Sanidad sube el copago para bajar el consumo de fármacos

Los pensionistas pagarán por primera vez por los tratamientos

Aunque el Gobierno apuntó un ahorro de 3.000 millones, la medida reportará unos 1.300

 ATLAS

Se acabaron los fármacos gratis para los pensionistas. Y, los demás, pagarán más por su parte. Pero el nuevo sistema, que vincula el porcentaje que se paga a la renta del paciente, con unos topes de pago mensual, implica un desafío mayúsculo para la gestión sanitaria. Habrá que redefinir el nivel de pago de cada uno, con una complicada gestión de datos de Hacienda, sobre todo en un país que después de 10 años de las transferencias todavía no ha conseguido que los distintos sistemas sanitarios estén conectados. La crisis y la necesidad de ajustes en sanidad —unos 7.000 millones— ha sido la causa de esta revolución aprobada ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están presentes las consejerías y el ministerio. Pero, curiosamente, su contribución económica va a ser mínima, según ha admitido la ministra de Sanidad, Ana Mato. Tiene más bien un papel “educativo”, para que los usuarios den valor a los medicamentos que reciben.

El cambio se espera que entre en vigor en un par de meses, una vez se solucionen los problemas legislativos y técnicos, ha dicho Mato. Y los más afectados van a ser los pensionistas. Hasta ahora, estos estaban exentos de pagar (salvo los funcionarios de Muface, que abonan el 30% de los medicamentos). A partir de ahora, deberán pagar, por regla general, el 10% de los tratamientos. Habrá excepciones: no se aplicará a quienes cobren pensiones no contributivas, que son las más bajas. Y habrá tres grupos de copago, en función de la renta. Los que tengan unos ingresos que los eximan de presentar declaración de la renta tendrán un límite de ocho euros al mes. Por cierto que este tope fue fijado por la ministra en 18.000 euros al año, pero, según la Agencia Tributaria, está en 22.000. El resto, hasta unos ingresos de 100.000 euros, tendrá que pagar también el 10% de los medicamentos, pero con un límite de 18 euros al mes. A partir de esa cantidad, pagarán el 20% hasta 60 euros mensuales.

Entre los activos, también habrá un aumento de la aportación. Se quedará en el 40% si gana menos del límite no declarable, y llegará al 50% a partir de ahí. De nuevo, si se superan los 100.000 euros, la aportación sube, y llegará al 60%. Los parados pagarán como los activos, menos los que ya hayan agotado la prestación, que estarán exentos. Mato admitió que esta medida aportará solo unos “cientos de millones de euros”. Y que la implantación del sistema no puede ser inmediata. El PSOE calcula que la medida aportará, como mucho, 1.000 millones de euros. Otros expertos, como economistas de la salud, elevan la cifra hasta los 2.000 millones.

Entonces, ¿de dónde saldrán los 7.000 millones de ajuste? Una primera parte viene de esta medida. Al hacer a la gente pagar, dice Mato, se “pone en valor” el medicamento. Y con ello se espera ahorrar por otra vía: evitando que se despilfarre. La medida de esta conducta la ha puesto la ministra en la devolución de medicamentos que se realizan en los denominados puntos Sigre. Son más de 3.200 toneladas, por un valor de 1.200 millones. Eso no quiere decir que a partir de ahora se va a consumir todo, pero ahí está el valor educativo de la medida.

El resto del ahorro viene de medidas de eficacia. La más destacada y contestada es el control del turismo sanitario. Este término se refiere a una amplia variedad de servicios prestados a extranjeros: a los residentes en España, a los turistas o viajeros, a los que se debe atender en urgencias y luego facturar a sus países, y a los turistas sanitarios propiamente dichos: personas que se empadronan justo el tiempo para recibir la tarjeta sanitaria y luego vuelven a su país para ser atendidos con cargo a la sanidad española. Mato se refirió a un informe del Tribunal de Cuentas alertando de estas prácticas, pero admitió que el problema, más que la picardía, está en que las comunidades no tienen puesto en marcha el procedimiento para cobrar a los países de origen —habló de la trasposición de una directiva, aunque en 2009 se acordó la normativa europea que regula estos supuestos—, y cifró los ingresos por este concepto en unos 1.000 millones.

El resto de las medidas anunciadas tenían un sospechoso aroma a vieja promesa. Por ejemplo, ajustar la dispensación de medicamentos a las necesidades del tratamiento. Esto, conocido habitualmente como unidosis, es una vieja reclamación de las autoridades, y ya desde 2002, con el PP, se han hecho ensayos que no han acabado de funcionar. El último intento, del anterior Gobierno del PSOE, fue que los laboratorios fabricaran envases con las pastillas más habituales (por ejemplo, 21 si se trata de un tratamiento de tres tomas al día durante una semana) y, para completarlo, que fabricaran cajas de una o dos pastillas para ajustar mejor la oferta.

En la misma línea está la generalización de una central de compras. Empezó a funcionar en 2011 para la vacuna de la gripe, después de que las transferencias de 2002 desmontaran el sistema que servía para el Insalud. Para este año se prevé otra compra centralizada para 14 autonomías de vacunas antigripales, con seis millones de ahorro. Pero Mato aspira a generalizar el sistema a toda España y todos los productos, con otros 1.500 millones de ahorro.

Uno de los empeños de la ministra fue recalcar en que no se hacen recortes, sino ajustes. El Consejo, de hecho, no ha revisado la cartera de prestaciones. Pero sí ha establecido tres niveles: el básico, lo que es obligatorio ofrecer gratis en todas las comunidades; el suplementario, para partidas, como la farmacia o las prótesis, para las que ya existe un copago, y la accesoria, para otros extras. Calcula que la armonización de estas dos últimas ahorrará unos 500 millones.

Pero el grueso de los ajustes se espera que venga de donde siempre: de las compras de fármacos. Mato no especificó cómo. Parte de la receta suena a sabida: genéricos, precios de referencia, prescripción por principio activo. Con esto, en 2011 la partida ha bajado un 10%. Pero para conseguir los 3.000 millones (un 30%) con eso no basta. Casi de pasada, la ministra se refirió a negociar a la baja con los laboratorios. La veda ya está abierta con los que acudieron a la subasta de fármacos andaluza. Lo que no se prevé es excluir medicamentos de la financiación por su precio. Sí que se revisará la lista para sacar los obsoletos.

Hubo otras medidas: tarjeta sanitaria electrónica, historia clínica digital... Parece un mantra que se repite, sin que se vea final.

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