Adiós al curso, adiós a la escuela

Los centros despiden un año convulso a la espera de recortes más profundos

En Cataluña cierran siete centros; en Castilla-La Mancha, 71 aulas rurales

Las profesoras de la escuela Esparraguera II (Barcelona) embalan los enseres del centro que cierra sus puertas por los recortes. / TEJEDERAS

La escuela Esparraguera II (Barcelona) estaba el pasado jueves patas arriba. Decenas de cajas y embalajes ocupan los espacios hasta ahora propiedad de juguetes, colores y dibujos. Mientras unas profesoras preparan el paquete de regalo que entregarán a los niños al día siguiente en la fiesta de final de curso, otras apilan las cajas o descuelgan las pizarras. Hoy los camiones de mudanza irán a llevarse los paquetes. La escuela ni se traslada ni está de reformas, simplemente cierra.

Este centro del municipio de Esparraguera es una de las seis escuelas catalanas que echan el cierre por orden de la Generalitat, que aduce un descenso demográfico que los afectados, en muchos casos, niegan. Además, otros cuatro centros se empezarán a desmantelar en septiembre, empezando por la supresión del primer curso de infantil. La escuela concertada tampoco se libra: al menos un centro barcelonés ya ha anunciado que en septiembre no reabrirá sus aulas.

La despedida del colegio Esparraguera es una de las más vivas imágenes del momento en el que se encuentra la educación española, marcada por los recortes y las protestas contra ellos que han hecho de este que ahora termina uno de los cursos más convulsos que se recuerdan; ha habido una huelga general en casi toda España en todas las etapas y decenas de movilizaciones en la mayoría de comunidades. Además, Cataluña ha sido una de las autonomías pioneras en los recortes, iniciados con el cambio de Gobierno en la Generalitat a finales de 2010.

Dos años después, las aulas de ninguna comunidad se libran de las tijeras, empujados por la necesidad de alcanzar los objetivos de déficit y por un decreto de ajustes dictado el pasado abril por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que obliga a aquellas regiones más remolonas a la hora de meter la tijera.

Las autonomías impulsan medidas como la FP superior de pago

Las cuentas aún no están del todo claras, pues las comunidades (de quien depende la inmensa mayoría del gasto escolar) siguen perfilando sus medidas concretas; pero los objetivos son cristalinos. A los más de 3.600 millones que habían perdido los presupuestos educativos entre 2010 y 2011, se suman los otros 3.000 millones que prevé el decreto del ministerio. Y, en todo caso, aún faltarían entre 3.000 y 4.000 millones más para cumplir la previsión que el Gobierno central mandó a Bruselas de reducir el esfuerzo público en educación del 4,9% en 2010 al 3,9% en 2015.

Así, el próximo curso que arrancará en septiembre se presenta aún más convulso que el que ahora termina. El sindicato FETE-UGT calcula que los presupuestos se reducirán entre el 25% y el 30% y que el recorte de plantillas será de cerca de 100.000 profesores, entre la pública y concertada. El ministro Wert —que ha asegurado que los ajustes apenas afectarán a la calidad del sistema— ha insistido en que esos cálculos son muy exagerados, sin embargo, las centrales se reafirman a medida que se van conociendo las medidas de recorte de las comunidades.

Estas amortiguan el impacto al darse a conocer con cuentagotas y dispersas entre las autonomías, pero vistas todas juntas —UGT las ha reunido en un documento— dan la imagen clara de un próximo curso aún más convulso que este. Por un lado, está el decreto del Gobierno central, concentrado básicamente en dar herramientas para reducir el número de docentes interinos. Se aumentan las horas lectivas (hasta un mínimo de 25 horas en primaria y 20 en secundaria) y se restringe el nombramiento de sustitutos hasta el undécimo día lectivo. Y los que se quedan, cobrarán menos. Según la UGT, los empleados públicos ya han perdido un 13% de poder adquisitivo desde el inicio de los ajustes en 2010.

El aumento de las horas lectivas y la limitación de las sustituciones son medidas de obligado cumplimiento y se aplicarán en todas las comunidades (menos en País Vasco).

