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Un tribunal respalda el matrimonio homosexual en California

Los jueces consideran que la prohibición de las bodas gais viola la Constitución

Dos parejas se abrazan tras escuchar la decisión del Tribunal de Apelaciones a favor del matrimonio gay en California.
Dos parejas se abrazan tras escuchar la decisión del Tribunal de Apelaciones a favor del matrimonio gay en California.JUSTIN SULLIVAN (AFP)

Una Corte Federal de Apelaciones ha declarado este martes que la prohibición del matrimonio homosexual aprobada por el Estado de California en unas elecciones de 2008 es inconstitucional. La decisión deja el caso en manos del sistema judicial, en vías de ser resuelto por el Tribunal Supremo.

Los tres jueces de la Corte de Apelaciones han establecido por dos votos a uno que otro juez estatal había interpretado correctamente la Constitución al decidir que la Proposición 8, que prohibió el matrimonio homosexual en California en 2008, viola los derechos civiles de los gais.

Según los jueces, la Proposición 8 "no tiene otro objetivo que reducir el estatus y la dignidad humana de gais y lesbianas en California y clasificar sus relaciones y familias como inferiores a las de las parejas de distinto sexo", algo que viola la decimocuarta enmienda de la Constitución norteamericana, que garantiza igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La decisión del tribunal no legaliza el matrimonio homosexual en California, por lo que las parejas del mismo sexo que deseen casarse en este Estado deberán esperar. Los defensores de la Proposición 8 han alegado en anteriores ocasiones que quieren apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones ante un comité superior, formado por 11 jueces, y en el caso de no recibir una sentencia favorable, ante la Corte Superior de Justicia estadounidense.

Los magistrados no se han pronunciado de forma específica sobre la legalidad del matrimonio homosexual

“Aunque la Constitución permite que las comunidades apliquen las leyes que consideren pertinentes, también requiere que haya al menos una razón legítima para aprobar una ley que trata a distintos grupos de personas de manera diferente. La Proposición 8 no contaba con una razón así para ser aplicada”, dice la sentencia (PDF).

A pesar de que el matrimonio homosexual está legalizado en cinco estados norteamericanos, la decisión de los jueces solo se aplica a la legislación de California. Allí se legalizaron las uniones entre personas del mismo sexo en 2008, cuando el Tribunal Supremo del Estado revocó dos leyes que limitaban el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio homosexual quedaría en el aire otra vez cinco meses después cuando, coincidiendo con las elecciones presidenciales, los ciudadanos de California respaldaron la Proposición 8 con el 52% de los votos.

Los jueces no se pronunciaron específicamente sobre la legalidad del matrimonio homosexual, que deberá decidir una corte superior, siempre que no se apruebe antes una ley a nivel federal, es decir, por el Capitolio. La sentencia reconoce que, “independientemente de si la Constitución otorga o no el derecho a casarse a parejas del mismo sexo, un derecho que ha sido concedido durante mucho tiempo a parejas heterosexuales, se trata de una asunto muy controvertido. No necesitamos contestar ni contestaremos en este caso a esa cuestión más amplia”.

Los tres jueces, que escucharon los testimonios de las dos partes implicadas hace más de un año, debían decidir también sobre la petición de una de las partes para que se recusara al juez que inicialmente dictó la sentencia en contra de la Proposición 8. Según la defensa, el juez Vaughn Walker debía haber revelado que mantiene una relación con otro hombre antes de dictar su sentencia, pero no compartió la información hasta que ya se había jubilado. La Corte de Apelaciones, sin embargo, no vio evidencia de imparcialidad en la actuación del juez por ser homosexual y respalda su actuación.

Los dos jueces que votaron en contra del veto al matrimonio homosexual son Stephen Reinhardt, nombrado por el expresidente Jimmy Carter, y Michael Daly, por Bill Clinton. Randy Smith, fiscal general bajo el mandato de George W. Bush y el juez más conservador, respaldó la prohibición.

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