Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
VIDA&ARTES

Hagan sus apuestas, se admite cualquier fracaso

Administraciones y empresarios aplauden el proyecto Eurovegas

La viabilidad del plan es cuestionada

El modelo está lejos de la economía productiva

Vista de Singapur desde la terraza del casino de Adelson.
Vista de Singapur desde la terraza del casino de Adelson. BLOOMBERG

El macroproyecto para construir en la Comunidad de Madrid o alrededor de Barcelona una gran zona de juego y ocio conocida como Eurovegas implica la elección de un polémico modelo económico, social y turístico. Los sindicatos y partidos de izquierda consideran que ni siquiera los tiempos de crisis justifican esa opción y recuerdan el gran impacto urbanístico que se produciría en la zona elegida.

No sería la primera vez que una iniciativa majestuosa acaba en un fiasco monumental. Ha sucedido hace unos días con el proyecto Grand Scala, que fue presentado en diciembre de 2007 en la sede del Gobierno de Aragón, cuando España era ajena a la crisis del ladrillo. Cuatro años después, sus promotores dan por fracasada la iniciativa al no ejecutarse la opción de compra que tenían sobre unos terrenos de 4.000 hectáreas en Los Monegros. El proyecto prometía 32 casinos, 5 parques temáticos, 50 hoteles con capacidad para 25.000 personas, 26.000 empleos directos, cerca de 65.000 indirectos y una inversión de 17.000 millones de euros.

En otras ocasiones, las Administraciones han inyectado una importante cantidad de dinero público para absorber las pérdidas y evitar el cierre de la idea. Ocurrió con el parque de Isla Mágica de Sevilla, que suspendió pagos con una deuda de 34 millones de euros, sufragada con fondos públicos y de las cajas de ahorros. Igualmente, el parque de atracciones Terra Mítica perdió en 2009 hasta 16,4 millones de euros que fueron afrontados por otras dos cajas de ahorros.

Es por ello que en el debate que genera Eurovegas no puede orillarse tampoco hasta dónde ha de llegar el apoyo de las diferentes Administraciones, no solo en la construcción de infraestructuras para favorecer el desarrollo de la instalación, sino también en las concesiones legales y exenciones tributarias de todo tipo que reclama el promotor. Terra Mítica, por ejemplo, fue construido sobre unos terrenos que habían sido calcinados por el fuego. Las Administraciones modificaron la ley que impedía construir en esas circunstancias y de esa manera se pudo edificar el parque. Del mismo modo, Port Aventura, en Tarragona, fue posible gracias a una ley ad hoc que permitió las expropiaciones de los terrenos afectados. Este parque de atracciones es el único de España de estas dimensiones que genera beneficios (4,5 millones en 2009). El de la Warner, en Madrid, fue vendido con unas deudas de 240 millones.

La zona elegida se vería afectada por un gran impacto medioambiental

Si alguna cosa caracteriza los macroproyectos como Eurovegas son las cifras grandilocuentes que se prometen de entrada y que, con el paso del tiempo, se reducen o se acaban disolviendo como un azucarillo. Las cifras que ahora plantea el magnate estadounidense Sheldon Adelson y su empresa Las Vegas Sands con el macroproyecto de Eurovegas son colosales: entre 15.000 y 18.800 millones de inversión hasta el año 2022, crear 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos. Para ello promete 50.000 plazas de restauración, 36.000 plazas hoteleras en 12 establecimientos, 6 megacasinos, campos de golf y 18.000 máquinas tragaperras.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha realizado un estudio a partir de los datos oficiales de la Generalitat y ha concluido que esas cifras resultan “inverosímiles”. Como ejemplo, se recuerda que en el pico de la temporada turística de 2010 hubo en toda Cataluña 390.000 personas empleadas en el sector, con 539.463 plazas de alojamiento reglado. Es decir, que Eurovegas promete ahora que acogerá en su proyecto al 42% de los trabajadores del sector repartidos por toda Cataluña. “Es imposible que con solo 36.000 camas, aunque se sumen casinos y campos de golf, se pueda dar trabajo a 164.000 personas”, explica Anna Simó, diputada de ERC en el Parlament.

En el caso del fracasado proyecto Gran Scala, otra de las previsiones que se barajaron hace cuatro años era que el proyecto iba a atraer a 25 millones de turistas al año, casi la mitad de los que vienen a España. También se dijo que se iban a crear 65.000 empleos, que los impuestos del juego dejarían 677 millones de euros anuales en las arcas de Aragón y otros 1.000 para el Estado.