Los sindicatos alertan de problemas de convivencia en las aulas masificadas

Otros recortes, en cambio, se plasmarán de forma distinta, como el aumento de hasta el 20% de las ratios, que ha fijado el techo en los 30 niños por aula en primaria, 36 en secundaria y 42 en bachillerato. Andalucía, País Vasco y Galicia se han negado a aplicar esta medida que masificará las aulas y provocará el cierre de grupos (en Cataluña, al menos 160 entre la pública y la concertada).

Pero no todos los recortes están impulsados por el Gobierno central. Las comunidades han desarrollado medidas propias, según sus realidades. Cataluña impondrá una matrícula de 360 euros en la FP superior (a la que se accede después del Bachillerato), con lo que espera recaudar unos 16 millones. En Madrid, estos cursos en la pública costarán 250 euros. En Castilla-La Mancha y Galicia, con una población dispersa, se cerrarán escuelas rurales (71 en la primera comunidad).

Además, la inmensa mayoría de los docentes de la pública (y en algunos casos de la concertada) dicen adiós, al menos de momento, a todo tipo de complementos salariales, desde sexenios a los que se dan por ser tutor o jefe de departamento. La formación docente también estará bajo mínimos, con disminuciones o cierres de buena parte de los centros de profesores (en Aragón o Castilla-La Mancha, por ejemplo). Las becas de comedor y de libros de texto también sufrirán mordiscos (en Canarias y Madrid se reducen en 14 y 26 millones respectivamente). Sin contar que todas las comunidades seguirán reduciendo el dinero para los gastos de los centros. Así, el próximo curso empezará con aulas más llenas, menos profesores y peor pagados. Los sindicatos advierten de un incremento en los problemas de convivencia en las aulas debido a la masificación, así como de la desazón que puede generalizarse entre el profesorado.

Con esa tristeza y preocupación acaba el curso Ana Ledesma, profesora interina (con futuro incierto) en la escuela Esparraguera II, que ve cómo la Generalitat ha borrado de un plumazo el proyecto singular de esta comunidad de aprendizaje, que defiende un sistema pedagógico más flexible y donde los padres tienen una mayor implicación. Lo último que han recogido en esta escuela son los dibujos de los niños que decoraban las paredes. “Las familias pedían entre lágrimas que no los quitáramos hasta que los niños dejaran la escuela. Les cuesta asumir el final”, explica apesadumbrada Sandra Gallardo, directora del centro.

Las páginas de Educación dejarán de publicarse durante las vacaciones veraniegas. Se reanudarán en septiembre.

Sin tasas universitarias

A pocas semanas de la apertura del proceso de matriculación de los universitarios para el próximo curso, los alumnos todavía no saben cuánto les va a costar estudiar, ni si se lo podrán permitir, ya que el fuerte aumento de tasas y el endurecimiento de condiciones para acceder a una beca puede suponer un obstáculo insalvable para muchas familias. El decreto Wert fija que las matrículas tendrán que cubrir entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios. En la práctica, esto puede significar un fuerte impacto en los precios. En aquellas comunidades (que son las que fijan el importe de las tasas) que decidan acogerse a la parte alta de la horquilla, el aumento podría ser del 66%.

Muchos Gobiernos autónomos ya han expresado su rechazo a aplicar semejante incremento. Durante la Conferencia General de Política Universitaria celebrada hace dos semanas entre el ministerio y las comunidades, Extremadura, Galicia, Andalucía, País Vasco y La Rioja aseguraron que solo subirán la primera matrícula en torno al 2%. El resto de autonomías revelaron sus variadas intenciones, que oscilan entre el aumento de unos 60 euros de Murcia, a los 180 euros de Castilla-La Mancha o los 400 euros de la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Pero ninguna de ellas ha publicado aún los precios oficiales.

Cataluña (que siempre ha apostado por el incremento máximo, unos 800 euros) se desmarcó y anunció la implantación de un sistema de tarificación social. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dijo que también se lo está planteando, pero aún no ha dado más detalles. La Generalitat, por su parte, asegura que ya tiene lista la escala de precios que aplicará según el nivel de renta, pero aún no se lo ha contado a los rectores.

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