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No malgastarás dinero público

El Gobierno prepara una ley para exigir responsabilidades penales a los malos gestores públicos

Ya existen mecanismos para sancionar las irregularidades

La Comunidad Valenciana invirtió millones en festejos como la fórmula 1 y se convirtió en una de las autonomías con más déficit.

El pasado 5 de septiembre, Geir Haarde recorrió con gesto adusto el camino que separa su casa del juzgado de Reikiavik donde había sido llamado a declarar. Haarde fue primer ministro islandés de un Gobierno conservador entre 2006 y 2009, cuando dimitió acosado por las críticas ante su gestión de la crisis financiera, que llevó al pequeño país del norte de Europa (320.000 habitantes) al borde del colapso. Islandia, sin duda, es un país particular y el de Haarde un caso excepcional. Un año después de su renuncia, el Parlamento islandés acordó pedir su imputación al acusarle de negligencia por no haber hecho nada ante el peligro de derrumbe de los tres mayores bancos del país. Haarde, que ahora se enfrenta a dos años de cárcel, se declaró inocente ante el juez que lleva este polémico caso.

Islandia es uno de los pocos países del mundo desarrollado que juzga a sus responsables políticos por su mala gestión. Algo parecido es lo que pretende hacer ahora en España el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Recientemente, durante una entrevista en la cadena SER, aseguró que “un gestor público no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”. Y avanzó que el Gobierno de Mariano Rajoy estudia exigir “responsabilidades penales a aquellos que no cumplan con el techo de gasto previsto en los presupuestos”. Montoro ponía de ejemplo a aquellos responsables públicos que “esconden las facturas en el cajón”. Y añadió: “Eso provoca falta de transparencia y acumulación de deudas que luego se vuelven impagables”.

El ex primer ministro islandés se enfrenta a dos años de cárcel por la mala gestión de la crisis

Las palabras del titular de Hacienda provocaron una cascada de declaraciones. Los principales líderes autonómicos del PP salieron en tromba a respaldar la medida. Seguían una estrategia construida por su partido para convencer a la opinión pública de que las Administraciones anteriores —muchas de ellas socialistas— habían tapado la deuda para ocultar la verdadera situación económica. Es un mantra que repiten los dirigentes conservadores cada vez que hablan de economía. Uno de los cargos más duros fue el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, quien reclamó incluso que la medida tenga carácter “retroactivo” para que paguen los Gobiernos anteriores que dejaron la deuda.

Pero la idea de exigir responsabilidades penales a los malos gestores es una medida compleja que despierta argumentos poliédricos y que genera varias preguntas: ¿Cómo se pueden aplicar sanciones penales a los malos gestores? ¿Habrá que reformar el Código Penal? ¿Quién determina qué es mala gestión?

El Ministerio de Hacienda aseguró en un primer momento que habría que retocar el Código Penal para acometer la reforma que permita exigir responsabilidades penales a los malos gestores públicos. Pero, posteriormente, rectificó y explicó que el texto legal ya contiene algunos artículos que serían aplicables. [Los artículos que van del 419 al 444 del Código Penal recogen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y execciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos].

“Mala gestión es un concepto difuso. Es una locura”, dice un experto

El anuncio de Montoro, que algunos consideraron como un globo sonda y la polvareda que levantó, pareció quedar en un exceso del titular de Hacienda. Hasta que hace dos viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno trabaja en una ley de transparencia, donde se establecerán las obligaciones legales de los gestores públicos. La número dos del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy explicó que la citada norma incluirá “sanciones administrativas o contables” para los cargos públicos que incumplan las obligaciones en materia de buen gobierno. Santamaría también precisó que se recogerán entre los supuestos más graves una serie de responsabilidades penales: “aquellos casos que puedan tener un carácter doloso, de ocultación”, señaló.

Pero, en realidad, las Administraciones públicas ya cuentan con mecanismos suficientes para sancionar y tratar de evitar estas prácticas. Están los interventores en la Administración local y autónoma o el Tribunal de Cuentas (TC), que pone de manifiesto aquellas maniobras contables irregulares. “El TC investiga todos aquellos saldos deudores que están sin justificar en una cuenta, busca deudas pendientes o falta de registros”, explica Felipe García Ortiz, miembro del principal organismo fiscalizador de las cuentas públicas en España. Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, reclama un cambio legislativo para que los interventores sean más independientes y se desliguen de la tutela de los alcaldes. “Podría haber también un cambio legislativo para definir qué es mala gestión”, afirma. Y admite que la legislación ya recoge algunos supuestos para sancionar a los malos gestores. “Lo que hay que hacer es aplicar la ley”.