En el caso de Eurovegas se habla ahora de que tendrá unos 30.000 visitantes diarios, una cifra muy optimista si se recuerda que durante todo el año visitan España unos 50 millones de turistas (137.000 diarios). Otro dato que baila es la porción del proyecto que se dedicaría al juego. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró el pasado 2 de febrero que sería el 18%. Y el de la Generalitat, Artur Mas, dijo el 22 de febrero que sería entre un 2% y un 4%. La diferencia entre ambos datos es considerable y es posible que se acerque más al ofrecido por Aguirre, pues el promotor ha explicado que su estrategia consiste en construir primero los casinos de juego y con los beneficios obtenidos ir edificando el resto.

“Hay que tratarlos como a la Seat”, dice un dirigente empresarial

“El Gobierno catalán debería tratar a Eurovegas como si fuera la Seat”. Así de claro se expresa Joan Pujol, secretario general de Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana. Para Pujol, los poderes públicos han de considerar de una manera “igual pero no igualitaria” a todos los promotores. “Aquí no estamos hablando de cuatro euros, sino de mucho dinero y, por tanto, el apoyo que se dé al proyecto ha de ser proporcional a lo que significa para la economía”, añade Pujol.

¿Y qué hay del modelo económico que puede esconder Eurovegas? ¿Implica un alejamiento de la economía productiva y una precarización del trabajo? “El modelo se va definiendo poco a poco y lo que está claro es que aquel modelo del ladrillo de hace unos años ya no sirve”, sentencia Pujol, quien considera que el macoproyecto encaja perfectamente con el sector turístico que genera tantos ingresos a la economía española.

“La gente no está dispuesta a pagar cualquier precio con la promesa de crear empleo. Esto parece un remedo de Bienvenido mister Marshall”, tercia Javier Jiménez, secretario de política sectorial de la Confederación de Comisiones Obreras. “Estamos anhelando la llegada del americano como solución a todos nuestros males y, al final, puede resultar que ni siquiera se pare aquí. Y si lo hace nos hemos de preguntar qué precio hemos de pagar”, advierte. El senador socialista y primer secretario del PSC de Barcelona, Carles Martí, considera que las ayudas públicas “deben dedicarse a impulsar proyectos como Spanair o potenciar el hospital de Sant Pau”. Los empresarios tienen una visión distinta. “Lo que no puede ser es que sin conocer las inversiones con exactitud se descarte de entrada el proyecto”, advierte Joan Pujol. En su opinión, “Eurovegas no tiene nada que ver con el proyecto de Los Monegros”. A Sheldon Adelson se le atribuye una fortuna de 21.500 millones de dólares (16.200 millones de euros), la tercera más importante de EE UU y la número 16 del mundo, según la revista Forbes. En el caso del proyecto Gran Scala, los promotores eran el consorcio International Leisure Development (ILD), integrado por sociedades radicadas en paraísos fiscales.

“¿Están dispuestas las Administraciones a crear un limbo legal para captar el proyecto? Nosotros creemos que la crisis no puede ser un pretexto para no poner límites a un modelo de desarrollo urbanístico que nos devuelve a épocas pasadas”, explica el dirigente de CC OO. El representante de la patronal matiza que “una cosa es la apariencia y otra la legalidad” y añade: “A menudo vemos cómo unas empresas se van de una comunidad autónoma a otra o de un país a otro porque encuentran más ventajas”.

La pregunta es

qué precio estamos dispuestos a pagar por crear empleo”

Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, opina que “lo que está ocurriendo es la puesta en escena de una negociación”. “Este hombre está jugando al ventajismo, a una subasta competitiva a ver qué comunidad le da más”. Las Administraciones insisten en que Eurovegas no serán solo casinos de juego, sino que tendrá un impacto en el turismo, el sector de las convenciones y los espectáculos. Para apoyar esta tesis, recuerdan que el Cirque du Soleil ya ha anunciado que instalará su sede permanente en Europa allí donde se instale Eurovegas.

Algunos alcaldes que podrían verse afectados por el proyecto no lo ven así, como el alcalde de El Prat, Lluis Tejedor, de Iniciativa per Catalunya, quien considera que se trata de un proyecto vinculado a “la adicción al juego, a las drogas y a la prostitución”. El dirigente de CC OO asegura que “crear un islote alegal como Eurovegas acaba provocando un efecto chimenea”, y se pregunta por qué no podría convertirse la zona en un centro de prostitución y blanqueo de capitales si se permiten actividades exentas de control legal, como facilitar la entrada de los menores y ludópatas a los casinos.

