Bruselas toma partido por las renovables frente a las grandes eléctricas

La Comisión critica la moratoria a la energía limpia del Gobierno y la “compensación excesiva” a nucleares e hidráulicas por estar “ya amortizadas”

Central termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

La Comisión Europea ha realizado un diagnóstico sobre el sector eléctrico español que podrían haberlo firmado los mayores defensores de las renovables. Bruselas no solo critica el parón de las energías limpias impuesto por el Gobierno, sino que destaca que los consumidores pagan en exceso a las nucleares y las grandes hidráulicas, que “ya están amortizadas”, y que las subvenciones al carbón son “ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente”. Esa ha sido durante años la base de los argumentos del sector de las renovables.

El déficit de tarifa acumulado suma ya los 24.000 millones de euros (lo mismo que costará el rescate de Bankia). La Comisión, en su borrador de evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno de Rajoy, lo atribuye a que “el sistema de tarificación de la electricidad en España sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente”.

Y añade: “Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han traducido en menores precios, por lo que obstaculizan el crecimiento económico”.

Esa es la principal batalla entre las eléctricas tradicionales (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, agrupadas en la patronal Unesa) frente a las de renovables (Acciona, Abengoa con apoyo de grupos como la Fundación Renovables y los ecologistas). Las eléctricas, que afirman que el déficit de tarifa se debe a las generosas primas a las renovables (6.598 millones en 2011), reclamaron con éxito una moratoria.

La medida “hará difícil que España alcance” el objetivo europeo para 2020

Las empresas de renovables sostienen en cambio que ese déficit se debe a que durante lustros las nucleares y las centrales hidroeléctricas han cobrado de más a los consumidores. Desde 1997, el sistema de fijación de precios de la electricidad establece que todas las centrales cobran al precio de la última tecnología necesaria para cubrir la demanda de electricidad en cada momento. Es decir, las nucleares se ofertan a precio cero pero acaban cobrando el que fija el mercado. La mayoría de las horas del año las presas o las nucleares reciben la misma retribución que la electricidad producida por una central de gas recién construida. Eso genera los llamados beneficios extraordinarios o caídos del cielo.

Como prueba, Endesa e Iberdrola reclamaron en la Audiencia Nacional que el lucro cesante en caso de cerrar la nuclear de Garoña en 2013 sería de 951 millones de euros. Garoña es la central más pequeña de España, con una potencia menor a la mitad que cualquier otro reactor.

“El déficit de tarifa es contabilidad creativa, como la de Bankia”, opina García Breva

El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, opinó sobre el diagnóstico de la Comisión: “Asumo todo lo que dice. Chapó. Yo añadiría que a la falta de competencia hay que sumar la falta de transparencia en el mercado energético. Nadie puede explicar el déficit de tarifa porque es contabilidad creativa, como la de Bankia”.

La respuesta de Unesa fue distinta. La patronal cree que el documento demuestra un desconocimiento profundo del sector eléctrico español. Las eléctricas han defendido durante años lo barata que era la energía nuclear, pero ante el temor de un impuesto a su producción han cambiado el discurso. “Quien diga que la energía nuclear es barata es que no sabe de lo que habla”, declaró el pasado febrero el presidente de Unesa, Eduardo Montes. Las hidroeléctricas, por su parte, tienen concesiones de décadas (buena parte de ellas, concedidas por Franco) y no pagan por el agua que utilizan para generar electricidad. Así que un año húmedo eleva sus beneficios.

El anterior Gobierno se negó a atajar la retribución de estas tecnologías, aunque el PSOE sí llevaba en su programa electoral de 2011 un “canon” a la hidroeléctrica y la nuclear “para financiar las actuales energías renovables”.

El diagnóstico de la Comisión no solo es relevante por el contenido, sino por el momento en el que llega. El Ministerio de Industria está preparando una regulación para atajar el déficit de tarifa y estudia algún tipo de impuesto o rebaja de la retribución a las nucleares y las hidráulicas.

La primera medida para frenar el galopante déficit de tarifa del ministro José Manuel Soria fue la de establecer una moratoria a las renovables para reducir las primas. España fue de los países pioneros en renovables, que en 2011 cubrieron un tercio de la demanda eléctrica.

La Comisión Europea no ve con buenos ojos la moratoria. “La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020”, advierte. Y añade que “con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79% (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54%)”.

En lugar de una amnistía, Bruselas pide una “simplificación de los complejos procedimientos de autorización y planificación y la supresión de otros obstáculos al desarrollo de las energías renovables".

Olvido ambiental

En el programa de reformas que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea hay una ausencia que a Bruselas le ha llamado la atención. “La política medioambiental se pasa por alto en el programa nacional de reforma y España sigue retrasada respecto de otros países de la UE en la aplicación de la legislación medioambiental”, afirma el borrador de la evaluación.

El texto entra también en la gestión del agua y pide al Gobierno que se comprometa a reformar el sistema de concesiones de agua, porque actualmente “no existen incentivos suficientes para su utilización eficiente, lo que causa una utilización insostenible de este recurso”. Bruselas lleva tiempo pidiendo que España cargue el precio real del agua a los agricultores para reducir la sobreexplotación de acuíferos. Además, esto facilitaría el uso de las desaladoras (pagadas con 1.500 millones de dinero europeo y que el año pasado funcionaron solo al 16%).

En su repaso a la política ambiental, la Comisión destaca la posibilidad de mejorar el reciclaje de residuos urbanos. Y asegura, asimismo, que “una aplicación plena de la legislación existente podría crear más de 54.000 puestos de trabajo y aumentar el volumen de negocios anual del sector de residuos en aproximadamente 5.700 millones”.

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