Cuatro autonomías adeudan más de 60 millones a la escuela concertada

Los impagos para gastos generales (desde la luz, la calefacción o la limpieza hasta los sueldos del personal administrativo) y otros programas pueden llegar a poner en riesgo la apertura de algunos

Los colegios concertados también están sufriendo la crisis, aunque en unas comunidades más que en otras. Los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León acumulan varios meses de retrasos en los pagos, que suman unos 62,5 millones de euros (50 millones solo en la primera), según los cálculos de Escuelas Católicas-FERE, la patronal de los colegios mayoritaria en los centros privados subvencionados.

Los impagos pueden llegar a poner en
riesgo la apertura de algunos centros

Los impagos para gastos generales (desde la luz, la calefacción o la limpieza hasta los sueldos del personal administrativo) y otros programas pueden llegar a poner en riesgo la apertura de algunos centros valencianos, baleares y castellano manchegos, sobre todo de los más pequeños, que tienen más dificultades para paliar los retrasos.

En el caso de Castilla y León, la deuda se refiere solo a las subvenciones para los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI, cursos para los chicos en riesgo de fracaso) y asciende a unos 2,5 millones de euros, según calcula el secretario de Escuelas Católicas de Castilla y León, Antonio Guerra, que añade que en el resto de partidas el Gobierno autónomico está al día en los pagos. 

No hay problemas a la hora
de que los profesores cobren, pero sí para cobrar las sustituciones

En las cuatro comunidades afectadas por los impagos hay unos 950 centros concertados en los que estudian más de 400.000 alumnos, según las últimas cifras del Ministerio de Educación, de hace dos cursos. En las cuatro comunidades, la Administración se ha comprometido con la patronal a volver a pagar mes a mes este año y a buscar fórmulas para ponerse al día con los retrasos.

En general, no hay problemas a la hora de que los profesores cobren, pero sí está habiendo problemas para cobrar las sustituciones, por ejemplo, en Madrid y Castilla-La Mancha, asegura Jesús Gualix, de FETE-UGT. Además, Asturias y Galicia no están abonando la paga de antigüedad, añade Luis Centeno, director de la asesoría jurídica de FERE.

En la Comunidad Valenciana los centros no reciben el dinero para gastos generales desde el pasado mes de julio, lo que ha puesto en dificultades, con mayor o menor gravedad, a los 450 centros concertados de la región. En una carta remitida a los padres el pasado miércoles, el colegio laico concertado Ramiro Izquierdo, de Castellón, aseguraba que la situación por el impago ya es “insostenible” y de seguir así se verán “obligados al cierre”.

Ayer, la Generalitat se comprometió en una reunión con los centros concertados a abonar “en breve” tres meses y “establecerá un calendario de pagos” para el resto, explicó a Servimedia el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez-Campra.

En los 113 colegios concertados de Baleares no cobran el dinero de gastos generales desde agosto —acaban de recibir la partida de julio—, explica Centeno. En las islas, en torno a la mitad de los centros son pequeños; de ellos un total de “14 o 15” pueden estar atravesando una situación muy grave, añade Marc González, portavoz de Escola Catòlica de les Illes Balears. Se les adeuda en torno a 7,2 millones de euros, extrapolando a toda la comunidad la cantidad que se debe a los 80 centros de la FERE: 5,15 millones. El gran problema es que con ese dinero pagan al personal de administración, así en algunos casos los centros han tenido que recurrir a créditos.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha adeuda a los colegios concertados católicos 2,72 millones (lo que supondría en torno a 3,7 millones a toda la concertada de la región) por ese mismo concepto, además de las becas de comedor, los libros de texto y las sustituciones.

Fe de errores. En la versión anterior de este texto se decía que los impagos para gastos generales podían poner en peligro la apertura algunos centros concertados "valencianos, baleares y castellano leoneses", cuando en realidad son los "valencianos, baleares y castellano manchegos".