Los otros tres macrocomplejos promovidos por Adelson en el resto del mundo no están acompañados de una gestión impoluta. El de Las Vegas es un destino en sí mismo situado en medio del desierto de Nevada. El de Macao está sujeto a un régimen especial, al ser la única región administrativa de China en la que está permitido el juego. Esta ciudad ha sido el escenario en los últimos años de oscuros episodios de blanqueo de dinero, financiación de actividades terroristas y numerosos delitos de drogas, crimen organizado y apuestas ilegales. Y, finalmente, funciona otro macrocomplejo en Singapur, una ciudad peculiar con limitaciones en el desarrollo de su economía.

“Nosotros no entraremos a valorar si ese proyecto favorece o no el juego. Eso forma parte del puritanismo y las consideraciones de cada uno”, sentencia el secretario general de Fomento del Trabajo Nacional.

El promotor está jugando al ventajismo para ver quién le ofrece más”

“Eurovegas: ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en ninguna parte”, dice Carles Martí. Tanto los alcaldes de Madrid como los de Barcelona se debaten entre aceptar la tentación que podría suponer un proyecto así para sus arcas municipales y los efectos sobre el territorio que podría tener de por vida. “Eurovegas es un modelo de ciudad zonificada propio de Estados Unidos”, dice Martí, “y eso significaría repetir los errores del pasado, economía del ladrillo y trabajo precario”.

El dirigente de CC OO recuerda que un macroproyecto así no tiene parangón en Europa. Lo más parecido, dice, es el parque de Eurodisney, en París, cuya instalación también se barajó a principio de la década de los ochenta en la costa mediterránea. Entonces se dijo que el antiamericanismo del Gobierno del PSOE ahuyentó a los inversores. Sea como fuere, un proyecto más que también se esfumó.

Un traje legal a medida

Los juristas coinciden, con matices, en que el trato de favor que reclama el promotor del proyecto Eurovegas no tiene fácil encaje en el ordenamiento jurídico español y que incluso podría haber colisión con las normativas europeas.

"Tal y como lo plantea el impulsor del proyecto, es decir, haciendo excepciones en la legalidad urbanística, fiscal, laboral y medioambiental, me parece que es una propuesta inviable a no ser que nos carguemos el Estado de derecho”, explica Joan Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona. Con todo, confía en que si se llega a concretar el proyecto “los poderes públicos encontrarán un punto de equilibrio” entre la legalidad y las pretensiones de Sheldon Adelson.

El veterano abogado Rafael Entrena Cuesta, considerado una referencia en España en Derecho Administrativo, distingue entre la legalidad urbanística y el resto de normas. Sobre la primera, cree que puede modificarse si se invoca el interés público, pero las leyes tributarias, por ejemplo, las considera más difíciles de cambiar. “Las exenciones y los beneficios fiscales siempre han de ser interpretadas de forma muy restrictiva”, añade. “Sobre la posibilidad de permitir el acceso a los casinos de menores y ludópatas, habría que matizar mucho cómo se hace”, dice Entrena.

Manuel Ballbé, también catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona, coincide en que “no se puede hacer un diagnóstico de todo o nada, porque el proyecto afecta a leyes autonómicas, pero también estatales”. A su entender, “lo que parece que está ocurriendo es una competencia entre comunidades a ver quién hace la ley más laxa para el promotor”. En este sentido, Ballbé recuerda que todas las leyes se pueden modificar siempre que no afecten a derechos fundamentales, pero eso implicaría un largo proceso.

Otro especialista en derecho urbanístico que reclama el anonimato para hablar con más sinceridad se muestra mucho más crítico que sus colegas. “Los juristas tenemos los pelos de punta con lo que estamos oyendo. Al final parece que se puede acabar haciendo una ley a medida para que el proyecto sea viable”, afirma. En su opinión, Eurovegas puede acabar “como el rosario de la aurora”, porque se olvida que los terrenos escogidos en Barcelona y situados en el término municipal de Viladecans presentan una complejidad añadida más allá de la estricta legalidad: existen unas servidumbres del aeropuerto de El Prat que pueden dar lugar a diversos pleitos y hay zonas afectadas por planes costeros y por Natura 2000, una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. “Que en un territorio de la UE se pueda crear un paraíso fiscal ni se ha hecho nunca ni se puede hacer”, remata este jurista, quien advierte que, si las Administraciones ceden a estas pretensiones, España “parecerá un país bananero”.

Formalmente, tanto la Comunidad de Madrid como la Generalitat aseguran que Eurovegas deberá cumplir escrupulosamente la legalidad. Queda por ver si la vigente o la futura, porque los promotores están reclamando la modificación de un sinfín de leyes y quedar en una especie de limbo legal. En los precedentes de proyectos similares las Administraciones siempre acabaron arrimando el hombro a los promotores.