El mercado de CO2: negocio para las fábricas, ruina para el Estado

La industria pesada española logra 1.300 millones desde 2008 con los derechos de emisión

En cambio, el Gobierno ha pagado 770 millones para compensar el exceso de los ciudadanos

Chimeneas de la central eléctrica de Belchatow (Polonia). / REUTERS

El mercado de emisión de CO2, que comenzó a aplicarse realmente en 2008, ha resultado un enorme negocio para la industria pesada. Cementeras, azulejeras, ladrilleras..., que funcionan a medio gas por la crisis, han vendido en cuatro años derechos de emisión equivalentes a 1.279 millones de euros, según cálculos realizados por este diario a partir del Registro Nacional de Derechos de Emisión. Mientras, el Gobierno debe compensar el exceso de emisiones de los ciudadanos y en el mismo periodo ya ha destinado 770 millones a comprar derechos en el extranjero y aún necesitará otros 500. El sistema concluye a final de este año.

El sistema europeo de comercio de emisiones afecta en España a unas 1.130 empresas: eléctricas, refinerías, azulejeras... Todas recibieron una asignación gratuita para emitir entre 2008 y final de 2012. Los cálculos se hicieron antes de la crisis, por lo que la asignación era generosa y crecía con el tiempo. Lo que les faltara debían comprarlo en el mercado, de forma que las plantas más eficientes saldrían beneficiadas.

Lo que ocurrió es todo lo contrario. El consumo de cemento acumula una caída en cuatro años del 64% y ha vuelto a niveles de los años sesenta: 20,2 millones de toneladas frente a los 56 de 2007. Algo parecido ha ocurrido con las ladrilleras, azulejeras, y en general todo el sector industrial y especialmente el vinculado a la construcción.

Así, en 2008 la industria española (sin contar a las eléctricas) emitió 12,12 millones de toneladas menos que lo asignado (equivalente a 266 millones de euros al precio medio al que estaba ese año la tonelada de CO2). En 2009, el beneficio fue equivalente a 306 millones, 334,74 en 2010 y 371,6 en 2011. Todo, resultado de combinar los datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente con el precio medio del CO2 en el mercado europeo. En total, la industria pesada ha obtenido unos 1.279 millones de euros.

Cañete: “Dedicamos a esta broma 150 millones al año mientras que a las empresas les sobra”

El sector más beneficiado es el del cemento, que, junto con el de la cal, solo el año pasado tuvo un superávit de 14,48 millones de toneladas de CO2. Algo que, a un precio medio de 12,8 euros por tonelada, equivale a 185 millones de euros.

Aniceto Zaragoza, director de la patronal del cemento, Oficemen, explica que si se produce ese superávit de derechos de emisión es por la grave situación del sector del cemento, y resume: “¿Que puede ser una ayuda? Bueno, pero la venta de CO2 no es nuestro negocio. El nuestro es producir y vender cemento y es lo que nos gustaría hacer. La prueba es que siempre estuvimos en contra de este sistema de asignación”. Añade como muestra que la patronal ha comprado derechos en el Fondo Español de Carbono. “Eso es la prueba del carácter sobrevenido de la situación”. Según Zaragoza, lo que ha ocurrido es que “nadie previó” la dramática caída de la producción de la crisis.

Las cementeras tuvieron un exceso en 2011 equivalente a 185 millones

Hay empresas que en sus balances reconocen los beneficios del sistema. Es el caso de Cementos Portland (del grupo FCC), que en sus resultados de 2011 explica que contabilizó como subvención la asignación gratuita de 4,387 millones de toneladas y emitió realmente 2,225. A un precio medio de 12,8 euros, el beneficio sería de 27,5 millones de euros.

Cementos Molins, por ejemplo, reconoce en su memoria que “la venta de derechos de CO2 sobrantes del periodo vigente ha supuesto un impacto positivo en la cuenta de resultados de dos millones de euros”. Las empresas no tienen por qué haber vendido todo el exceso, ya que lo pueden conservar para el próximo periodo del mercado, el 2013-2020. Pero fuentes empresariales explican que la gran mayoría, al menos de las instalaciones grandes, han vendido para cuadrar los balances en estos momentos.

