Jaque al paraíso fiscal

Italia acaba con la impunidad fiscal de la Iglesia católica, que también es la mayor casera en España

Los obispos asisten atónitos (y sobre todo mudos) al debate sobre si deben pagar impuestos en solidaridad con los desastres de la crisis

Obispos católicos durante un acto de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid el pasado verano. / CRISTÓBAL MANUEL

Los obispos asisten atónitos (pero sobre todo mudos) al debate sobre su paraíso fiscal, en medio de una crisis que está obligando a apretarse el cinturón a todo el mundo. ¿Perderán los eclesiásticos sus privilegios ante la Hacienda pública? ¿Deberá pagar impuestos la Iglesia, como todo hijo de vecino? La decisión del Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata católico Mario Monti, de exigir a la jerarquía eclesiástica de su país el pago del impuesto de bienes inmuebles ha saltado las alarmas en España, donde los obispos gozan de inmunidad casi total ante el fisco.

Ya planteó el tema hace un año el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, reclamando para sus arcas municipales, acosadas por deudas y déficit, una compensación del Estado por los tributos que no satisface al Ayuntamiento la confesión católica, entre otras instituciones. Según Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid ingresaría 94 millones anuales más cada año. Serían en toda España entre 2.000 y 2.500 millones, según los expertos.

“¡IBI todos o ninguno!”, clama una decena de organizaciones reunidas en Gijón, entre ellas Europa Laica, Juventudes Socialistas e Izquierda Unida. Van a hacerse notar en Asturias durante la próxima campaña electoral e inician su camino con una carta al presidente del Gobierno. Dicen: “Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica, aunque esta institución privada sea el mayor propietario de esos bienes. Esto supone que el Estado deja de ingresar más de 3.000 millones cada año. En la actual situación de crisis económica y social consideramos una total falta de respeto, e incluso una burla, que se aumente a los ciudadanos el impuesto de la contribución urbana, y que el mayor propietario no pague. Exigir a unos los tributos y eximir a otros de su pago, máxime cuando estos otros son poseedores de la mayor cantidad de bienes, es establecer privilegios y discriminaciones intolerables. Elevamos la más enérgica protesta”.

Esta iniciativa nace en Gijón, pero se incubaba desde que hace un año se cerró sin consecuencias el debate facilitado en Madrid por Ruiz-Gallardón. La disputa está en la plaza pública y se extenderá a medida que aumente la presión fiscal y arrecie la crisis en el bolsillo del ciudadano.

Los obispos tienen la ilusión de que sus fieles pagan un impuesto religioso

La Iglesia católica está exenta del IBI —y de otros muchos impuestos— en virtud de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede firmados en Roma el 3 de enero de 1979. ¿Deben pagar los obispos el IBI, como los demás propietarios? Voces eclesiásticas tachan de “anticlericalismo casposo” y de “laicismo agresivo” la idea de extender el modelo italiano a España. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, guardó silencio hace una semana cuando se le preguntó sobre el tema. Se limitó a remitir la pregunta, con displicencia, al responsable económico de su organización y presidente de la Cope, Fernando Giménez Barriocanal. Este tomó la palabra para irse por la tangente. Dijo: “El régimen fiscal que tienen las instituciones de la Iglesia católica, en su 99% no deriva de los acuerdos Iglesia-Estado, como la gente piensa. Deriva de la Ley de Mecenazgo 49-2002. En materia de IBI, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo régimen que cualquier fundación y cualquier partido político. No hay un régimen de privilegio en ningún caso. Debe quedar claro”.

Lo que se le había preguntado al obispo portavoz es si la Iglesia católica no se ha planteado “hacer un gesto, como pagar el IBI, en solidaridad con las dificultades del pueblo de Dios por la crisis”. Pese a lo dicho por el hombre de los dineros católicos, la realidad es que no es la vigente Ley de Mecenazgo, sino el concordato de 1979 (con el nombre de Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos), quien regula el régimen fiscal de esta Iglesia, por el que la Conferencia Episcopal recibe cada mes del Ministerio de Hacienda dinero para pagar los salarios de obispos y sacerdotes.

Así lo prescribe cada ejercicio fiscal la Ley de Presupuestos Generales del Estado en una de sus disposiciones adicionales. Este año serán 248,3 millones. Además de esa asignación tributaria mediante el IRPF, la Administración pública paga, mediante el concordato de 1979, los salarios de decenas de miles de profesores de catolicismo y de cientos de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. También subvenciona la enseñanza religiosa concertada con casi 4.000 millones, la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico y otras muchas actividades de la jerarquía católica. La cantidad total se acerca a los 10.000 millones de euros, según Europa Laica. Unos 1.000 millones se deben al paraíso fiscal.

