La castración química fracasa

Ningún preso se ha adherido en dos años al programa de inhibidores de la libido en Cataluña

La Generalitat dará a la iniciativa una segunda oportunidad

Alejandro Martínez Singul fue detenido en 2008; reincidió un año después de salir de la cárcel. / GIANLUCA BATTISTA

Ningún preso quiere ser el primero en someterse a la castración química, el tratamiento inhibidor de la libido que desde hace más de dos años está en vigor en las cárceles catalanas. “Si encontrásemos a un primer candidato, quizás otros se animarían. Pero, de momento, ha sido un fracaso”, explica Ramon Parés, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat. Parés admite que la iniciativa ha topado con el rechazo de los internos: hasta ahora, ninguno de ellos ha aceptado seguir el programa, pensado para evitar que los violadores reincidentes vuelvan a delinquir cuando abandonan la cárcel.

 La expresión “castración química”, denostada por los expertos, la situó en el centro del debate público el presidente francés, Nicolas Sarkozy. En 2007, Sarkozy la anunció como una posible medida frente a violadores y pederastas reincidentes que, pese a haber cumplido íntegramente sus condenas, siguen suponiendo una amenaza porque no están rehabilitados. Desde entonces, el debate ha cuajado. Sobre todo en Cataluña, donde una comisión de expertos avaló la posibilidad de que los presos que lo desearan recibieran inyecciones de unos fármacos que reducen la producción de testosterona y, por tanto, el deseo sexual.

“Se generaron unas expectativas exageradas”, admite un alto responsable

La medida empezó a funcionar a principios de 2010. “Si tres personas siguen el tratamiento el primer año ya será todo un éxito”, dijo entonces la exconsejera de Justicia Montserrat Tura (PSC). La exconsejera llegó a anunciar que había encontrado a un candidato entre el reducido número de internos (apenas 40) que cumplían los requisitos para seguir el tratamiento. El hombre, que se hallaba en la última fase de su condena, ya recibía atención psicológica y pronto empezaría la medicación. Después, nunca más se supo de aquel caso.

En realidad, explica Parés, ese supuesto candidato nunca lo fue. El interno cometió una serie de abusos a menores y, en 2000, antes de entrar en la cárcel por esos hechos, comenzó a tomar un fármaco similar al que se suministra en el caso de la castración química. Cuando ingresó en prisión, siguió medicándose. El caso es que, en dos años, ningún preso se ha apuntado a la iniciativa. ¿Por qué?

“A los hombres les preocupa someterse a este tipo de inyecciones. Aunque es cierto que tienen efectos secundarios, entre la población reclusa corren todo tipo de rumores, fundados o no, que les hacen ser desconfiados. Ninguno quiere ser el primero”, sintetiza el director general. Una de las dudas de los internos es saber si, con el tratamiento, pueden mantener relaciones sexuales con sus parejas en las salas bis a bis de las prisiones. “Las dosis se pueden hacer como para que no tengan ningún problema. Pero, aun así, hay muchos recelos”, remacha Parés.

Si fuera obligatorio, “podría funcionar a la larga”, dice una experta

Odette Terol, doctora en Psicología Clínica y Forense, ha trabajado con decenas de agresores sexuales en Estados Unidos, donde se aplica la castración química desde hace 17 años en programas de libertad condicional. Terol admite que los efectos secundarios —“Depresiones, irritabilidad, aumento de las mamas, caída del vello”— pueden generar rechazo entre los internos. “El fármaco inhibe la producción de testosterona y los internos se vuelven muy andrógenos. Algunos piensan que son menos hombres y lo rechazan”, dice la experta. Terol remarca que, al ser un tratamiento voluntario, muchos presos lo abandonan. “Lo dejan a los dos o tres meses porque, entre otras cosas, no les gusta ver cómo aumentan sus pechos”. Si fuera obligatorio, añade, “podría funcionar a la larga”.

