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TRIBUNA

La reforma de la Universidad: preguntas erróneas, respuestas incorrectas

El profesor Ernest Lluch insistía en sus magistrales clases de historia del pensamiento económico, que más de la mitad de la resolución correcta de un problema consistía en formular la cuestión a resolver con rigor metodológico y datos ciertos. Tras escuchar al señor Wert, nuestro ministro de Educación Cultura y Deporte, en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 13 de abril, nos ha surgido una seria preocupación respecto a cuál es la naturaleza del examen al que se somete a la comisión de expertos creada para hacer propuestas sobre la gobernanza, el proceso de selección y acreditación del profesorado y los estudiantes, y la economía y las finanzas de las universidades.

Nada que objetar -todo lo contrario- a contar con el asesoramiento de una comisión de expertos, cuya composición nos merece además la mayor de las consideraciones y respeto, personas todas ellas cualificadísimas y que seguramente conseguirán pasar la prueba con matrícula de honor, aunque el planteamiento del problema a resolver que les ha formulado el señor ministro está plagado de datos erróneos y juicios de intención sobre el actual funcionamiento de la universidad española, que justifican la reforma de la actual gobernanza universitaria.

El señor ministro Wert no ha dejado de preguntarse desde su toma de posesión por qué no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras de los rankings internacionales. Hay que explicarle que los citados rankings se refieren casi exclusivamente a la actividad investigadora, y que de esos primeros 100 puestos, 99 están ocupados por universidades que operan en países con un sector científico-tecnológico (I+D+i) que supera en todos los casos el 2,3% del PIB (llegando a superar el 3% en el caso de USA), mientras que en España el sector I+D+i está en el 1,3% y bajando. ¿Habrá quizás alguna relación de causalidad en esta circunstancia? La única universidad fuera de esa norma es la Universidad de Moscú.

El planteamiento de Wert a los expertos para la reforma universitaria está lleno de datos erróneos

El señor ministro Wert insiste en que la universidad española tiene un 30% de abandono en la enseñanza superior, no es correcto. Existe ese porcentaje de abandono de las titulaciones (en un 70% de los casos para cambiar a otras titulaciones), no de los estudios universitarios, en los que la tasa de abandono es inferior al 12%. Como ya explicamos en su día (El País, 10 de junio 2011) el cálculo del profesor Dolado, que es el que ha puesto números a ese “despilfarro” de 3.000 millones en el sistema universitario español , es erróneo y carece de objetividad.

El señor ministro Wert presenta como una demostración del fracaso de la universidad, que existe un 21% de desempleo entre los universitarios de 25 a 29 años, lo que es desde luego una realidad drámatica, pero un 60% menos drámatica que la del paro juvenil total superior al 50%. Como lo es que la tasa de desempleo de los titulados universitarios sea del 12%, frente al 24% del conjunto del mercado laboral.

El Ministro insiste en que nuestra universidad tiene un 30% de abandono y es inferior al 12%

El señor ministro Wert entiende, y comprobamos que es una moda extendida en las dos “capitales”, que despide un fuerte aroma centralista (sí, también existe el centralismo catalán), que en España se han creado demasiadas universidades, en demasiados territorios. Desde luego el Estado de California no tiene 10 universidades como afirmó rotundamente el señor ministro en la rueda de prensa, sino exactamente 146, es decir casi el doble que en España. Pues bien por aclarar la cuestión, y por citar sólo a los dos países con más universidades en los 100 primeros puestos de los rankings internacionales: en Estados Unidos hay 309 millones de habitantes y 3.277 universidades, es decir una universidad por cada 94.000 habitantes; en el Reino Unido hay 61 millones de habitantes y 241 universidades, es decir una universidad por cada 253.000 habitantes. En España somos 47 millones de habitantes y tenemos 79 universidades, es decir, una universidad por cada 582.000 habitantes. ¿Cuál es el problema?¿Donde está la sobredimensión del número de nuestras universidades? Al contrario, lo que seguramente tenemos es un problema de excesivo tamaño y falta de especialización de nuestras instituciones, que deben consolidarse y especializarse, mejorando -precisamente con ello- su gobernanza y su capacidad de excelencia. ¿A ver cuántas universidades de más de 20.000 alumnos (tamaño medio español) encuentran entre las 100 primeras de los rankings mundiales?

