LOS PLANES DEL GOBIERNO

Gallardón plantea el divorcio ante notario aunque haya hijos menores

El ministro quiere desahogar los juzgados sacando las bodas y rupturas de mutuo acuerdo

Los expertos advierten del riesgo de quitar la tutela judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

Bodas y divorcios ante notario. Es la propuesta del Gobierno para desatascar los juzgados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado su intención de reformar el sistema para que los matrimonios civiles puedan formalizarse ante fedatarios públicos. También aquellos divorcios en los que hay común acuerdo. La iniciativa, que ayer celebró el Consejo del Notariado, preocupa, sin embargo, a abogados de familia y fiscales. Alertan de que elimina el control judicial sobre las medidas alcanzadas en este tipo de acuerdos de divorcio, pone en riesgo a la parte más vulnerable de la pareja y a los menores, si los hay. En la actual normativa, el Ministerio Fiscal revisa los convenios —también los consensuados— para garantizar que salvaguardan los derechos de los menores. Justicia asegura, no obstante, que estos intereses se respetarán.

Gallardón cree que el nivel de litigiosidad de España es mayor al de la media Europea y que se tramitan en los tribunales asuntos que deberían resolverse por otros cauces, lo que contribuye —dice— a la saturación de la administración. “No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo no pueda ser directamente formalizado ante un notario por las partes. También podría ser aplicado en el matrimonio civil”, dijo en una entrevista en la Cope, en la que anunció que impulsará esta ley de mediación y jurisdicción. La medida afectaría a las casi 70.000 parejas que se divorcian por consenso cada año y las casi 100.000 que se casan por lo civil.

Justicia no ha calculado aún, sin embargo, cuánto podría suponer el ahorro —económico y temporal— de una propuesta que “aún no es firme” y tiene que perfilarse. El anuncio se produce un día después de la reunión del ministro con miembros del Consejo General del Notariado, en la que los notarios se propusieron para asumir nuevas funciones para “descongestionar” los tribunales.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis o Jueces para la Democracia critican que el nuevo sistema puede significar en realidad una privatización de bodas y divorcios. “Puede derivar en una justicia a dos velocidades: una para quien pueda sufragársela y otra para quien carezca de medios”, argumenta José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Las personas con derecho a la asistencia gratuita, contesta Justicia, también tendrán acceso a esta nueva fórmula.

“La propuesta, además de ser inconcreta y deslavazada, parece una forma de compensar a los notarios”, opina Ángela Cerrillos, presidenta de Themis. “En los procedimientos de familia lo importante no es ahorrar tiempo —porque desde que llegan al juzgado hasta que se resuelven no suelen dilatarse—, sino garantizar los derechos de las partes más débiles. Tememos que esta medida no lo haga”, añadió Cerrillos.

Porque lo que más preocupa a los expertos es que la pérdida de tutela judicial de los procesos de divorcio consensuados repercuta en los más débiles. Consuelo Abril, miembro de la Asociación de Abogados de Familia, cree la medida “un disparate”. Se pregunta, además, si será el notario quien analice si lo firmado garantiza los derechos de los menores. “Aunque los dos miembros de la pareja estén de acuerdo con el convenio es el Fiscal quien decide si es bueno para el menor”, apunta.

A María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, también le inquieta la posibilidad de que su figura desaparezca en estos procedimientos. Explica que la oposición de la fiscalía a lo acordado no es tan infrecuente. “Solemos hacerlo en los casos en los que no se prevé un régimen de visitas alternativo o se fija uno que es demasiado intensivo para el menor; también cuando se acuerda que una de las dos partes no contribuya a nada”, explica.

Justicia cree, por el contrario, que en los divorcios consensuados no tiene por qué haber problemas. “Si se viese que hay algún conflicto con la custodia, por ejemplo, se solicitaría la intervención del fiscal. Siempre van a prevalecer los derechos del niño”, dicen fuentes del ministerio.

Puede derivar en una justicia a dos velocidades: una para quien pueda sufragársela y otra para quien carezca de medios”, argumenta   Jueces para la Democracia

Pero además de los hijos, alertan los abogados de familia, estos divorcios sin supervisión judicial —el juez también analiza que los términos del acuerdo son correctos para ambas partes— pueden favorecer separaciones desiguales y bajo presión.

Para Patricia Peláez, profesora titular de Derecho Civil de la UNED, la medida esbozada ayer por Gallardón es “problemática”. Además de la adecuada protección de los menores, deja otros muchos flecos y dudas sin resolver, plantea. “Puede provocar un eventual encarecimiento de los procesos, porque a los notarios hay que pagarlos —aunque el Gobierno fije para estos asuntos unos aranceles bajos—, a los jueces no”, dice. Además, los juzgados tienen establecido un sistema de distribución de los casos, “cómo se hará ese sistema de elección con los notarios ¿escogeré uno y si no me gusta lo que dice iré a otro?”, se pregunta.

Los divorcios, aunque sean de común acuerdo, no siempre son fáciles. Y tienen un recorrido posterior. “A quién se recurrirá después si se quiere revisar la sentencia firmada por el notario porque la situación de una de las partes ha cambiado y se quiere solicitar una revisión”, incide Peláez. “Esta medida no sirve para descargar el sistema de trabajo”, dice. Tampoco la opción de casarse ante notario liberará a los jueces de grandes cargas. De hecho, la nueva ley de registro civil —de julio de 2011 y que tiene tres años para hacerse efectiva— fija que los jueces ya no se encargarán de los registros civiles y que serán los funcionarios quienes casen (si no se escoge la opción, por ejemplo de un alcalde o concejal) a las parejas por lo civil.

La situación en EE UU

CRISTINA F. PEREDA

Estados Unidos cuenta con tantos criterios legales para contraer matrimonio como Estados. Cada una de las legislaciones estatales establece los requisitos que deben cumplir las parejas para casarse, así como las autoridades con competencia para oficiar la ceremonia. Los Estados pueden determinar, además, si las parejas residentes fuera de sus fronteras deben cumplir requisitos adicionales.

En California, por ejemplo, pueden oficiar matrimonio el clero, jueces, magistrados y notarios, y el Estado no exige que las parejas sean ciudadanos de ese territorio. Los contrayentes deben concertar una cita con la autoridad del condado, pagar una cuota mínima de 45 dólares (35 euros) y presentar un documento de identidad, como por ejemplo el carné de conducir o el pasaporte. Algunos Estados también exigen un certificado de nacimiento mientras que otros piden presentar un análisis de sangre en el que conste si alguno de los solicitantes padece sífilis.

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