Cronología de una polémica

  • Abril de 2005. La Audiencia de Palma de Mallorca rechaza la petición de un violador reincidente, Sebastián Pol Bauzá (autor de 13 delitos de agresión sexual), de someterse a la castración química.
  • Agosto de 2007. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia que someterá a los violadores y pederastas reincidentes a la castración química. Lo hace a raíz de la violación de un niño de cinco años por un pederasta que acababa de salir de prisión, donde le habían suministrado Viagra.
  • Septiembre de 2007. Una comisión independiente de 14 expertos creada por el Departamento de Justicia catalán para afrontar la reincidencia de violadores al cumplir condena empieza a debatir sobre la castración química. De forma paralela, la Audiencia de Barcelona excarcela a José Rodríguez Salvador, conocido como el violador de la Vall d’Hebron, acusado de 17 violaciones.
  • Abril de 2008. La comisión de expertos propone, entre otras medidas, la supresión hormonal reversible voluntaria para los violadores que, al abandonar la prisión, no se hayan rehabilitado. La comisión señala que debe ser en todo caso un tratamiento voluntario.
  • Septiembre de 2009. El Departamento de Justicia aprueba el protocolo sobre el “tratamiento farmacológico coadyuvante” para los internos condenados por violación. Se deja claro que es una medida voluntaria para reducir la producción de testosterona.
  • Febrero de 2010. Tras presentar el proyecto a los responsables de tratamiento de las cárceles catalanas, Justicia empieza la búsqueda de candidatos. Ofrece el programa a unos 40 internos. Ese mes, la exconsejera Montserrat Tura anuncia que uno de ellos está dispuesto a tomar los fármacos antes de salir de prisión, pero el hombre se acaba echando atrás.
  • Marzo de 2012. La Generalitat se propone una revisión crítica del programa tras constatar la inactividad de dos años. Plantea mejorar la formación de los responsables de tratamiento y superar las dudas que el programa causa en la mayoría de los presos. El director de Prisiones, Ramón Parés, cita las causas del fracaso: demasiadas expectativas; programa demasiado selectivo; preocupación de los reos por los efectos secundarios; ausencia de beneficios penitenciarios y falta de formación del personal.

El debate sobre la castración vino motivado por casos de agresores sexuales que salieron de prisión sin estar rehabilitados, lo que causó una gran alarma social. En septiembre de 2007, lo hizo José Rodríguez Salvador, conocido como el violador del Vall d’Hebron, aunque un año después el Tribunal Supremo ordenó que volviera a prisión en aplicación de la doctrina Parot. En junio de 2008, Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample, fue detenido por un delito sexual un año después de salir de la cárcel.

Cuando, en 2009, la Generalitat presentó el protocolo sobre castración química, “se generaron unas expectativas exageradas que no se han podido satisfacer”, admite Parés. Otra de las causas del fracaso, dice, es que la medida va dirigida a un grupo demasiado reducido de presos. En las cárceles catalanas hay 755 internos por delitos sexuales, el 7% del total. La mayoría solo delinque una vez —la tasa de reincidencia de los agresores sexuales es del 5,8%, muy por debajo de la media de los reclusos, del 40%— por lo que no cumplen los requisitos de la iniciativa, dirigida a reincidentes con problemas para controlar su impulsividad. Todo ello redujo la lista de candidatos a 40 internos, que solo pueden participar si están en la fase final de su condena.

A la ausencia de beneficios penitenciarios se suma la “falta de formación” de los profesionales que debían ejecutar el programa. Este se planeó “desde las alturas”, critica Parés. “Ha habido un déficit de participación y quizás no hemos sabido explicar bien los pros y los contras”. En esas condiciones, concluye, el programa “está muerto” a estas alturas, porque no se aplica. “No sé si los funcionarios lo tienen hoy en día en cuenta”.

La Generalitat, sin embargo, no va a suprimir el programa. “Intentaremos resucitarlo”, dice Parés. Una de las razones es que no cuesta dinero: se trata simplemente de mantenerlo en catálogo. En caso de que un preso se apunte, el coste es de 4.000 euros anuales: la mitad para los fármacos y, la otra mitad, para las analíticas. Parés revisará los fallos del programa y se reunirá con los subdirectores de tratamiento de las prisiones para estudiar mejoras. “Démosle otra oportunidad”, dice Parés, que se da un margen de dos años para comprobar los resultados. Si ningún preso se ha apuntado entonces, dice, “quizás sí sea la hora de retirarlo”.

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Redactor de tribunales El País. Barcelona

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