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Las mujeres de Baleares deberán adelantar el dinero para abortar

La ley obliga a las autonomías a pagar la prestación "directamente"

El consejero asegura que todas las pacientes recibirán el correspondiente reembolso

Juan José Bestard, director general del IBSalut.

Si una mujer con tarjeta sanitaria pública ha de ejercer en Baleares su derecho al aborto debe acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas y abonar el coste de la intervención y estancia y presentar posteriormente la factura al cobro en los servicios autonómicos. Las mujeres que interrumpan su embarazo serán retribuidas posteriormente, según el calendario de pagos de la Administración.

No se trata de una cantidad simbólica. Según Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), un aborto antes de las 14 semanas puede costar alrededor de los 500 euros. Si se trata de una intervención posterior (por riesgo para la salud de la madre o el feto), puede alcanzar los 1.500 —“prácticamente, lo mismo que un parto”—. Teniendo en cuenta que el grueso de mujeres que solicitan estas intervenciones tiene entre 20 y 29 años, es lógico pensar que se trata de personas que, en general, no tienen demasiados recursos.

El Gobierno balear del PP anuló el l de enero —aduciendo razones económicas— el concierto existente para sufragar esa atención en la red sanitaria privada. Las clínicas han acumulado retrasos en los abonos de sus servicios. Los colectivos de mujeres se consideran “defraudadas y engañadas” por la decisión de la consejería de Salud. El Instituto de Politica Familiar —antiabortista— anunció como un éxito la ruptura del convenio de atención en la red de hospitales particulares, divulgando la noticia antes de que la publicara el Gobierno.

Desde los centros públicos no se derivarán a los quirófanos privados de manera automática a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Estas deberán contratar con las clínicas particulares y asegurar el pago de la intervención. Existe una posición dominante de objeción ética entre los profesionales de los servicios de ginecología de la red pública.

Es el único caso en que una prestación pública debe ser abonada por los usuarios antes de recibirla

Los hospitales de la sanidad balear atenderán las urgencias y los abortos terapéuticos. Un portavoz de los médicos que no practican abortos aseguró que “ningún aborto voluntario es una urgencia”. El IBSalut, el organismo de la Sanidad pública balear que dirige Juan José Bestard, asegura que el derecho está “garantizado” y “que se efectuará el reembolso” de los cargos abonados por las pacientes.

Sin embargo, un portavoz del IBsalut negó que hubiera un bloqueo por parte de los médicos objetores, y consideró que el pago previo será una opción secundaria. “Hasta ahora se derivaban todos los abortos y ahora los asumen, de entrada, los hospitales públicos”, dijo.

En las islas, en los 11 primeros meses de 2011 se contabilizaron 2.350 mujeres que abortaron en las tres clínicas acreditadas, empresas que percibieron más de 900.000 euros públicos por el coste de la asistencia médica, según datos ofrecidos por la consejería de Salud en diciembre de 2011. De acuerdo con la estadística oficial, en 2010 en Baleares se practicaron 3.295 interrupciones voluntarias de embarazo.

El año pasado las clínicas de Castilla-La Mancha dejaron de operar porque no les pagaban

La decisión supone un retroceso en la prestación del aborto. Tal y como esta quedó reflejada en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de marzo de 2010, “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Como esto no sucede así casi nunca (la mayoría, más del 98% de las intervenciones, se realizaron en 2010 en centros privados), se establecía que “si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.

Esta excepcionalidad —en la práctica, lo habitual— ha sido solventada mediante acuerdos o conciertos entre las clínicas privadas y los servicios autonómicos de salud, de manera que las mujeres son derivadas a las primeras por los segundos, y quedaban al margen del cobro.

La norma, por ejemplo, obligó a revisar la situación en Cataluña, donde eran las mujeres quienes pagaban la intervención, y luego pasaban la factura al Servicio Catalán de Salud, indica Barambio. Para los casos en que las afectadas no pudieran costearse el proceso, una asociación se hacía cargo del gasto y luego lo gestionaba. “Lo llamábamos un sistema de gratuidad virtual”, indica el presidente de Acai. Ese sistema concluyó en noviembre de 2011, después de los correspondientes concursos para concertar la prestación.

Tampoco es la primera vez que, por culpa de los recortes, las mujeres de alguna comunidad se han quedado sin atención. En septiembre de 2011 fueron los centros sanitarios los que rompieron el acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha, y se negaron a aceptar a más pacientes hasta que el Ejecutivo de Dolores de Cospedal saldara las deudas que tenía con las clínicas.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad dijo esta tarde que la medida era legal, y que dependía del tipo de concierto (por ejemplo, también pasa con las prótesis, que el usuario las paga y luego se le reembolsa en parte). Otra cosa es qué pasaría si una chica no tiene recursos. "En cualquier caso, el ministerio ahí no se puede meter", afirmó.

 

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