Siete años presa en Chiapas por no saber decir en español "yo no maté a mi hijo"

Adela Ramírez nunca tuvo un intérprete en el juicio aunque solo hablaba lengua indígena

El gobernador la libera tras reconocer que su detención fue injusta

Adela Ramírez, el día de su liberación. / GOBERNACIÓN DE CHIAPAS

Adela Ramírez salió de noche de la cantina del Tío Quique, en un pueblo indígena del norte de Chiapas (México), en la que trabajaba como cocinera o acompañando a los hombres a beber, según le pidiera su jefe. Aquella noche era 12 de noviembre de 2004 y bajo una faja de colores chillones, propia de las indígenas choles, se escondía un embarazo de ocho meses del que iba a ser su segundo hijo.

En el camino a su casa, Adela, que entonces tenía 22 años, perdió su propia historia. Analfabeta, pobre e indígena acabó encarcelada. Un expediente judicial incompleto muestra cómo a lo largo de los siete años y medio que pasó presa la Justicia puso en su boca diferentes versiones de lo que aconteció aquel día en el que salió de la cantina y terminó condenada por matar a su hijo. Hace unas semanas, el pasado 27 de febrero, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, decidió concederle la libertad, junto a otras dos reclusas, al considerar que su detención había sido injusta y selló el final de su historia con una fotografía, hecha pública por el Gobierno, en la que se ve a Sabines con cara sonriente y a Adela agarrada a su carta de libertad.

El juez que la sentenció a 15 años de prisión consideró probado que mató a su hijo porque no quería tenerlo. Aunque en el expediente judicial consta que Adela no sabía leer, escribir o hablar español, durante la vista nunca se le asignó un traductor. Ella fue poniendo su huella dactilar en toda cuanta versión se le ofrecía, sin entender apenas una palabra. Tuvieron que pasar varios años antes de que aprendiera español dentro de la cárcel para que su historia dejara de ser la de los demás y así poder completar el relato de aquel día de noviembre, que durante años quedó colgado en el momento en el que dejó la cantina.

La abogada Martha Figueroa. / PRADIP J. PHANSE

Esa noche Adela asegura que se cayó por las escaleras de su casa. Con el golpe se le adelantó el parto y el niño no sobrevivió. Ella, tal y como explica su abogada, dice que se desmayó y que no se despertó hasta llegar al hospital, por lo que no sabe si el bebé llegó a respirar. La sentencia sostiene que sí lo hizo y acusa a Adela de dejarlo morir. “Una camarera, sola y pobre”, resume Martha Figueroa, abogada de mujeres, el resultado del caso.

La noticia de la liberación inesperada por parte del gobernador le llegó a Figueroa en Ciudad de México, donde asistía a un congreso. “Vendrán más liberaciones. Las mujeres nunca hemos sido oportunas hasta ahora, que están las elecciones cerca”, dice.

Figueroa habla sin tapujos del “pésimo” funcionamiento de la justicia y de la indefensión de las mujeres. “No digamos las indígenas”, dice. En México, el 95% de las sentencias son condenatorias, según datos de la asociación Renace, que trabaja en la defensa de personas sin recursos. La abogada corrobora que en la mayoría de los casos hay irregularidades en el procedimiento, que en el caso de Adela, sostiene, se unieron a “un sesgo discriminatorio injustificable”.

Adela aprendió a hablar español en la cárcel para poder defenderse y contar su historia

El gobernador reconoció en un comunicado tras la liberación que "existen otros casos" de mujeres indígenas injustamente encarceladas. "Gracias a las reformas legales realizadas en Chiapas en los últimos cinco años podrán alcanzar su libertad", aseguró.

Mientras el gobernador se pone a ello, el trabajo sigue para Figueroa, de 57 años y con más de 30 dedicada a la defensa de las mujeres que sufren marginación. Este mes ha logrado que salgan de la cárcel Magdalena Velasco y Rosa Álvaro. Las dos mujeres, también indígenas y analfabetas, acababan de cumplir un año en la prisión de San Cristóbal sin sentencia. Las detuvieron por, supuestamente, matar o intentar matar a sus hijos recién nacidos, aunque ellas los niegan. El trabajo de la abogada para exigir pruebas y un traductor cualificado ha logrado frenar una condena segura. Como Adela, se enfrentaban a una acusación de homicidio en grado de parentesco, con una pena de hasta 50 años.

El delito agravado por relación familiar fue una reivindicación histórica de los grupos feministas que lograron que se cambiara el código penal para que en caso de que un hombre matara a una mujer, la relación familiar no fuese un atenuante —como hasta entonces—, sino un agravante. “Se ha vuelto en nuestra contra. Casi nunca se usa para hombres, pero sí para acusar de homicidio a mujeres que sufren abortos o malos partos”, lamenta Figueroa.

Así fue en el caso de Adela, hasta que ella aprendió a hablar español y pudo contar qué pasó aquel día que acabó entre rejas. O, como diría la abogada, hasta que llegaron las elecciones y apareció el gobernador para hablar de derechos humanos y hacerse una foto.

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