Cuando se habla de ocultar facturas en los cajones, algunos expertos insisten en precisar la diferencia entre retrasar el pago de facturas por las habituales tensiones de tesorería al final del ejercicio (que afecta a casi todas las Administraciones), con la práctica menos habitual de ocultar facturas para esconder la deuda.

Los autónomos ven
en la medida la solución
al retraso en los pagos

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria considera que “la idea de exigir responsabilidades penales por mala gestión es una locura”. Sostiene que el concepto de mala gestión es muy “difuso”. “Ya existen figuras como la malversación de caudales públicos o la prevaricación para perseguir determinadas irregularidades”, indica. Villoria recuerda que el Tribunal de Cuentas ya prevé un proceso de “enjuiciamiento por alcance” para perseguir irregularidades contables como la práctica que los dirigentes del PP afean a sus predecesores: esconder facturas en los cajones. “Si se aplicara la responsabilidad penal por mala gestión a los políticos todos, los gestores públicos terminarían en la cárcel. Por eso existe un principio de protección especial para determinados políticos”, zanja Villoria que cuestiona la medida avanzada por el Ejecutivo.

Por su parte, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces por la Democracia (JpD), opina que la idea de Montoro “traslada a los ciudadanos una idea falsa sobre los orígenes de la crisis y su solución”. “La medida”, continúa, “convierte a los jueces en gestores del sistema económico”. Ramírez también insiste en que ya existe una normativa clara que recoge las irregularidades contables para los cargos públicos.

Al otro lado, entre los colectivos que respaldan la medida, se encuentran los trabajadores autónomos que ven en la propuesta del titular de Hacienda una solución al aplazamiento continuado del pago a proveedores de las Administraciones públicas. La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que hay unos cuatro millones de facturas pendientes de cobro por importe de más de 15.000 millones de euros. La caída de ingresos en las comunidades autónomas y Ayuntamientos en los últimos meses ha descuadrado las cuentas de numerosas Administraciones, que han aplazado los pagos a proveedores para poder pagar las nóminas de sus funcionarios y los servicios básicos.

El PSOE se pregunta
si Gallardón se autoaplicará
la ley por la deuda de Madrid

Numerosos dirigentes socialistas cuestionan el anuncio realizado por Montoro, al considerar que ya existen instrumentos suficientes para sancionar a los malos gestores públicos. El PSOE tira de ironía y se pregunta si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tendrá que refrendar la medida, se la aplicará a sí mismo por la abultada deuda que dejó en el Ayuntamiento de Madrid, que dirigió entre 2003 y 2011. El exalcalde multiplicó la deuda municipal hasta situarla en cerca de 7.200 millones de euros, mayor que la deuda del resto de ciudades. El proyecto estrella [y más caro] de Gallardón fue el soterramiento de una parte del primer anillo de circunvalación de Madrid, M-30, y la reforma de los terrenos que se liberaron junto al río. Costó más de 5.000 millones de euros. Pero hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid presentó un plan económico financiero al ministro de Economía, del anterior Gobierno socialista, para justificar la inversión. El plan contenía un detallado calendario de pagos y justificaba la inversión. Entonces, ¿qué es ser mal gestor?

Durante los años del boom inmobiliario muchas Administraciones multiplicaron sus ingresos. Tenían las arcas a rebosar y se embarcaron en ambiciosos proyectos: comenzaron a aparecer aeropuertos en cada provincia de España, nuevas carreteras, tranvías y grandes infraestructuras con un punto de megalomanía.

Todo ello estaba recogido en los presupuestos y los ciudadanos votaron a los Gobiernos que impulsaron esos planes. El caso de la Comunidad Valenciana resulta paradigmático: invirtió miles de millones en la organización de grandes festejos como la fórmula 1, la Copa del América de Vela, la visita del Papa a Valencia o la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es una de las comunidades autónomas con más déficit y con las cuentas públicas más hipotecadas. The Economist la puso de ejemplo la semana pasada como uno de los territorios manirrotos con dificultades para controlar su déficit. Pero los presupuestos valencianos recogían todos esos proyectos y fueron los ciudadanos los que avalaron esas políticas grandilocuentes, de las que ahora parecen arrepentirse muchos. En aquella época de excesos, nadie tuvo en cuenta los avisos que algunos lanzaban por el galopante endeudamiento.

