“Lo veíamos venir”

Sus partidarios no se acaban de creer que tras tanto "culebrón" el cierre sea inminente. Sus detractores se alegran sin grandes aspavientos para evitar herir la sensibilidad de los trabajadores. En Valle de Tobalina (Burgos), donde se emplaza la central nuclear de Santa María de Garoña, cuesta encontrar alguien que no la apoye. Casi todos tienen un amigo o conocido trabajando en la planta. "Nadie habla porque tienen miedo", confiesa un vecino. Los más viejos del lugar la conocen como La Atómica y el anuncio del Gobierno asumiendo su cierre definitivo ante la falta de interés de la empresa, ha sido como un jarro de agua más bien tibia.

Quienes la apoyan lo ven como una catástrofe para el valle, mientras que los que llevan años pidiendo su cierre se alegran por lo bajo, entendiendo que el tema de los trabajadores es muy sensible. En torno a 700 empleados viven de la central, sin contar las empresas auxiliares que trabajan casi en exclusiva para ella en los municipios de Miranda de Ebro y Medina de Pomar, donde vive más de la mitad de la plantilla. Ahora llega la incredulidad, porque muchos confiaban hasta hoy en que este "nuevo episodio del culebrón" se solucionase, y los lamentos, porque aunque era un final anunciado, no se han tomado en estos años las medidas necesarias para ofrecer una alternativa. La preocupación reina entre los vecinos de las 28 pedanías que conforman el valle, aunque algunos se alegraban por una decisión que llevaban años esperando.

"Lo veíamos venir", dice el concejal socialista Manuel Vesga, del Ayuntamiento del Valle. "Hace un mes el presidente de Iberdrola ya puso en duda la continuidad, y retiraron los cartelones de 'Garoña, que cumplas muchos más' que estaban en la central desde que Zapatero sacó el decreto. Era muy sospechoso", añade. José Antonio Cámara, alcalde socialista de una de las pedanías, Barcina del Barco, se alegra del cierre: "Aquí había fisuras antes de que salieran las de las vasijas de Bélgica. No han hecho ninguna de las medidas de seguridad que les exigían".

El propio alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González (PP), es trabajador de la central y, como tal, alaba sus virtudes como el que más. "Era muy difícil que todas las eléctricas diesen marcha atrás", reconoce, "pero confiábamos en que el órdago les saliese bien". Ante el decreto de Zapatero, la propia empresa Nuclenor dio fondos al Ayuntamiento para que comenzase la construcción de un pequeño parque tecnológico con vocación de absorber a gran parte de la plantilla. Pero Rafael González afirma que, hoy por hoy, no podrían dar trabajo "ni a una décima parte".

Lucio lleva 30 años como empleado de Garoña, y solo puede lamentar la falta de opciones que tiene ahora la plantilla: "No se ha hecho nada, no hay un plan de revitalización de la zona, como se prometió, ni tampoco opciones. Aunque sea una fábrica de cerveza o de galletas". Entre los trabajadores planea la incógnita de qué pasará ahora con los trabajos de desmantelamiento, que pueden alargarse más de una década. Sospechan que la empresa Enresa, que gestiona los residuos nucleares, podría traer "gente de fuera" en lugar de "reubicar a la plantilla".

En la calle, sensibilidades distintas. Los hay inmensamente felices, como Nekane, que aunque entienden que "el tema de los puestos de trabajo es sangrante", están "mucho más tranquilos". Una vecina le responde que "el valle va a caer en picado, se va a hundir, porque lo poco que hay es gracias a la central, no hay otro medio, si no hay una reconversión de algún tipo se va a notar". Reconocen que se veía venir, pero no se han tomado las medidas necesarias. No son solo los puestos de trabajo, el Ayuntamiento del Valle recibe medio millón de euros por los residuos generados por la central. "Gracias a eso tenemos de todo en el pueblo, centro médico, farmacia... y en invierno somos 200 y pico habitantes, eso ha sido un lujo que ahora se va a acabar", comentaba otro vecino.

"Pero es una oportunidad", dice Nekane, "es un valle precioso y para mucha gente ha sido un freno. para establecerse aquí. Además, aquí nunca se han hecho estudios serios de cáncer". Coincide con ella Jose Mari, un agricultor jubilado cuya familia es de las pocas en Quintana Martín Galindez abiertamente antinuclear. "¿Si pasa algo qué me van a dar por mis tierras? Que la cierren es una buenísima noticia". Se construyó para 25 años y lleva más de 40". Su hija María es activista en Greenpeace. Su esposa, Maribel, afirma "el riesgo cero no existe, así que ya vale, siempre he esperado esto, pensábamos que era una pelea para que les quiten el canon y me alegro enormemente". Su hija María dice que ella siempre fue optimista, "porque el Consejo de Seguridad Nuclear ya les había dicho que iba a suponer dinero". La empresa, dice, "no se atreve a decir a los trabajadores que es porque 120 millones de euros es mucho dinero, prefiere culpar a Zapatero o a Rajoy". La familia entera pensaba acudir a una manifestación convocada este domingo en Barcina para presionar a favor del cierre inmediato. Parece que ya no será necesario.