La Ley de Costas no se aplicará en 11 núcleos conflictivos
La reforma legal salva de la piqueta zonas problemáticas como Cabrera, Platja d'Aro, las rías gallegas, Pedregalejo o Empuriabrava
La reforma de la Ley de Costas que ha preparado el Ejecutivo no solo amplía las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual, como adelantó este diario, sino que diseña un régimen especial para 11 zonas problemáticas, a las que excluye del dominio público marítimo terrestre. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros y se reduce la definición de dominio público.
La ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender.
El texto, de 24 folios, justifica la reforma en que la ley vigente, de 1988, ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. Así, la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”, que el Ejecutivo quiere recuperar dando seguridad jurídica.
En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público (que eran ampliables a 60) pasarán a tener 75 años ahora. Las concesiones empezaban a caducar en 2018 y se reforma para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
La ley permite al delegado del Gobierno suspender los planes urbanísticos municipales que invadan el dominio público marítimo-terrestre y fija un régimen distinto para las playas urbanas y las contiguas a espacios protegidos, a las que se les impondrá “un nivel de protección alto” y se limitarán las ocupaciones.
La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
La ley exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 100 a 20 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en Galicia.
La norma también permite la publicidad en las playas –hasta ahora estaba prohibido- “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.
Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.
Las claves de la reforma de la ley
La primera reforma de calado de la Ley de Costas desde que entró en vigor en 1988 incluye importantes novedades. Incluido el nombre. Ahora se llama pomposamente Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En general, salva lo ya construido con una concesión casi eterna y sin las restricciones actuales. Estas son sus claves.
- Núcleos amnistiados. La reforma excluye 10 núcleos de viviendas que dejarán de ser dominio público marítimo-terrestre. Lo hace sin un informe técnico ni una explicación amplia de por qué se han elegido. Se trata de casos muy conflictivos, como El Palo y Pedregalejo (Málaga), la Marina de Empuriabrava (Girona) (ver gráfico). Solo en estas zonas hay unas 10.000 viviendas que se salvan de la piqueta.
- Trato especial. Formentera tendrá un deslinde especial por su "especial configuración geológica". Es una de las zonas de Baleares menos urbanizadas y el ministerio cree que aplicando la ley hasta ahora vigente casi toda quedaría protegida.
- Más años. Las decenas de miles de casas construidas legalmente sobre el dominio público marítimo-terrestre (la playa) antes de la Ley de Costas recibieron una concesión de 30 años o de 60 años. Como empiezan a caducar en 2018, Medio Ambiente les dará otros 75 años a cambio de un pequeño canon que está aún por definir.
- Venta de viviendas. Los concesionarios de las casas podrán venderlas (estaba prohibido) y hacer reformas, si no aumentan su volumen ni altura.
- Menos protección. Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros "en atención a las características topográficas o hidrográficas". Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados por la Ley de Costas y que ahora se libran.
- Más industria. Las industrias ("extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera") situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite deja en manos de la comunidad autónoma la continuidad de la polémica papelera de Ence en Pontevedra, con concesión hasta 2018. Si la Xunta de Galicia da el visto bueno, la prórroga de Costas durante otros 75 años será automática.
- Planes municipales. La reforma permite al delegado del Gobierno suspender los planes municipales que invadan el dominio público. El Gobierno se refiere a este punto como "cláusula anti-Algarrobicos". Falta por ver si ese punto superaría un recurso ante el Constitucional y si las demarcaciones de Costas tiene capacidad suficiente para supervisar uno a uno los planes municipales y dan la alerta a tiempo.
- Menos dominio público. La ley excluye del dominio público las "dunas artificiales y las dunas muertas", lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y, por tanto, debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay "referencias comprobadas" de que allí llegaba el mar.
- Salinas y acuicultura. La ley exime a las salinas e instalaciones de acuicultura de ser terreno público al señalar que "no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran".
- Registro de la Propiedad. La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la Propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
- Chiringuitos. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como hasta ahora. Más adelante previsiblemente se modificará el reglamento de la ley y ahí sí que se puede ampliar la superficie de estos establecimientos.
- Diferentes tipos de playas. El Ministerio de Medio Ambiente distinguirá entre dos tipos de playas en un reglamento posterior: las playas urbanas y las que están rodeadas de espacios protegidos. En estas últimas la regulación será más estricta.
