EL AJUSTE EN SANIDAD

Sanidad derivará a los inmigrantes sin papeles a ONG

La ministra, Ana Mato, afirma que así no quedarán sin cobertura

Las organizaciones denuncian que se cree un circuito de beneficencia

Protesta en Zaragoza de organizaciones que atienden a personas con VIH por el recorte de fondos para la lucha contra el virus. / MEDIOSYSIDA

Después de la alarma creada, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha esbozado, por fin, su respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular: la beneficencia. O, en lenguaje políticamente correcto, “convenios con ONG”. Esa es la solución que plantearon el miércoles Mato y el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, al preguntarles qué iba a pasar con las personas que, después de los recortes sanitarios, quedarán sin acceso al sistema (salvo las urgencias).

“Van a seguir siendo atendidos”, insistió Mato en una entrevista en Radio Nacional. En concreto, la ministra se refirió a enfermos muy graves: aquellos inmigrantes en situación irregular “infectados por el VIH o enfermos de cáncer” tendrán la asistencia sanitaria cubierta a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población”, dijo. No dijo qué pasará con otras patologías menos graves, aunque se supone que la idea es la misma. “La sanidad está garantizada porque somos titulares de ese derecho, el real decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley General de Sanidad sigue vigente al 100 por 100”, añadió Mato, aunque obvió que la ley habla de derecho universal, y el decreto se basa en la idea de aseguramiento. Eso “está previsto en el marco del desarrollo reglamentario”. “Todas las comunidades tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria”, dijo.

Mato y Echániz coincidieron en lo que dijeron. Y también en lo que no aclararon. Porque la atención así a estos colectivos tiene problemas para los que ni fuentes del PP ni portavoces de Sanidad dan respuesta. El primero, que si hay que dar fondos a las ONG para atender a los inmigrantes, los posibles recortes de la medida se pierden. El segundo es que no es que un servicio sanitario no es solo dinero.

Un caso claro podría ser el de los tratamientos contra el VIH, que solo se dispensan en España en centros hospitalarios. Un tratamiento de primera línea (el que se da al principio de la infección) tiene un precio de venta al público de unos 8.000 euros anuales. Pero aunque el afectado pudiera pagarlo, su categoría de medicamento de uso hospitalario impide que pueda comprarse en una farmacia convencional. Y estos tratamientos deben tomarse durante toda la vida, y, además, la tendencia es darlos cada vez antes, no solo porque benefician al afectado, sino porque es la mejor prevención. Algunos tratamientos oncológicos tienen la misma consideración, y suponen el mismo problema.

Para conseguir que los afectados siguieran recibiendo la medicación, habría que arbitrar un método para que las personas sin tarjeta pudieran acudir a la farmacia hospitalaria. O darlos fuera. Y esto nunca se ha conseguido. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Sanitario de Sandoval, de titularidad municipal, no lo ha logrado. Aunque atiende a una población que entra de pleno en la categoría de excluidos, ya que no se pide ningún tipo de papel. Pero, como dice el médico Jorge del Romero, del centro, una de sus limitaciones ha sido siempre que, cuando los pacientes empeoran y necesitan medicación, tienen que derivarlos a hospitales públicos, ya que ni siquiera a ellos, especializados en enfermedades de transmisión sexual, les está permitido dispensar los antivirales.

Pero el anuncio de Ana Mato tiene otra vertiente, que podría calificarse de irónica si no fuera dramática. Siempre siguiendo con la infección por VIH, que se puede tomar como ejemplo de lo que sucede en general y cuya relevancia hace que el propio ministerio tenga un Plan Nacional al respecto (lo que no sucede con ninguna otra patología), llega justo al día siguiente de que Seisida, la mayor organización sociosanitaria de afectados por este virus, que agrupa tanto a personal sanitario como a ONG, denunciara los recortes que van a dejar sin seguimiento y atención (en campos que no incluyen la medicación) a muchos afectados.

Esta mañana la protesta fue llevada a la calle por más de 300 ONG —teóricamente, las que deberían prestar ese servicio—. Estas creen que los recortes en el presupuesto del Plan Nacional o el hecho de que este no tenga titular desde que llegó Mato, son prueba de la falta de interés del ministerio, que ahora acude a ellos. “Desde luego, el anuncio de Mato es sorprendente, sobre todo cuando desde que está en el ministerio no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones”, afirma Santiago Redondo, responsable de Salud de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, una de las organizaciones cuyos asociados serían candidatos a dar este tipo de tratamientos. Por eso, para Redondo, el anuncio de Mato es “un brindis al sol para lavarse la cara ante las críticas”.

Una organización especializada en atender a población excluida, como Médicos del Mundo, también manifiesta su sorpresa. “No nos han dicho nada”. Y plantea muchas dudas acerca de los posibles convenios. “¿A qué atención sanitaria se refieren?”, dice su director, Álvaro González, quien es, además, médico. “Porque una cosa es dar información, pero dar tratamientos o hacer seguimiento es inviable”, afirma.

Además, “esto plantea dos servicios paralelos; uno público, con una calidad estándar para los españoles, y otro de pura beneficencia, con inseguridades, para los demás. Y eso no asegura el seguimiento, no que sea universal, no que se pueda dar una cobertura en equidad”, añade González. “Y nosotros estamos conceptualmente en contra de esto”.

Redondo coincide en la discrepancia entre lo que se les propone y su línea de trabajo. “Hoy por hoy no tenemos capacidad para dar una atención integral. Y, además, tendríamos que hacer una reflexión sobre si queremos participar en un sistema paralelo. Siempre hemos trabajado para incluir a la población atendida en la red sanitaria pública, no para mantener su exclusión”, afirma.

Y, aun así, queda la duda de la capacidad práctica. “En temas como el VIH no se puede hacer una atención integral sin medicación. Y, además, hay dudas legales. Cuando ni siquiera las farmacias convencionales pueden dar la medicación, ¿van a dársela a una ONG para que la distribuya?”, se pregunta.

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