EE UU aplica por primera vez medidas para evitar abusos sexuales en las cárceles

Cada año, 216.000 reclusos son víctimas de agresiones

Reclusos de una prisión de California. / AP

El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado un plan detallado de medidas para implementar la Ley para la Eliminación de la Violación en las Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2003, e imponer así la tolerancia cero con los abusos sexuales en las cárceles del país. Con su entrada en vigor, casi una década después, se trata de controlar, prevenir y reducir el número de reclusos víctimas de agresiones sexuales por parte de otros internos o de los funcionarios de prisiones.

En los centros penitenciarios de EE UU hay 2,3 millones de presos, de los que 216.000 sufrieron abusos sexuales en 2011, según datos del Departamento de Justicia. “La violación en las prisiones es mucho más que una estadística para los que tenemos que vivir con ese estigma. Es un tipo de violencia que debe terminar”, explica un antiguo preso por correo electrónico cuyo testimonio ha sido facilitado por la organización Just Detention International.

Las cifras evidencian el grave problema que se vive en las cárceles de EE UU y la necesidad de adoptar medidas para prevenir y proteger a los reclusos. “En la cultura popular las violaciones en las cárceles son objeto de broma y se considera algo inevitable e incluso merecido”, indica la Exposición de Motivos de los Parámetros Nacionales parea Prevenir, Detectar y Responder a las Violaciones en las Prisiones, unas indicaciones que desarrollan el contenido de la PREA, cuya entrada en vigor estaba prevista en 2010.

Los puntos débiles

Ley para la Eliminación de la Violación en las Prisiones (PERA) tiene varios puntos débiles que las asociaciones se han apresurado a denunciar. El Gobierno, contrariamente al mandato del Congreso, ha decidido excluir del ámbito de aplicación de la norma a los centros de detención de inmigrantes, si bien es cierto que el mismo día en que se publicó la disposición, Obama emitió un Memorándum que obligaba a todas las agencias federales a adoptar las reglas de la PREA en sus respectivos centros de detención en menos de un año.

Los centros de detención de inmigrantes dependen directamente del Departamento de Estado, que ya ha anunciado que aplicará sus propias medidas de prevención de abusos sexuales en 120 días. En EE UU hay 250 centros de detención de inmigrantes y, desde 2007, según datos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se han denunciado unos 200 casos de violaciones.

De acuerdo con el texto de la ley, la PERA solo vincula a las prisiones y cárceles federales y estatales, los centros de detención de menores, los correccionales y los calabozos de policía dependientes del Departamento de Estado y solo afectará a quienes tengan condena en firme y estén entre rejas.

Joanne Lin, consejera en asuntos de inmigración de ACLU, llama la atención sobre la indefensión a la que se encuentran sometidas las personas internadas en esos centros. “El mensaje que se lanza desde la Administración es que la población latina, que es la que mayor presencia tiene en esos recintos, no merece la misma protección que el resto de los reclusos”, se lamenta en un correo electrónico.

La implementación de la PREA, la semana pasada, ha sido recibida con entusiasmo por parte de las asociaciones de derechos civiles que durante estos años han colaborado con el Departamento de Justicia y con algunos centros penitenciarios para desarrollar el contenido de la norma. “Hemos trabajado duro para conseguir una ley que recorte de manera radical el número de violaciones en las prisiones”, explica en un correo electrónico Lovisa Stannow, la directora ejecutiva de Just Detention International, una asociación fundada en 1980 por un exconvicto víctima de violación.

Entre las medidas que recoge la ley se encuentra la obligación de confinar en celdas seguras a los “reclusos vulnerables” -gais, lesbianas, bisexuales o transexuales, según especifica la norma-; formar a los funcionarios y al equipo médico para que puedan detectar y prevenir posibles casos de abusos sexuales entre los internos; facilitar a las víctimas acceso a asesores; impedir que los menores compartan celda con presos mayores de edad, así como prohibir los cacheos a mujeres y transexuales por parte de personal masculino.

La norma facilitará a los reclusos la posibilidad de denunciar los abusos sexuales sufridos a manos de los funcionarios de prisiones. Hasta ahora, éstos prácticamente gozaban de inmunidad ante las acusaciones de los internos, gracias a la Reforma de la Ley de Litigios en las Prisiones. Esta norma, aprobada en 1996, únicamente otorgaba a los presos víctimas de violación 20 días para denunciar y completar el farragoso proceso de pasar por todas las instancias carcelarias –algunas incluso frente al propio abusador- antes de llegar al juez. En varias ocasiones, según denuncia ACLU, los magistrados han rechazado una demanda simplemente por no haber sido presentada a tiempo.

La PREA elimina el límite de 20 días y, además, autoriza a los familiares y abogados de los reclusos a iniciar los trámites de denuncia e impone a los centros penitenciarios una supervisión trimestral, realizada por entidades independientes, para garantizar que los internos no estén siendo coaccionados u obligados a cumplimentar las instancias a las que obligaba la Reforma de la Ley de Litigios en las Prisiones para formular las demandas por abuso sexual.

El Departamento de Justicia publicó este lunes los Parámetros Nacionales parea Prevenir, Detectar y Responder a las Violaciones en las Prisiones, justo el mismo día en que se dio a conocer la primera encuesta sobre exconvictos elaborada por la Oficina de Estadística Judicial. Según ese estudio, uno de cada diez reclusos sufrió abusos sexuales durante su estancia en la cárcel, el 5,4% a manos de otros presos y el 5,3% a manos de los funcionarios, una cifra que se multiplica por cuatro en el caso de los homosexuales, las víctimas más vulnerables, de acuerdo con el informe.

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