“En Etiopía a los periodistas los meten en la cárcel o los matan sin problemas”

Una pequeña oficina, trece jóvenes y unos pocos ordenadores constituyen el último reducto de la libertad de prensa en Etiopía. Se trata del semanario político Feteh (Justicia, en amárico), el último medio impreso independiente que se publica en este país tras el cierre de varios periódicos y revistas en los últimos meses.

“Nuestros amigos han sido encarcelados o han abandonado el país, conocemos las consecuencias de lo que hacemos: o te meten en la cárcel o te matan sin problemas”, comenta con un cierto orgullo rebelde Muluneh Ayalew, de 28 años y director de Feteh. “Pero hemos decidido que vamos a pagar el precio y por eso seguimos trabajando a pesar de la presión a la que nos somete el Gobierno".

En julio de 2009, el Parlamento -en el que 545 de los 547 escaños están controlados por el partido gubernamental- aprobó una ley antiterrorista que desde entonces ha permitido al Ejecutivo del primer ministro Meles Zenawi acusar de traición o terrorismo a cualquier periodista o miembro de la oposición que simplemente mencione o haya tenido cualquier tipo de contacto con algún grupo considerado terrorista por el propio Gobierno.

En ocasiones, periodistas y opositores han sido arrestados y encarcelados sin pruebas durante meses, para después ser juzgados en condiciones que no garantizan una sentencia justa, según han denunciado en repetidas ocasiones organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

El resultado: más de 20 medios han desaparecido en los últimos seis años y al menos ocho periodistas están en prisión en Etiopía, incluyendo a dos de nacionalidad sueca y dos reporteros de Feteh, aunque la cifra real es probablemente mayor. Eskinder Nega, un veterano periodista, fue arrestado en septiembre tras escribir un artículo en el que pedía al Gobierno que respetara la libertad de expresión y que pusiera fin a la tortura en las cárceles. Nega fue acusado de terrorismo y podría ser condenado a muerte en un juicio previsto para marzo.

Los reporteros de la revista política saben que les escuchan y leen sus e-mails

Al menos 79 periodistas han huido de Etiopía en los últimos 10 años, lo que lo convierte en líder mundial en este sentido, según cifras del CPJ, cuya página web está bloqueada en Etiopía, tal y como varios medios online sobre este país.

"Es una lucha, necesitamos que exista un periódico libre en el que la gente pueda decir algo sobre el Gobierno, en el que los partidos de la oposición puedan expresarse", dice Ayalew con convicción.

Ayalew y su colega al frente del semanario, Haile Meskel Beshewamel, dan por sentado que el Gobierno escucha sus llamadas telefónicas, lee sus e-mails y paga a informadores para que testifiquen en su contra. De hecho, las autoridades usaron informaciones de este tipo como pruebas en el juicio contra una de sus compañeras. También aseguran que ellos y los demás redactores reciben visitas de la policía en sus domicilios y que la gente tiene miedo a hablar con ellos por la calle o en las cafeterías. En una ocasión, cuenta Beshewamel, la policía le estaba esperando en la puerta de esta oficina para apropiarse de la tarjeta SIM de su teléfono móvil.

Al contrario que en el resto de los periódicos y revistas, ninguna empresa se atreve a anunciarse en Feteh, que se financia con la venta de unos 25.000 ejemplares semanales y con donaciones privadas. En ocasiones, el dinero no llega para pagar los sueldos y sus trabajadores dependen del apoyo económico de amigos y familiares.

“El Ejecutivo está muy asustado y por eso nos acusan de traición al opinar”

Es este tipo de acoso el que conlleva que tantos periodistas se vayan de Etiopía. "Algunos aún escriben desde fuera pero eso no tiene ningún efecto en el escenario político, que es donde las cosas pueden cambiar, así que nosotros seguimos donde podemos cambiar las cosas. Creo que el espíritu de nuestra generación reside en nosotros, tenemos que asumir la carga, la responsabilidad", relata con orgullo Ayalew.

"Sabemos que cualquier día nos van a cerrar el periódico, y que ese día también nos encerrarán a nosotros en la cárcel", concluye con una sonrisa cansada y amarga.

Uno de los periodistas etíopes exiliados más conocidos es Elias Kifle, que reside en Estados Unidos y el pasado enero fue condenado en ausencia a cadena perpetua por terrorismo, al mismo tiempo que Reeyot Alemu, la columnista de Feteh, y el periodista Woubshet Taye eran condenados a 14 años de prisión, en todos los casos por terrorismo. Sobre Kifle ya pendía otra cadena perpetua desde 2007, entonces por traición y debido a su cobertura mediática de la violencia post electoral que en 2005 provocó unos 200 muertos en Etiopía.

"Los dictadores como Zenawi se sienten amenazados por la libertad de prensa y por eso etiquetan a los periodistas como 'terroristas'", cuenta Kifle por email desde Washington DC. "Criticar a un Gobierno no es traición y creo que el régimen está condenando a sus críticos por desesperación: temen una revuelta popular y están tomando acciones preventivas".

Donde también se deja sentir la represión es en la sede de la Unidad por la Democracia y la Justicia (UDJ), el principal partido de la oposición. "El Gobierno está muy asustado, no tiene confianza en sí mismo ni en la justicia y, por eso, cuando expresamos nuestras opiniones nos acusan de traición y dicen que estamos en contacto con terroristas", dice Asrat Tassie, de 63 años, secretario general de la UDJ y que pasó 18 meses en prisión tras las elecciones de 2005.

Un periodista podría ser condenado a muerte por pedir respeto a la libertad de expresión y el fin de la tortura

Tassie y Hailu Araaya, jefe de relaciones públicas del partido, se quejan de que no tienen acceso a los medios de comunicación públicos y que en las contadas ocasiones que éstos hablan de ellos los muestran como criminales. También lamentan que su partido no puede celebrar mítines u otros actos, ya que no les permiten alquilar locales ni utilizar los espacios públicos.

Además, aseguran que hay encarcelados más de 20 miembros de la coalición opositora Medrek, liderada por la UDJ. "Nuestros miembros sufren un acoso constante, les llaman a la oficina y les dicen que se den de baja del partido, les deniegan empleos, les roban las tierras si son granjeros", describe Araaya, de 75 años y que también fue encarcelado desde 2005 a 2007. "La gente tiene miedo pero este miedo no va a durar para siempre, antes o después tendremos que liberarnos del miedo, las cosas no pueden continuar así".

Ambos critican que Etiopía sea uno de los mayores recipientes de ayuda al desarrollo del mundo, con unos 3.000 millones de dólares anuales, que en parte sirven al Gobierno para reprimir y silenciar a sus críticos, según un informe de HRW. Los mayores donantes de fondos son Estados Unidos y la Unión Europea y es así, según Araaya, porque Meles Zenawi es un aliado de Occidente en la lucha contra el terrorismo, interviene militarmente en Somalia y garantiza la estabilidad en Etiopía.

"Pero es una calma engañosa, ¡es la calma que precede a la tempestad!", interrumpe Asrat. "Nos tememos que esta calma se convierta en un enfado incontrolado y cuando un volcán entra en erupción nadie puede detenerlo, puede que incluso nosotros nos viéramos incapaces de controlarlo".

En las calles de Addis Abeba, a los etíopes, en general amigables y atentos, les cambia la cara cuando se les pregunta sobre política. Responden con evasivas o directamente piden que no se les pregunte sobre ese tema. Por su parte, el portavoz gubernamental, Bereket Simon, no respondió a las llamadas y mensajes de este diario.