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Los rectores rechazan el endurecimiento de los requisitos para obtener becas

Los responsables de las universidades y Educación retoman el diálogo tras el plantón a Wert

Se retrasa dos cursos el examen oral de lengua extranjera en Selectividad

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, reunida con los rectores de las universidades españolas.

Hoy sí. Los rectores de las universidades españolas y el Ministerio de Educación se han reunido y han escenificado en una conferencia de prensa conjunta el reinicio del diálogo, roto la semana pasada tras el plantón que los responsables de los campus dieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por negarse a discutir los recortes decretados en los campus. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha presidido en ausencia de Wert -tenía Consejo de Ministros- una cita en la que se ha acordado tratar las medidas de ahorro en un Consejo de Universidades extraordinario que se celebrará el 7 de junio.

El orden del día del encuentro de hoy ha sido el mismo que el de la reunión de la semana pasada que no tuvo lugar por incomparecencia de los rectores, esto es, se ha hablado, entre otras cosas, del nuevo de decreto de becas, que endurece las condiciones académicas para obtenerlas y mantenerlas. Los rectores han informado al respecto negativamente, cosa que el ministerio tendrá en cuenta, según Gomendio. La norma establece que para conseguir una beca general habrá que tener, como mínimo, una nota media de 5,5, y de 6 para obtener las becas salario, las más cuantiosas para las familias con menos recursos. Para mantener después la beca, los alumnos deberán aprobar el 90% de las asignaturas matriculadas para las generales y el 100% para las becas-salario. Eso para todas las carreras menos para Arquitectura y las ingenierías, en las que se necesita un 65% para ayudas generales y un 85% para las más cuantiosas.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE), Adelaida de la Calle, que compareció junto a Gomendio, explicó los reparos de los responsables de las universidades: endurecer la concesión de ayudas en el contexto actual puede ser un duro golpe para las familias. Además, insistió en que no creen que tenga sentido separar los requisitos para obtener beca general de beca-salario, pues la diferencia para obtener esa última ayuda no es de merecimiento, sino porque son familias más pobres.

Gomendio, por su parte, defendió que hay que pedir a los estudiantes un esfuerzo equivalente al que hace la sociedad al mantener el presupuesto este año para las becas generales a pesar de la situación de crisis. Aunque también deslizó la idea de que, si no se endurecieran los criterios, ese dinero no llegaría para cubrir todas becas. "Para poder asegurar que todos los estudiantes que estén por debajo de un umbral de renta, que no se modifica, puedan acceder a los estudios universitarios, lo único que hemos hecho es aumentar a un 5,5 el nivel de exigencia del rendimiento académico. Y así garantizamos que todos los estudiantes que estén por encima del 5,5 puedan acceder a los estudios universitarios con el mantenimiento de esta partida presupuestaria", dijo. La cuestión es que, por la situación de crisis, es más que previsible que haya más estudiantes por debajo del umbral de renta que le confiere derecho a beca, con lo que, con el mismo dinero del año pasado, no llegaría para todos, teniendo en cuenta, además, que los presupuestos iniciales para ayudas se suelen quedar cortos y la administración los ha de completar con partidas extra, pues la beca es un derecho de todo el que cumpla los requisitos fijados.

Por otro lado, los rectores sí respaldaron el retraso de la prueba oral de idioma extranjero en Selectividad, que tenía que entrar en vigor este año, hasta dentro de dos cursos, porque las universidades no están preparadas todavía para llevarla a cabo. Dada la complejidad de esa prueba, dijo la presidenta de Conferencia de Rectores de la Universidades Española (CRUE), Adelaida de la Calle, los responsables universitarios han lanzado la idea de que sean los propios institutos los que la realicen. 

Decreto de ajuste

El decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado abril pretende que las comunidades recorten 3.000 millones en educación el próximo curso y afecta de lleno a la Universidad: se permite aumentar el precio de las matrículas universitarias hasta 660 euros (ahora cuestan una media de 1.000), y más para los repetidores, se aumenta la carga lectiva de los profesores que no acrediten calidad investigadora, entre otras.

Los rectores querían abordar los recortes (asistirían al encuentro ordinario si Wert se comprometía públicamente a celebrar la otra reunión). Tras ser rechazada su petición, los responsables de los campus decidieron el pasado miércoles dar plantón al ministro “por la falta de respeto a la comunidad universitaria” que suponía no atender a sus peticiones, según el comunicado aprobado por unanimidad por la CRUE que reúne a 75 de los 79 campus españoles (en la reunión en la que se aprobó el plantón estaban presentes más de 60).

Así, tras semanas de tensión, y un día de tiras y aflojas, se escenificó la ruptura entre rectores (que llegaron a pedir reunirse directamente con el presidente, Mariano Rajoy) y el ministro Wert. El día siguiente continuaron las acusaciones cruzadas de irresponsabilidad y de falta de respeto hasta que Gomendio, ya a última hora, anunció que el ministerio accedía a la demanda de los rectores: se celebraría la reunión extraordinaria (la de hoy) y después el encuentro monográfico sobre los recortes.

Los rectores tenían mucho interés por tratar este tema (habían lanzado un comunicado a primeros de mayor en el que se quejaban de no haber sido ni siquiera informados de las medidas del decreto ley y pedían una reunión urgente para estudiar la norma), entre otras cosas, aseguran, porque tiene fallos técnicos. Por ejemplo, porque se utiliza para hablar de las clases de los docentes una medida que incluye las horas de trabajo en su casa de los universitarios.

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