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Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras ‘sin papeles’

Solo se financiarán las interrupciones por indicación médica

La medida se inscribe en el recorte de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

Realización de una ecografía en una clínica que practica interrupciones de embarazo.

Tampoco el aborto se libra del recorte en la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España. Cuando entren en vigor las limitaciones, el 1 de septiembre, las inmigrantes sin papeles perderán el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita en las primeras 14 semanas (tal como establece la Ley de Salud Sexual y Reproductiva). Desde entonces, esas mujeres solo podrán acceder sin coste a esa prestación —ahora en la cartera básica que debe ofrecer la sanidad pública— cuando se deba a motivos terapéuticos, asegura una portavoz del Ministerio de Sanidad.

Así, las extranjeras en situación irregular solo podrán abortar sin coste económico para ellas “por malformación del feto o peligro para la salud de la madre”, concreta la portavoz. Cree que también podría seguir siendo gratuito cuando el embarazo sea fruto de violación. Lo que sí está decidido es que quede fuera de la financiación pública para las mujeres en situación irregular el aborto gratuito debido, en exclusiva, a la voluntad de la madre.

“Será una marcha atrás enorme”, asegura Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a 135 organizaciones contrarias a la reforma restrictiva del aborto que plantea el Gobierno. La exclusión de las mujeres sin papeles del acceso al aborto libre y gratuito en las primeras 14 semanas las dejará al albur de “la beneficencia” y en riesgo de caer “en circuitos no seguros”, añade. También puede retrasar la práctica de la intervención, más peligrosa cuanto más avanza la gestación. El precio de un aborto en el primer trimestre de embarazo —cuando se practica la gran mayoría— se sitúa entre los 300 y los 350 euros, concreta Serrano.

Esa posibilidad de interrumpir la gestación sin aducir motivos en las primeras 14 semanas es, precisamente, una de las grandes novedades de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. La sanidad pública quedaba obligada a financiar esta práctica (también hasta las 22 semanas si hay malformación del feto o riesgo para la madre; por encima de ese plazo, solo se practica si el feto sufre enfermedad grave o incompatible con la vida). El derecho para las extranjeras en situación irregular era igual que para las españolas, ya que las primeras tenían derecho a la sanidad pública por el hecho de empadronarse.

"Es un paso atrás", dice la plataforma contra el cambio de la ley de interrupción del embarzo

La restricción se enmarca en la reducción del gasto sanitario, anunciada el pasado abril. Esa reforma se lleva por delante el derecho a la asistencia gratuita de cualquier extranjero por estar empadronado en España. A partir del 1 de septiembre, será preciso tener la situación en regla y los ciudadanos sin papeles solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo (y probablemente en el caso de algunas enfermedades graves como cáncer o sida, pero el desarrollo normativo de esto sigue pendiente). Los niños recibirán atención hasta los 18 años. “El aborto es una urgencia y, también, un embarazo”, plantea Serrano. Alerta de que la decisión afectará a las mujeres que están en peor situación socioeconómica.

Con la limitación del acceso a la sanidad pública por parte de las personas en situación irregular, el Ministerio de Sanidad espera ahorrar al menos 500 millones de euros, según la ministra del ramo, Ana Mato. En esa cantidad figurará cierto pellizco de las interrupciones de gestación a extranjeras: son cuatro de cada diez mujeres que acuden a abortar —113.031 en total en 2010—, si bien se ignora cuántas estaban en situación irregular.

En Sanidad aseguran que la medida se toma al margen de la reforma sobre la práctica del aborto que prepara el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es partidario de limitar el derecho a la interrupción del embarazo. Por su parte, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, dejó la puerta abierta a que en un futuro inmediato solo se costearan los abortos por criterio médico, según dejó entrever a comienzos del pasado mayo. Así, quedarían fuera la inmensa mayoría de estas intervenciones, al margen de la situación legal o la nacionalidad de las mujeres. Pero Justicia no ha dicho la última palabra: confía en tener hilvanada la reforma como pronto en otoño.

Para la plataforma, formada por organizaciones de mujeres, del ámbito sanitario, sindicatos y clínicas de aborto, la decisión de Sanidad apunta sobre cuáles podrían ser las líneas de la reforma “restrictiva” que quiere hacer el Gobierno.