Simpatizantes de Derecho a Vivir, a las puertas del Palacio de la Moncloa en diciembre pasado para reclamar la derogación de la ley del aborto al nuevo Gobierno. / J. J. GUILLÉN (EFE)

El Gobierno se inclina por legislar sobre el aborto sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley que aprobó el Gobierno socialista en 2010. Y sugiere un modelo como el que estableció el Gobierno de Felipe González en 1985, basado en tres supuestos de despenalización (violación, malformación, riesgo para la mujer), en vez de la ley de plazos que promovió Zapatero y que implica que la mujer ya no tiene que dar una justificación para interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Dado que el número de abortos se ha mantenido estable tras la última reforma, el debate que se avecina tiene fuertes tintes ideológicos. Lo que el PP discute es, sobre todo, que se defina el aborto como un derecho de la mujer, como hizo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso este miércoles en su agenda la reforma de la ley y dejó claro que toma como referencia la sentencia del Constitucional de 1985, y no la que tiene pendiente el tribunal tras un recurso, precisamente, del PP. Gallardón solo fue concreto en un punto: se eliminará la posibilidad de que las menores con 16 y 17 años decidan un aborto sin permiso de sus padres o tutores. Y fue inconcreto en el otro: la ley se inspirará en la “defensa del derecho a la vida” tal y como la definió el Constitucional en 1985. Qué significa exactamente la “defensa del derecho a la vida” es algo que el PP se cuida mucho de precisar.

Antes y después de ocupar sus cargos, en los últimos meses Rajoy, Santamaría y los nuevos ministros se ciñen a lo que dice el programa electoral del PP: que la reforma se hará “para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Ningún representante del PP se atreve a ir más allá. Salvo la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, Beatriz Escudero, que este miércoles dijo a Efe: “Volvemos a lo que había antes, a la ley del 85”. Palabras que rectificó poco después, indicando que la reforma será “parcial” pero “importante” y se inspirará en la doctrina del Constitucional. El propio Rajoy había declarado en noviembre a este diario, al ser preguntado sobre la ley: “No voy a derogarla y cambiarla toda. Pero creo que hay dos o tres cosas que hay que cambiar”.

¿Qué dijo el Constitucional en 1985? El tribunal resolvió el recurso que presentó, precisamente, José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro y uno de los impulsores de Alianza Popular. La sentencia estableció la doctrina de que el nasciturus es un bien jurídicamente protegido, pero cuya defensa puede entrar en conflicto con intereses de la madre. La ley y la sentencia (entonces el TC se pronunciaba antes de que entrara en vigor) establecieron el sistema de supuestos. El riesgo psicológico se convirtió en un gran coladero, utilizado en más del 95% de las más de 100.000 interrupciones del embarazo que se realizan cada año en España.

Gallardón no fue concreto, pero sí lo fue en noviembre de 2010 cuando era alcalde de Madrid. “El problema de la nueva ley es que en lugar de resolver conflictos entre derechos suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestación. Y yo soy de los que creen que esa doctrina es contraria a la del Constitucional”, dijo entonces a este periódico.

La exigencia del permiso paterno para que las adolescentes puedan abortar solo exigiría reformar un artículo. Fue uno de los puntos más discutidos en la tramitación de la ley, y la solución que se acordó implica obligar a demostrar que se ha informado a los padres salvo que ello cause un grave conflicto a la menor. Según las clínicas de abortos, un 13% de las mujeres entre 16 y 18 se acoge a esta cláusula para eludir informar a su familia.

En su defensa de la reforma, para la que no fijó plazos, el titular de Justicia se agarró a que la norma actual fue aprobada “sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos”. Se refería a la fuerte división que impidió al Consejo General del Poder Judicial emitir su dictamen y al informe adverso del Consejo Fiscal, que consideró inconstitucional fijar el aborto como un derecho. El tercer informe solicitado fue favorable a la ley por unanimidad, el del Consejo de Estado.

El anuncio recibió respuesta. “Muy preocupado por la sugerencia del Gobierno de volver a la ley del aborto del 85. Sería un retroceso inaceptable para las mujeres”, escribió Alfredo Pérez Rubalcaba en Twitter. BNG e IU coincidieron con ACAI, la asociación de clínicas autorizadas, en temer que un endurecimiento de la ley empuje a abortar en la clandestinidad. En el lado contrario, la Organización Médica Colegial aplaudió que se vaya a exigir el permiso paterno de las menores, lo que ya venía propugnando.

Dos modelos para el aborto

Ley de despenalización del aborto de 1985. El proyecto socialista de 1983 no entró en vigor hasta que se pronunció el TC dos años después. Se fijaban tres supuestos para el aborto: por violación, hasta la semana 12 de gestación; por malformación del feto hasta la 22 y por "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" sin límite alguno. La inmensa mayoría de abortos se acogía al supuesto de riesgos psíquicos.

Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. La ley consagra el “derecho a elegir la maternidad” y se inspira en las leyes de plazos dominantes en Europa. Establece un periodo en que la mujer decide libremente, hasta la semana 14. El plazo se amplía hasta la semana 22 en caso de malformación o riesgo para la mujer. Para interrupciones pasado ese plazo, considerado el de la viabilidad fetal, la nueva ley es más restrictiva que la anterior: solo en caso de malformaciones extraordinarias o “incompatibles con la vida”, que examina un comité médico.

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