"Es complejo fijar los límites para determinar qué es mala gestión", dice un experto

Para evitar estas conductas el Gobierno ultima una ley de estabilidad presupuestaria que pretende controlar el gasto de todas las Administraciones. Además, aumentará la información que comunidades y Ayuntamientos deberán presentar al Ministerio de Hacienda, con lo que la práctica de ocultar facturas en los cajones resultará más complicada.

Quizá por eso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy justificó el cambio normativo que permitirá exigir responsabilidades penales a los malos gestores públicos, con el fin de perseguir a los políticos que oculten deudas premeditadamente. Pero, posteriormente, matizó el alcance de la medida para centrarlo en quienes excedan del presupuesto aprobado por los Parlamentos correspondientes.

Jesús Lizcano, presidente de la organización Transparencia Internacional, que investiga las malas prácticas de los gestores públicos entre otras cuestiones, reconoce que es complejo fijar los límites para determinar qué es mala gestión. Lizcano, que es catedrático de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, opina que “sería necesario aplicar, más bien, un tipo de responsabilidad civil o administrativa para aquellos que malgastan o derrochan el dinero de los demás”. Y añade: “Por ejemplo, guardar facturas en los cajones debería perseguirse”. Lizcano reflexiona: “Entiendo que a veces es complicado y difícil estimar el presupuesto de una Administración. Pero una vez que está aprobado por las Cortes o las cámaras regionales no se puede salirse de él”.

Pero ¿qué ocurriría si se incumple el presupuesto porque el ciclo económico tumba los ingresos? “Que suban impuestos a los ciudadanos y que estos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese Gobierno es correcto”, puntualizó Montoro hace una semana.

Multa a las comunidades manirrotas

Los responsables del Ministerio de Hacienda tienen un sueño recurrente. Más bien es una pesadilla. Se trata de que un día descubren que las comunidades autónomas han maquillado sus cuentas para ocultar su verdadera situación económica y cuando se descubre el pastel alguna tiene que ser rescatada. Es solo un sueño, pero algo parecido es lo que hizo Grecia antes de estallar la crisis de deuda soberana. Falseó durante años la verdadera situación de sus cuentas a las instituciones europeas. Grecia perdió su credibilidad y los mercados abrieron sus fauces para exprimir al Gobierno de Atenas. Lo que ocurrió después es de sobra conocido: el país heleno fue intervenido y obligado a hacer más ajustes de los que ha podido digerir, una situación que le conduce a años de recesión.

Para evitar una situación similar, el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, ha incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera una serie de sanciones para las comunidades que incumplan reiteradamente los objetivos de déficit y deuda.

Fuentes del departamento que controla las arcas públicas aseguran que han podido sacar adelante la medida con el compromiso de las comunidades autónomas, porque “están muertas. Secas”. Para aliviar esta sequía, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas para aportar liquidez a los Gobiernos territoriales.

La contraprestación es un control rigurosísimo de las cuentas regionales y de los Ayuntamientos. Deberán someterse a una supervisión previa por parte del Ministerio de Hacienda. Sus presupuestos están sometidos a recomendaciones del Gobierno y las comunidades deberán presentar las liquidaciones presupuestarias con carácter mensual, antes era cada tres meses.

Las comunidades que se desvíen de los objetivos de déficit o de deuda deberán presentar un plan de viabilidad y tendrán un mes para corregir la situación. Si a los tres meses no ha puesto en marcha los mecanismos para atajar la situación, las comunidades autónomas tendrán que constituir un fondo del 0,2% del PIB nominal regional. Por ejemplo, si la Comunidad Valenciana, uno de los territorios con más deuda y peor déficit, fuera sancionada debería crear un depósito de unos 200 millones de euros. Si pasados otros tres meses, la Administración sancionada sigue sin poner remedio, el fondo se convertirá en multa que depositará en el Estado. Si no lo hace, el Gobierno podrá retener la parte correspondiente de las transferencias que destina a la financiación autonómica. En caso extremo, Hacienda enviará una delegación que tutelará las cuentas. Lo que le ocurrió a Grecia.