Nace en Gijón una plataforma cívica con el lema “IBI todos o ninguno”

Un ejemplo reciente de confusión es la restauración de la catedral de Tarazona. Ha costado 20 millones de euros, pero la Iglesia católica puso apenas 480.000 euros. El resto lo ha pagado la Administración del Estado, con este reparto: Gobierno de Aragón, 9,6 millones; Gobierno central, 6,9 millones; Gobierno central y Caja Inmaculada (partida conjunta), 2,3 millones, y Fundación Tarazona Monumental, 400.00 euros. Entrar a la hermosa catedral costará cuatro euros (billete normal). Irán a parar a las arcas eclesiásticas sin impuesto alguno.

El historiador Stanley G. Paine ha hecho el recuento de las propiedades de la Iglesia romana en España, desde luego el mayor casero del reino después de la Administración del Estado (o a la par). Este es el resumen: 100.000 propiedades, de las que 5.000 son edificios religiosos. “En torno al 80% del patrimonio artístico de España es propiedad de la Iglesia, que también dispone de 300 museos y 103 catedrales”, dice.

Sobre el dinero, el también historiador William J. Callahan afirma que la Iglesia católica dispone ahora de menos dinero que en el siglo pasado. Cierto. Durante el régimen franquista, la Iglesia recibía para su funcionamiento entre el 1,25% y el 2% de los Presupuestos del Estado. Era, pese a todo, menos que el que le entregó la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en los años veinte.

“En 1970, la cantidad total que la Iglesia recibía, directa o indirectamente, sumaba la impresionante cifra de 2,6 billones de pesetas [15.626,3 millones de euros, casi 6.000 millones más que ahora]“, sostiene Callahan. Son, arriba o abajo, las cantidades calculadas por Joan Castellà-Gassol.

Ahora se sabe, sin embargo, que el general Francisco Franco estuvo a punto de cerrar el grifo a los obispos. Liderada por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, la Iglesia oficial, impulsada desde Roma, buscaba un alejamiento del régimen dictatorial, del que había sido durante décadas el mayor apoyo. Eran los tiempos del Concilio Vaticano II.

Franco amenazó en 1973 con dejar de financiar a la Iglesia, su principal sostén

Fue Gregorio López Bravo, el ministro de Asuntos Exteriores, quien se lo advirtió a Tarancón. Franco no quiere, pero recibe muchas presiones para que acabe sobre todo con la financiación, le dijo. Eran tiempos de anticlericalismos de derechas, con la Falange en primera línea de fuego.

López Bravo añadió: “El vaso está lleno, basta una gota más para rebosar”. Pero la dictadura aguantó, no sin abrir una cárcel solo para curas en Zamora y sin hacer el recuento a los prelados del dinero recibido del régimen que ahora parecían detestar.

La cifra la desgranó Franco ante las Cortes con motivo de su 80º cumpleaños. “Había que recordar a los obispos lo que debían al régimen. En dinero contante y sonante, habían recibido 300.000 millones de pesetas. El discurso fue pronunciado el 7 de diciembre de 1972 y aireado convenientemente por la prensa, que sin duda había sido estimulada por el Gobierno. Los periódicos, como es fácil suponer, exageraron convenientemente la nota hablando de la ingratitud de la Iglesia”.

Lo escribe el historiador Luis Suárez en Franco y la Iglesia. Añade que el Ministerio de la Vivienda preparó con urgencia otro recuento. “Se trataba de un balance de las cantidades invertidas en edificios y escuelas religiosas, y para reparar catedrales y otros monumentos. Se partía de 1942. Hasta 1973 superaba los 4.000 millones de pesetas”.

En 1979 los prelados se comprometieron a buscar fórmulas de autofinanciación

Stanley J. Payne no se atreve a dar cifras actuales, pero afirma que “la política socialista (se refiere a los Gobiernos de Felipe González, entre 1982 a 1986) se mantuvo pragmática, dispuesta a subsidiar a la Iglesia en asuntos que beneficiarían objetivamente a la sociedad española, como la educación, mientas se resistía a incrementar las subvenciones por actividades religiosas en sí”. Añade que Alfonso Guerra, que negoció con los obispos esos asuntos, se jactó de que “el Gobierno socialista ha sido el que más dinero ha dado a la Iglesia a través de los conciertos en educación”.

