarral a las afueras del pueblo, camino hacia la autovía a mano izquierda. La noticia la adelantó ABC.

Villar de Cañas no era el candidato favorito. No tiene experiencia nuclear ni tren, algo que valoraba la convocatoria que el Ministerio de Industria lanzó en 2009. A su favor, que está junto a la autovía que une Valencia y Madrid y a poco más de hora y media de la capital. Pero, sobre todo, contaba con una ventaja, la única que al final ha contado: la política.

La oposición pública de José Montilla primero y de Artur Mas después acabó por descartar a Ascó, en Tarragona, el favorito en las quinielas, el pueblo con industria nuclear y ferrocarril, lo que facilita el transporte.

El primero de la lista de Industria, Zarra, en Valencia, estuvo hasta el último minuto a punto de ser elegido. Y eso que está en un lugar remoto y tiene un alcalde con un largo historial de procesos judiciales por escándalos urbanísticos. La movilización social y el temor del popular Alberto Fabra a las protestas hizo que el Gobierno mirara a la única opción que quedaba: Castilla-La Mancha.

Allí había dos posibilidades: Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca). Yebra, junto a la nuclear de Zorita, tenía mejor puntuación, pero la candidatura se quemó el día en que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, expedientó a su alcalde, Pedro Sánchez, por aspirar al almacén nuclear, conocido por las siglas ATC. Cospedal recibió críticas y desautorizaciones incluso de su partido, oficialmente pronuclear.

El expediente quedó en nada, y Cospedal fue variando su posición. El 19 de enero de 2010, declaró: “El PP de Castilla-La Mancha considera que no debe instalarse ningún almacén nuclear, temporal o no, o cementerio, en Castilla-La Mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios”. Después matizó que no debía ir a Guadalajara, porque la provincia con dos centrales y ya dos almacenes, había cubierto su cupo nuclear. “Ni lo quiero ni lo dejo de querer”, llegó a afirmar.

Así que solo quedaba Villar de Cañas, el cuarto en la lista, ganador por descarte. Mientras Guadalajara era una provincia clave en las elecciones autonómicas de mayo (finalmente fue la que dio la victoria a Cospedal frente a José María Barreda), Cuenca es un remanso político. Desde 1986, todas las elecciones generales han acabado con el mismo resultado: dos escaños para el PP y uno para el PSOE. Los populares no se jugaban mucho allí y por si había dudas el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, amplió su mayoría en las pasadas municipales tras anunciar la candidatura: logró el 67,4% de los votos frente al 53,91% cuatro años antes.

Con el PP en el Gobierno central y en la comunidad no quedaba tensión posible y el viernes, sin siquiera tener nombrado secretario de Estado de Energía, Soraya Sáenz de Santamaría anunció después del Consejo de Ministros que esa era la opción. La vicepresidenta destacó que esta decisión se había demorado siete años y que desde el 1 de enero del 2011 este retraso costaba a España 60.000 euros diarios. Eso es lo que se paga a Francia como fianza (la gran mayoría será devuelta) por los residuos enviados allí desde el incendio de Vandellòs I, en 1989.

En un Consejo de Ministros normal, la noticia habría sido más que destacable. Pero el viernes, entre un paquete de recortes inabarcable y en plena Navidad, era el momento perfecto. Además, al hacerlo con tanto tiempo hasta las elecciones municipales y generales, cuando haya que votar es previsible que las máquinas estén ya trabajando y los vecinos empiecen a notar las bondades que vende el Ministerio de Industria: miles de empleos indirectos, un centro tecnológico asociado, compensaciones millonarias para el Ayuntamiento...

Ahora vienen años de papeleo, permisos y estudios. Para el ATC no hay recortes presupuestarios porque se paga de un fondo que gestiona la Empresa Nacional de Residuos (Enresa). El dinero —que en diciembre de 2009 ascendía a 2.531,98 millones— ha salido del recibo de la luz de los españoles durante décadas. Los residuos de trasladarán en camiones fuertemente custodiados.

El día de la elección en el pueblo había más periodistas que vecinos. Lo que por la mañana se tomaban un vino en el bar La Mezquita eran mayoritariamente partidarios de la instalación. “A mí me da igual porque soy mayor. Yo he pasado lo peor de España, pero hay jóvenes a los que les puede venir bien”, cuenta Julio Villalón, agricultor jubilado que a sus 77 años aún trabaja sus 20 hectáreas de tierra. Lo hace para completar su pensión, de 560 euros. Él es un buen ejemplo de lo que es Villar de Cañas. Cuenta que de sus seis hijos tres trabajan en Valencia y el resto en Madrid: “En esta comarca solo hay algo de cebada, trigo y girasol. En Montalbo [a 20 kilómetros] hicieron un polígono industrial pero de las 20 naves solo hay dos ocupadas”.

En el local se hizo el silencio para seguir por televisión la comparecencia de Santamaría tras el Consejo de Ministros. Solo la llegada del alcalde despertó algunos aplausos y vivas, pero cuando se acercaba la decisión la atención volvió al televisor. Cuando la vicepresidenta anunció el nombre del pueblo, el bar rompió en aplausos y abrazos, como si un vecino hubiese ganado el Tour o Eurovisión. La secretaria municipal, Carmen Barco, respondía emocionada al teléfono, las hijas del regidor besaban a su padre y la alguacil sonreía. No hubo champán.

La pintoresca escena culminaba un proceso que comenzó en 2004, cuando el Congreso pidió por unanimidad un único almacén nuclear. La Cámara pedía terminar con el sistema actual, en el que cada nuclear guarda sus desechos en piscinas de combustible, algo que en Fukushima se ha visto poco recomendable.

En realidad, España ha tardado décadas en buscar un almacén nuclear. Ya en febrero de 1987, Enresa comenzó trabajos en Salamanca en busca de un lugar donde enterrar los residuos nucleares. Se montó tal escándalo que un joven José María Aznar, entonces en la oposición en Castilla y León, hizo bandera de su oposición al cementerio y acabó de presidente de la Junta en junio de ese mismo año. Otros intentos posteriores más o menos públicos acabaron de igual manera. A falta de un único almacén, Enresa ha tenido que construir almacenes nucleares en superficie en Trillo y Zorita y ahora va a realizar uno en Ascó.

Los socialistas en la comunidad reaccionaron de forma airada. José María Barreda, que como presidente autonómico se enfrentó a Miguel Sebastián cuando pensó en Zarra, declaró: “Cospedal manda más en el PP que yo en el PSOE. Si yo conseguí que Sebastián me dijera que solo vendría si yo no me oponía, ella podía haber hecho lo mismo”. En opinión de Barreda, Cospedal ha preferido ser “secretaria general del PP antes que presidenta de Castilla-La Mancha. Si se hubiera enfrentado habría tenido problemas con el PP en Madrid y Valencia y ha preferido aceptar”. El PSOE anunció iniciativas legales, pero el margen es mínimo. En 1999, el Gobierno declaró de interés público el almacén nuclear de Trillo y de nada sirvió el recurso a los tribunales de la Junta.

Los ecologistas cargaron contra la decisión. Más de 150 personas se manifestaron el viernes por la tarde en Cuenca, según Europa Press, y Greenpeace afirmó que es “un derroche económico y un riesgo innecesario”.

El portavoz del Gobierno regional, el popular Leandro Esteban, calificó la decisión como “magnífica noticia” que supondrá una inversión de “más de 750 millones de euros”. Curiosamente, parecida alegría mostraron los populares de la Comunidad Valenciana al ver que Zarra no era la elegida, con lo que Fabra le hizo un flaco favor a Cospedal.

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