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El Gobierno dejará de cotizar por las cuidadoras de la Dependencia

Unas 178.000 personas completaban así una futura pensión de jubilación

El copago del dependiente será mayor porque se tomará como referencia solo el 75% del IPREM.
El copago del dependiente será mayor porque se tomará como referencia solo el 75% del IPREM.

El Gobierno dejará de cotizar a la Seguridad Social por aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente, en su mayoría mujeres. Desde hace algún tiempo se venía hablando de “revisar en profundidad” esta cuestión. Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico ya lo dan por hecho: se suspenden las cotizaciones “mientras se estudian otras alternativas”. La medida afectará —con datos actuales— a 178.300 personas, que completaban con estas aportaciones del Estado otros años cotizados para tener acceso a una futura pensión.

Aunque los cuidadores familiares son muchos más, cerca de 428.000, los que ya cotizan por otros empleos o son pensionistas no estaban incluidos en estas cotizaciones. El Gobierno considera que no es acorde con el espíritu de la ley que se aporte dinero público para personas que no son dependientes (estos ya reciben su prestación económica). Por otro lado, insisten en que estos casos no pueden considerarse como empleo generado. Y añaden un dato: del total de altas en la Seguridad Social en el sector de servicios sociales el 63% correspondieron a cuidadores no profesionales (familiares) entre 2007 y 2012. Y han supuesto 1.047 millones en ese periodo. Bien es cierto que es dinero que no sale del Estado. Lo pone un ministerio y cae en otro.

Desaparecen los niveles en los que se dividían los tres grados de gravedad

La segunda reforma que se da por hecha es la eliminación de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia. A partir de ahora —la reforma se presentará en Consejo de Ministros previsiblemente la semana que viene— solo habrá grado 3, grado 2 y grado 1, siendo este último el de menor gravedad. Es un alivio burocrático innegable y las diferencias no eran muchas: los más leves del grado 3 eran parecidos a los más graves del grado 2 puesto que la frontera era muy difusa. El riesgo es que en época de recortes la larga mano de algunas Administraciones regionales empuje a valorar como grado dos al que antes hubiera sido grado tres en su nivel más leve. Y este no es un asunto menor, porque el Gobierno no paga lo mismo a las comunidades por un dependiente grave que por uno severo. Ni las comunidades aportarán los mismo.

El resto de la reforma está pendiente de los últimos detalles, que se verán en la reunión del Gobierno con los consejeros el próximo miércoles. Tres asuntos están entre los más polémicos. El primero es los precios de referencia para los servicios que se ofrecen a los dependientes (entre 1.300 y 1.500 euros una plaza en un geriátrico, por ejemplo) porque una vez que se determinen servirán para establecer el copago del usuario. El distinto nivel de vida y de precios de las comunidades augura cierta pelea aunque los responsables regionales se han comprometido a llegar a un acuerdo sobre esto antes de fin de año.

El segundo asunto espinoso serán las cuantías económicas que reciben los cuidadores familiares. En las reuniones ya ha habido propuestas para que se rebaje la cuantía máxima (520 euros para los dependientes más graves). Supone un ahorro para las arcas públicas, máxime para aquellas comunidades que tienen muchas pagas de cuidadores concedidas, pero para conseguir que el dinero que dejarán de recibir por esa vía les llegue por otra tendrán que espabilar y avanzar en la prestación de servicios (más plazas de residencias y de centros de día). Y eso no es fácil, también requiere una buena inversión. Difícil cuando las comunidades han perdido ya unos 300 millones que se cayeron de los Presupuestos Generales del Estado.

Se plantea rebajar
la cantidad máxima
que recibe el
asistente familiar

Ese trasvase entre las prestaciones económicas y los servicios es el tercer escollo a discutir. Una de las reformas previstas consiste en financiar más generosamente los servicios que las prestaciones económicas, algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, porque respeta el espíritu de la ley, porque los servicios cuestan más y necesitan, por tanto, más dinero y porque generan empleo. El problema está en el calendario. Se espera que en unos cinco o seis años la mitad del dinero ya se reparta atendiendo al coste del servicio, pero aún no se sabe qué porcentaje será el año que viene. ¿Un 10% premiará ya a los que más servicios tengan? No son pocas las comunidades con una mayoría de ayudas económicas; esas perderían mucho dinero si el nuevo reparto se hace apresuradamente.

Lo que ya se sabe, aunque faltan detalles, es que para determinar la capacidad económica del dependiente cara a aplicar el nuevo copago, se tendrá en cuenta su renta y su patrimonio, en el que se incluye un 5% del valor catastral de su vivienda, siempre que no esté ocupada por personas a cargo del dependiente. Ya había una resolución que recogía esto, pero no se había aplicado en todas las regiones. Ahora se regulará por decreto ley y todas tendrán que acatarlo. Además, la medida económica que se tomará como referencia para el copago será el 75% del IPREM y no el 100%. De esta forma se arañará más dinero del ciudadano.

Por último, se endurecen los criterios para acceder a una prestación por ser cuidador familiar. Habrá más controles sobre la idoneidad de los cuidadores y se exigirá que vivan con el dependiente, algo que ahora no siempre se tenía en cuenta en el caso de los más graves. Incluso los había en distintas provincias. Parece un fraude y no parece lo más eficiente, pero, en muchos casos era la única solución cuando no se ofrecía una plaza residencial a cambio. Con ese dinero se podía contratar a otro cuidador.

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