“El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”, reza el artículo dos del concordato de 1979, firmado en Roma por el cardenal Villot y el ministro Marcelino Oreja, miembro relevante de la Asociación de Propagandistas Católicos (ACdP). Los ingresos del episcopado por ese concepto “no estarán sujetos a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda”, añade el acuerdo. Proclamaba, además, “la exención total y permanente” del resto de los impuestos sobre todas las actividades eclesiásticas católicas. Y concluía con esta cláusula: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para sus necesidades”.

No ha cumplido. Peor. En 2007, la Iglesia de Roma negoció con el Gobierno de Zapatero, mediante un simple “canje de notas”, el incremento, con “carácter estable”, de un 34% de la asignación que los obispos reciben de Hacienda cada año, cancelando su compromiso de autofinanciarse. El catedrático Dionisio Llamazares, ex director general de Asuntos Religiosos, dice que “suena a burla que la Iglesia, adalid de la ética, diga ahora sin sonrojarse que el compromiso de alcanzar la autofinanciación es unilateral y no exigible por el Estado”.

Diezmos y primicias. Huertos y jardines

Quien haya estudiado el catecismo antes de 1966, en la negra España nacionalcatólica, recordará el quinto de los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia: Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Es el mandato del Astete (modernizado por Vilariño), y en El Nuevo Ripalda para la Nueva España. Los mandamientos eran cinco: Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar; confesar al menos una vez al año, o antes si se espera haber peligro de muerte o si se ha de comulgar; comulgar por Pascua Florida; ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, y el citado quinto: pagar los dichosos diezmos.

La formulación de este último mandamiento, explicaba el catequista, era de inspiración bíblica. Aludía a la décima parte de las cosechas y el ganado y las primicias y los frutos nuevos y las crías primogénitas que había establecido Moisés. Hasta tan lejos se remontaba la soberanía fiscal de la Iglesia de Roma allá donde mandaba. España fue uno de sus territorios, durante siglos, y los fieles le debían satisfacer, por obligación, esos diezmos y primicias, para el levantamiento de las cargas eclesiásticas y el ejercicio del ministerio pastoral.

Los teólogos justificaron el derecho de su Iglesia a recaudar impuestos con apelaciones al carácter de “sociedad perfecta”. En el concordato de 1953 entre Franco y el Vaticano, que se publicó en el BOE “en el nombre de la Santísima Trinidad”, no aparecen ya los diezmos. Se sustituyen por una “congrua dotación” entregada por el Estado para el sostenimiento del clero y el culto católicos, la única religión en aquella resentida España.

Alejandro Nieto, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar un imponente retrato de una España anterior, la de Mendizábal (Mendizábal. Apogeo y crisis del progresismo civil. Historia política de las Cortes Constituyentes de 1836-1837. Editorial Ariel). Es otra historia, llena de luces (grandes luces) y sombras. ¡La desamortización! De aquellos polvos vienen estos lodos, porque el miedo a la Iglesia entonces inmensamente rica y poderosa, aplastó las buenas intenciones. Escribe el profesor Nieto: “A la muerte de Fernando VII la Iglesia necesitaba un cambio profundo. Sus males venían de muy atrás, y habían sido denunciados implacablemente por los ilustrados. El Alto Clero estaba moralmente corrompido y el Bajo se debatía en la ignorancia y la miseria, mientras que los frailes ahogaban económicamente a la población”.

La desamortización de Mendizábal escenificó la aconfesionalidad del Estado, pero no supuso abrazar la laicidad. Es la España de hoy, cuyo Estado tiene en nómina a obispos y curas, como si fuesen funcionarios. No otra cosa es —se ponga como se ponga la caverna eclesiástica asilvestrada— pagar cada mes sus salarios con dinero de todos los españoles, vía Presupuestos, porque sus fieles católicos no pagan impuesto religioso alguno.

De eso trata también un estupendo informe del catedrático Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra. Se titula El principio de laicidad del Estado. Beneficios fiscales de las viviendas de los ministros de culto y los huertos y jardines de titularidad eclesiástica en España.

El artículo 31.1 de la Constitución dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Todos menos las huertas y los jardines de los eclesiásticos, tratados por el fisco mejor que los empleados públicos.

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