Los datos de la OCDE en Educatión at a glance 2011, sobre rendimiento académico en los estudiantes de educación superior, revelan que un 79% de los universitarios españoles obtiene su diploma en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE.

Y si hablamos de esfuerzo en gasto público, tendremos que reconocer -al menos- que las universidades públicas proveen de estudios superiores a sus alumnos a un coste total significativamente inferior (como mínimo un 25% de media) que el que exigen las universidades privadas a sus estudiantes. ¿No debemos considerar este detalle si hablamos de eficiencia?

Para terminar con los datos, debemos señalar que aunque efectivamente el esfuerzo en becas ha mejorado en los últimos años, seguimos dedicando a ese capítulo la tercera parte que la media de los países de la OCDE.

No, señor ministro Wert. No le han facilitado los datos adecuadamente y -en consecuencia- no dispone usted de un diagnóstico certero de los problemas del sistema universitarios español. Es cierto que hay problemas de baja demanda en muchos títulos (muy acusado en los Masters), de inactividad de una parte de la capacidad científica disponible y, sobre todo, de traslación al tejido productivo de valor añadido para innovar y competir mejor. Pero mal haremos si denostamos, y menos el ministro de Educación de España, lo que funciona más que aceptablemente como la docencia universitaria y la productividad científica. Ambas resisten sin esfuerzo una comparación internacional, invirtiendo en ello un 20% menos de recursos anuales que en la media de la OCDE (1,2 % del PIB, respecto a 1,5% del PIB).

El balance general no es catastrófico como se pretende, ni mucho menos, aunque hay áreas de la actividad universitaria que pueden y deben ser mejoradas. Y efectivamente, la universidad española es un puntal de nuestro futuro y merece una atención reformista de primer orden y la atención prioritaria de la política gubernamental. Los objetivos de ese impulso no pueden ser otros que ampliar la excelencia académica y científica y mejorar mucho el rendimiento social del gasto universitario (público y privado).

Seguramente estamos de acuerdo en que reformar la gobernanza de las universidades (públicas suponemos) ayudaría a ello. Aunque no es un caso único, reconozcamos que hay otras muchas gobernanzas manifiestamente mejorables ¿la de la Unión Europea?, ¿la del sistema financiero? , y un largo etc. con efectos mucho más letales y que requerirían una acción más decidida. Pero si estamos decididos a ello, y parece que lo estamos desde el primer día de la toma de posesión del señor ministro, hay que ser capaces de reconocer que es un tema complejo, delicado, en el que no es fácil acertar, y en el que es posible incluso empeorar.

Puestos de acuerdo en que conviene cambiar el sistema de gobernanza, aspecto que junto con otros son considerados estratégicos en el Documento de la Comisión Mixta de Financiación (26/04/2010), es preciso hacer diana en la elección, y para ello parece lógico imitar a los mejores: mucha autonomía académica, mucha cualificación profesional en los máximos responsables, fuertes capacidades de auto-organización, empezando por la selección de estudiantes, profesores, investigadores y gestores, con un marco laboral a la vez flexible y estable, y la libre fijación de precios y salarios; y siguiendo: más flexibilidad, menos regulación, menos intervencionismo administrativo, menos obligaciones burocráticas y más evaluación externa rigurosa y objetiva., cero de intervención política, menos subvenciones, pero mucha más financiación pública y privada por resultados.

José Antonio Pérez García (UPV) y Juan Hernández Armenteros (UJA) son economistas y expertos en financiación universitaria.