Si se incluye en el cálculo a las eléctricas, el beneficio de las empresas españolas baja, ya que la quema de carbón para producir electricidad no se ha reducido tanto. En ese caso, las ganancias de todo el sistema equivale a unos 609 millones de euros.

Con la caída de la producción por la crisis, las fábricas tienen excedentes

No es un caso exclusivo de España. Según Bloomberg, ArcelorMittal y Tata Steel consiguieron en 2011 un beneficio de 839 millones de euros en 2011 al no gastar la asignación que tenía repartida por toda Europa.

La paradoja es que el Estado es responsable de las emisiones de los llamados sectores difusos: edificación, transporte, calefacciones, a los que no se les puede asignar una cuota individual. En ese sector de las emisiones no se ha producido apenas descenso, por lo que para cumplir con el Protocolo de Kioto, el Gobierno debe acudir a mercados internacionales a comprar derechos de CO2.

En 2013 el sistema cambia y pasa a una subasta para evitar beneficios

Según explicó en el Senado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el nueve de abril, “España ha invertido 770 millones de euros para adquirir 159 millones” de toneladas. Y de aquí hasta 2014 aún tendría que comprar más de 105 millones de toneladas. El ministro añadió: “Dependiendo de cómo fluctúe el precio de la tonelada, tendríamos que disponer o de 450 millones de euros en el mejor escenario, a cuatro euros, o de 850” millones. Y concluyó: “Tenemos que dedicar a esta broma 150 millones de euros al año, mientras que a las empresas les sobra y algunas hasta equilibran sus cuentas de resultados vendiendo”.

Jordi Ortega, investigador de la Universidad Carlos III, explica que el sistema se ha convertido “en un esquema de subsidios [para la industria]. Ha sido un gran negocio para quien ha vendido”.

Cuando con la crisis comenzó a ser evidente que había un exceso de permisos asignados, ya era tarde para retirarlos. Ya se les había entregado a las empresas. La solución acordada fue esperar a 2013, cuando la mayoría de los sectores tendrán que comprar sus derechos de emisión en una subasta. Las primeras pujas se realizarán este otoño.

Polonia endurece su postura

La política de cambio climático en la UE tiene muchos frentes abiertos. No es solo el posible conflicto comercial con otras potencias por la tasa al CO2 de los aviones. Además, hay un gran debate sobre el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, en sus siglas en inglés). El problema es que con la crisis económica y el exceso de asignación el precio del CO2 se ha hundido. Y si todas las previsiones apuntaban a que la tonelada superaría con creces los 20 euros ahora ronda los siete.

A ese precio, hay poco incentivo para las renovables o la captura de CO2 (en España el año pasado volvió a crecer la generación eléctrica con carbón).

Mientras el Parlamento Europeo, la Comisión y los Veintisiete debaten una posible retirada de derechos para elevar el precio, ya hay un país que ha anunciado que impedirá cualquier medida en esa dirección: Polonia. Varsovia llevó un documento al consejo informal de ministro de la semana pasada en el que muestra su oposición a retirar derechos de emisión: “No podemos juzgar la efectividad del ETS por el precio, igual que no podemos juzgar la eficacia de los aerogeneradores por su aspecto. El crecimiento [económico] volverá y con ellos el precio encontrará su equilibrio”.

No solo eso, sino que Polonia propone incluir en el ETS parte del llamado aire caliente, las emisiones que ahorraron los países del Este por el desplome de la contaminante industria soviética.

Es muy improbable que esa propuesta salga adelante por la oposición de otros países, pero revela la dureza de la posición polaca, el principal opositor a que Europa endurezca su objetivo de reducción de emisiones a 2020 y a la hoja de ruta de la UE para 2050.

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