Primera denuncia ante el Parlamento Europeo de un caso de niños robados
Los progenitores también han recurrido ante la Audiencia provincial el archivo, por segunda vez, de la investigación
Los padres de una supuesta niña robada en un hospital de Granada en 1990 han llevado al Parlamento Europeo su caso, después de que el tribunal de segunda instancia decidiera archivarlo por falta de pruebas. Además, han recurrido el archivamiento de la investigación ante la Audiencia Provincial y de no conseguir que se reabra, aseguran que llevarán el caso al Tribunal Constitucional, al de Estrasburgo "o donde hiciera falta" para que se conociera la verdad.
Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, unos de los primeros padres que llevaron ante los tribunales el supuesto robo de su hija, han presentado una queja formal por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la Justicia española en su causa y en otras similares.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, los padres denuncian el intento de "ocultamiento" de "atrocidades" como el robo de bebés, que califican como delitos de lesa humanidad y una flagrante violación de los derechos humanos más elementales. Añaden que hubo muchas irregularidades judiciales y policiales; y acusan de que no hay interés por parte de las autoridades de que este tipo de casos salga adelante.
Eduardo Raya mantiene que le cambiaron a su hija por un recién nacido moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada y se basa en diferentes pruebas de ADN que encargó a varios laboratorios que dictaminaron que los restos que había enterrado no estaban emparentados con ellos, por lo que no pertenecían a su hija.
Los estudios aportados por el progenitor entran en contradicción con los ordenados por parte del Juzgado instructor, que ya en un primer momento decidió archivar provisionalmente su caso al entender que las pruebas practicadas no habían sido determinantes.
La hija de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez nació el 6 de junio de 1990. Tres días más tarde, el hospital les comunicó que había fallecido por complicaciones. Sus supuestos restos fueron enterrados y años después los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN. Dos laboratorios diferentes dictaminaron que no pertenecían a su hija. Además, el médico que les atendió ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.
Con el traslado y queja formal al Parlamento Europeo pretenden, ha explicado Raya, que se declare -aunque sin carácter vinculante- la incorrecta actuación por parte de España y sus instituciones en su caso y otros muchos parecidos que también han sido archivados.
De los casi de 60 casos denunciados en Granada, más de la mitad ya han sido archivados. Los fiscales y la policía no han llegado a la conclusión de que exista una "trama" delictiva organizada para ello.
